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Incompetencia e indolencia criminal

Incompetencia e indolencia criminal.

Javier corral Jurado

El asesinato de Marisela Escobedo Ortíz, es un hachazo artero y cobarde que se deja caer sobre la sociedad chihuahuense. Cimbra la conciencia y despierta el repudio. Es una de las injusticias, que se comete contra una persona indefensa, más dramática y deplorable de los últimos años, en una cadena de hechos absolutamente anunciados y documentados en la plaza pública, la radio, la prensa, el video y la televisión. Una historia de 27 meses de denuncia, lágrimas, marchas, juicios, pruebas, amenazas, valor y temeridad, ignorada por las autoridades, y finalmente silenciada en menos de un minuto, cuarenta segundos para ser exactos, de la forma más retadora posible al gobierno.

Por eso nos causa tanta indignación, desasosiego e impotencia, porque está marcada por la indiferencia social, por la incompetencia y la indolencia criminal de las autoridades locales, porque nos muestra el fracaso, y porque cubre de desesperanza el esfuerzo de la participación ciudadana frente a la delincuencia y la inseguridad.

La escena que muestra la televisión del momento en que la juez Catalina Ochoa, expresa la unanimidad de los tres jueces que deciden absolver a Sergio Rafael Barraza Bocanegra, el asesino confeso de  la hija de Marisela, Rubí Marisol Frayre Escobedo, no sólo da cuenta del fracaso en la implementación del nuevo sistema de justicia oral, la pésima capacitación del ministerio público, sino de una desaprensión mayor: la negligencia con la que actúan esos juzgadores a lo largo del proceso – toda vez que un tribunal de casación confirmó la culpabilidad de Barraza imponiéndole una pena de 50 años -, y luego la indiferencia con la que asumen el estallido de impotencia y frustración de Marisela y sus familiares al escuchar la sentencia de ese juicio oral. “Vamos a continuar con el motivo por el que nos tiene aquí reunidos y en virtud  de los acontecimientos llevados acabo en este momento se acordó que la lectura de esta decisión sea a puertas cerradas en forma total”, dijo la jueza Ochoa.

Por supuesto que a la luz del desenlace trágico que ha tenido la lucha de Marisela para que se hiciera justicia a su hija, es menester que esos jueces sean debidamente investigados para determinar el tipo de sanción que merecen, en términos de las acciones u omisiones que hayan realizado, pero que importante hubiera sido, que desde que el tribunal de casación ordenó reaprender e impuso la nueva sentencia a Barraza Bocanegra, se hubiera revisado la conducta de esos jueces. Por la magnitud del exceso  de negligencia de esos jueces al resolver el asunto, no debe descartarse que estuvieran amenazados por la mafia del cartel  de Juarez, lo que también nos lleva a confirmar que el crimen organizado tiene el absoluto control sobre los organos de autoridad, y la intención de ejercerlo así sea en favor de cualquiera de sus sicarios.

Ahora, y para efectos de la justicia que se reclama es necesario que el juicio contra esos jueces siga el debido proceso, con las reglas establecidas en la ley, y no bajo la lógica de una respuesta mediática que fue la forma como el Gobernador César Duarte ofreció la destitución de esos juzgadores.

Esa reacción, junto con la de otros actores políticos de chihuahua, retrata también la pequeñez  y la visión estrecha sobre la responsabilidad que ostentan, mal augurio frente al largo camino aún por recorrer. Porque fue burdo el manejo de las autoridades de Chihuahua en torno del caso, y vergonzosa la inmediata salida de varios de sus correligionarios a defender la imagen y la administración de Duarte, como si eso fuera lo importante. Más preocupados por acreditar su incondicionalidad con el Gobernador, “quien apenas lleva dos meses”, que en realizar una exigencia clara para que el gobierno del estado asuma su responsabilidad. ¿O qué periodo de gracia quiere el Gobernador Duarte para asumir la responsabilidad de gobernar Chihuahua?, ¿Qué no son ya doce años de haber reasumido, esencialmente el mismo grupo priísta, el gobierno estatal ?. Porque deslinde hasta ahora no ha habido ninguno, entre los dos periodos que se anteceden. Ni siquiera ahora que se ha confirmado por la Procuraduría General de la República que, en efecto, se investiga a la ex fiscal estatal por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Esta búsqueda permanente de estar cuidando la imagen, declarando como si aun Duarte estuviera en campaña, y tratando de sobreponer a la realidad que viven los chihuahuenses una realidad virtual mediante anuncios propagandísticos, sin sustento alguno, han creado un ambiente falso que lo desvela en toda su magnitud la muerte de Marisela Escobedo.

