Juramento y desafuero de Julio César Godoy Toscano.
Juramento y desafuero de Julio César Godoy Toscano.
– Javier Corral Jurado
El pasado 24 de septiembre escuché en la radio, en la primera emisión de MVS Noticias (102.5 FM), la entrevista que Carmen Aristegui le hizo a Julio César Godoy Toscano, y ese diálogo me sobrecogió de tal manera, que provocó en mí, sentimientos tan encontrados como que de la tranquilidad pasé de inmediato a la indignación.
Un día anterior, Godoy Toscano había rendido protesta como diputado federal, toda vez que bajo la colaboración de varios diputados perredistas – que lo sambutieron en la cajuela de un vehículo- , logró entrar subrepticiamente al Palacio Legislativo de San Lázaro y por ese hecho, hacerse del fuero constitucional con el que los legisladores están investidos para el desempeño de su función, pero que él consiguió para evitar ser aprendido por la PGR en torno de su presunta vinculación con el narcotráfico.
Hasta esa mañana de la entrevista tenía una molestia personal interna que convivía con la duda: me había negado ante la insistencia de un amigo y compañero muy querido del PRD, a formar parte de la comisión de cortesía que acompañaría a lo largo del pasillo central del salón de sesiones de San Lázaro a Julio César Godoy Toscano para rendir la protesta de ley como legislador federal, el único diputado propietario entre los 500 integrantes de la LXI legislatura que no pudo hacerlo el 29 de agosto de 2009, ante la negativa de la mesa directiva por estar suspendido de sus derechos políticos, toda vez que el 14 de julio, la secretaría de seguridad pública solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en su contra. Hecho que fue confirmado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 1 de octubre de ese mismo año.
Mi duda se alimentaba de la estela del fracaso que había dejado el llamado “Michoacanazo” – ese operativo por el que se encarceló a 11 presidentes municipales del estado de Michoacán por presuntos nexos con el narco y que a la fecha todos están libres. Pero lo cierto es que, ningún miembro de la bancada panista lo acompañó y esa ausencia se ve en todas la imágenes que se han transmitido del momento en que Julio César levanta el brazo extendido y protesta cumplir la Constitución.
Mi descortesía tenía un asidero de desconfianza y no de mala educación. Me había podido asomar a algunos antecedentes del caso en el que, a simple vista, me saltaba la decisión del juez federal en materia penal, con sede en Michoacán, que de manera contradictoria dejaba vigente la orden de aprehensión en su contra, al mismo tiempo que lo amparaba en la restitución de sus derechos políticos, como si ese juzgador desconociera que el artículo 38, fracción V, de la Constitución, suspende los derechos o prerrogativas de los ciudadanos por estar prófugo de la justicia, “desde que se dicte la orden aprehensión hasta que prescriba la acción penal”.
Luego vino la seca respuesta de Josefina Vázquez Mota y su mirada – ella siempre es muy cuidadosa en el tono y siempre la sonrisa por delante, aunque le esté llevando a uno la contra -, que me advirtieron que, en efecto, la toma de protesta de Godoy Toscano se veía muy complicada, casi imposible, por lo que resolví no sólo retirar mis oficios en la gestión para destrabarla, sino más bien, contribuir a evitarla. “No, amigo, ahí hay bastante problema”, me dijo la coordinadora de los diputados del PAN cuando le pregunté si podíamos flexibilizar nuestra postura. Tenía prácticamente dos semanas escondido en la Cámara de diputados Julio César Godoy Toscano, y habían pasado dos intentos para que tomara protesta, lo que lo había hecho salir de alguna de las oficinas donde se encontraba no sólo alojado, sino prácticamente hospedado.
Por eso me sobrecogió escuchar cuando le juró, ¡tres veces!, a Aristegui que el día que tomó protesta acababa de ingresar a la Cámara de los diputados, que lo había hecho caminando en compañía de otros colegas perredistas por la puerta principal, que no necesitó disfrazarse, sólo se quitó el bigote y que, era probable que los policías que resguardan el recinto legislativo dispuestos presumiblemente a su caza lo hubiesen visto, “pero a lo mejor no me reconocieron”. Inventó una historia fabulosa sobre la manera en que libró el cerco policíaco. Ganada la batalla como prófugo, arropado ya con el fuero constitucional como patente de impunidad, no fue capaz de decir la verdad de su ingreso a San Lázaro. Mintió, con tal frialdad, que sin mayores elementos tuve ese día la certeza de que la presunción de sus vínculos con el narco, podría estar sustentada.
Si aquel juramento tenía la misma consistencia como el que aseguraba no conocer ni haber visto en su vida a Servando Gómez Martínez (La Tuta), el jefe del cártel “La familia michoacana”, era previsible que también estuviera mintiendo. Y así sucedió.
Devastadora en términos de evidencia para los efectos de la presunción, la PGR difundió el 14 de octubre una grabación de la conversación telefónica entre el entonces candidato a diputado federal por el primer distrito electoral de Michoacán, Julio César Godoy Toscano, y ni mas ni menos que, La Tuta, verificada el 19 de junio de 2009, dieciséis días antes de las elecciones. “Compadre”, “compa”, “cuidese”, “échele ganas”, “todo mi apoyo”, “Le deseo que gane”, son expresiones del intercambio de afectos y camaradería que se aprecia en una conversación en la que por cierto Godoy se queja de un periodista del portal Cuadratín que según él lo atosiga (el Guachomo) y por ello lo pone en la mira del capo con una clara sentencia “ese hijo de su rebomba madre”.
No puede ser más reveladora la forma en la que concluyen la conversación; dice Godoy a la Tuta: “Hay que andar con mucho cuidado porque la cosa anda caliente”.
Tan caliente que, es probable que al concluir este domingo 12 de diciembre la etapa de alegatos en el juicio para declarar la procedencia del desafuero en contra de Godoy Toscano, el pleno de la cámara de diputados conozca la próxima semana el dictamen de la comisión instructora que recibió directamente de la PGR el expediente que contiene las pruebas de la acusación que se le hace, y es de esperarse, dados los antecedentes que comento, que su resolución sea favorable a eliminarle la inmunidad procesal que le brinda el carácter de diputado a Julio César Godoy Toscano, y ponerlo a disposición de las autoridades y de las leyes penales. Esta decisión sería relevante sobre todo en el marco de la actual guerra contra el narcotráfico, en el que es importante dar muestras comprobables de la voluntad para combatir la complicidad entre la política y las bandas del crimen organizado. Esa es la parte que sigue esperando una buena parte de la sociedad mexicana.
Si ello ocurre, Godoy Toscano será el tercer legislador y el cuarto servidor público que en los últimos treinta años es sometido al ejercicio de una de las facultades jurisdiccionales de la Cámara de Diputados, constituida como Jurado de Procedencia, para efecto de privarlo del fuero constitucional. El primero fue Jorge Díaz Serrano, de su cargo de senador de la República; el segundo René Bejarano, de su carácter de Asambleísta del Distrito Federal, y el tercero, Andrés Manuel López Obrador, como Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Nacido en Lázaro Cárdenas, Michoacán, Godoy hizo una carrera política en el PRD, partido al que hasta hace poco perteneció formalmente pues, para deslindarlo del descrédito y el escándalo que provocaron la conversación filtrada, renunció el 17 de octubre. No obstante que ya había sido síndico, y Presidente Municipal de su tierra natal. En el 2009 lanzó su candidatura a Diputado, y durante el transcurso de la campaña, en abril de 2009, su suplente, Gustavo Bucio Rodríguez, fue asesinado.
El juicio conocido como “declaración de procedencia” consiste en poner a disposición de las autoridades penales competentes a un servidor público revestido de fuero, tiene su fundamento en el artículo 111 constitucional, y se realiza mediante una votación con mayoría absoluta de los presentes que determina “si ha o no lugar a proceder contra el inculpado”.
No se trata propiamente de una sentencia de culpabilidad, pues esa decisión correrá a cargo de un juez, sino más bien de una valoración política en el sentido de cerciorarse que los elementos que constituyen la acusación del ministerio público, integren una presunción tal que vinculen al acusado con la comisión del delito, y no sean meros pretextos para utilizar el proceso penal como un instrumento de revanchismo partidista o de persecución política.
Aunque la Constitución señala que la declaración de procedencia “no prejuzga los fundamentos de la imputación”, es lógico que los instructores del procedimiento lo tienen que hacer, toda vez que no habría manera de determinar la validez del pliego de acusaciones del ministerio público federal. Por lo que coincido con los expertos que esta parte de la redacción constitucional, no sólo es desconcertante, sino desfasada de nuestra realidad.
Me atrevería a decir que en consonancia con un régimen constitucional democrático, la misma figura del fuero, en su vertiente de inmunidad procesal, es hora de eliminarla del sistema de protección a los servidores públicos. Tanto los fueros, como los tribunales especiales, riñen absolutamente con nuestro desarrollo político, y no encuentran hoy la justificación que en otro tiempo tuvieron.
El fuero de los legisladores debiera estar limitado a proteger de la represalia del poder, la libre expresión de las ideas, su derecho absoluto a parlamentar, pero incluso esto, claramente delimitado al desempeño de la función, esto es, cuando se manifiesten en el ejercicio de las funciones legislativas o deliberativas relacionadas con sus facultades, ya sea dentro o fuera de los recintos legislativos.
Posdata.- El discurso que pronunció Osvaldo Rodríguez Borunda ante directivos de la Asociación de Editores de los Estados Unidos y la Sociedad Interamericana de Prensa la semana pasada (143.198.48.211) es un documento de obligada lectura para quienes se interesen por el ejercicio del periodismo impreso en Ciudad Juárez y por conocer la visión de uno de sus propietarios más aguerridos.
Lo es, por más de un motivo: porque nos recuerda el largo camino recorrido en el periodismo juarense, del Diario de Juárez, contra viento y marea; porque es una llamada fuerte de atención a las autoridades de los tres niveles de gobierno a una mejor comprensión de la labor informativa en medio de la guerra contra el narcotráfico y, porque no está exento de la autocrítica – tan necesaria en el conjunto de los medios -, sobre los fenómenos de magnificación y distorsión de la realidad a manos de no pocos comunicadores.