Aunque lleve dos meses el Gobernador Duarte, en ese tiempo, han sido tan incapaces como a los que sustituyeron, pues enterados de las amenazas que se le hicieron a la activista, incluso de la posible liga del presunto asesino de Rubí con el grupo de los Zetas, la autoridad fue incapaz de otorgarle medidas cautelares, tanto de infraestructura material básica, como de seguridad personal. No eran pocos los elementos que se tenían al alcance de la autoridad, para concluir que la vida de Marisela estaba en peligro.

Fue la indolencia criminal de un sistema de seguridad absolutamente fracasado, sin el menor cambio real en términos de conducta ética y sin la mayor perspectiva de atención a las víctimas; un sistema estatal de seguridad reacio, impenetrable a la crítica social, indiferente a la protesta, insensible al reclamo ciudadano. La muestra la dio el propio Gobernador del Estado César Duarte, cuando en lugar de escuchar y atender la exigencia de justicia de Marisela, que se le plantó  con una cartelera en un acto público, se molestó y la reprendió. Ni siquiera la actitud de mínima solidaridad que debe siempre el gobernante frente a su gobernado: escuchar.

Esa actitud es la que ha permeado entre muchos funcionarios públicos, particularmente entre una gran parte de los burócratas que trabajan en el ministerio público de chihuahua, la del desdén y la desverguenza. Como la impunidad es la norma, y ven que lo único que importa a su clase política es como se ataja el costo del fracaso en los medios de comunicación, la manera de cómo quedar bien e incluso de mandarle un saludo al Gobernador en medio del estupor ciudadano,  la presión social no tiene ya la mayor relevancia en el balance, menos son vistos los individuos, no son sujetos de carne y hueso, son entelequias que pasan, gritan y se van.

Por eso los asesinos de Marisela pudieron ir hasta las narices de la Procuraduría de Justicia del Estado, ni más ni menos, que cometer su cobardía frente a la puerta principal del Palacio de Gobierno, y dispararle a quemarropa, frente a las cámaras de videograbación que monitorean esa área del centro de la ciudad capital que se supone una de las más seguras.

Por eso duele hasta los huesos saber que así lo imaginó y lo llegó a asumir la misma Marisela Escobedo Ortíz. Concibió la posibilidad de su asesinato, lo ofertó en aras de la justicia para su hija, y supuso que un desenlace así provocaría rubor y vergüenza de la autoridad: “Si me va a venir este hombre a asesinar, que venga y me asesine aquí, enfrente, para vergüenza del gobierno”.

Y también por eso, el asesinato de Marisela es un golpe terrible a la participación ciudadana en denuncia pública. Es lógico que la gente se pregunte por estos días si sirve de algo, ¿quién garantiza los derechos de los ciudadanos que se atreven a denunciar y sobre todo a aquellos que se atreven de hacer sus propias pesquisas para colaborar con la autoridad?

Precisamente por la ineptitud e incompetencia de las autoridades locales, los ciudadanos toman a su cargo las investigaciones, suplantando a las policías en la investigación, y arriesgando la vida. Es el caso de Marisela que en varias ocasiones ella sí pudo dar con el paradero del asesino de su hija, pero no las decenas de policías encargados de esa captura.

Es necesaria una respuesta seria, responsable y expedita por parte de la autoridad estatal que satisfaga a la sociedad chihuahuense. Que la justicia que quede para la familia Frayre Escobedo, se haga. Y que todos sepamos la verdad de este hecho funesto, y en ella, el castigo ejemplar a sus responsables.

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