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Nuevos hechos sobre la Licitación 21

Nuevos hechos sobre la Licitación 21

– Javier Corral Jurado

Cuando el pasado 18 de octubre, Televisa y Nextel dieron a conocer en un escueto comunicado que daban por terminado el acuerdo de inversión “bajo el cual Televisa adquiriría una participación en el capital de Nextel México”, y que los había llevado a conformar el consorcio mercantil que obtuvo la ganga en la licitación 21, varias de las voces que impugnaron ese proceso colmado de ilegalidades y abusos, consideraron que la batalla política, jurídica y social había terminado.

La conclusión era absolutamente razonable, pues al dejar de existir la figura jurídica con la que habían concursado y a la que –a pesar de la creciente y extendida protesta social– se le había otorgado el título de concesión, quedaba también sin validez esa adjudicación de espectro y volvería a reponerse el proceso licitatorio en el bloque nacional de 30 mhz.

Otros consideraron que con la sola salida de Televisa de aquélla sociedad, la causa impugnada se había satisfecho, lo cual evidentemente no es así, puesto que la oposición esencial a ese impúdico proceso ha consistido en denunciar tanto la condonación inicial por dos años en el pago de derechos por explotación del espectro, el diseño a modo de las bases de la licitación, la decisión de la Comisión federal de competencia de autorizar una alianza Televisa-Nextel ya puesta en marcha la licitación, la votación ilegal de la comisión federal de telecomunicaciones donde falló a favor de ese consorcio, así como por el pago irrisorio que hicieron en la “subasta”, como pago inicial, con una diferencia de 28 veces menos el valor que otros competidores por la misma cantidad de megahertz, lo que en su conjunto representa un daño al patrimonio de la Nación de cerca de 7 mil millones de pesos.

Más allá de si permanecen juntos Televisa y Nextel, o sólo continúa con el negocio ésta última, la causa esencial de la impugnación sigue siendo la misma. Y esa injusticia, fruto de la prevaricación de esos órganos de gobierno encabezados por el Secretario de Comunicaciones y Transportes, persistirá mientras no se reponga nuevamente la licitación, al menos en esa franja de la banda de frecuencia 1.7 GHZ, que por sus características es considerada una de las más cotizadas para su explotación comercial, pues permite la prestación de servicios de cuarta generación.

Sin embargo, lo que se preveía como una consecuencia lógica y jurídica, la cancelación de la concesión y la reposición del procedimiento, no sólo no aconteció, sino que el mismo Secretario de Comunicaciones, Juan Molinar Horcasitas, salió de inmediato a decir que la concesión se mantendría en manos de Nextel, e incluso dejó entrever que la salida de Televisa no era definitiva, pues así como pudo salirse, “podría regresar en cualquier momento”. Y en efecto, todo indica que el supuesto rompimiento de ese acuerdo de inversión es otra simulación más en la ya larga historia de mentiras y falsificaciones con las que absurdamente se ha empeñado la SCT en mantener su decisión. Una maniobra para reducir el nivel de cuestionamiento e indignación que provocó en todo el país este descarado acto de favoritismo administrativo.

De ahí por ejemplo, y derivado de las razones que antes describo, que el Secretario de Comunicaciones haya decidido guardar silencio absoluto sobre varios requerimientos de información que le hice en mi calidad de Presidente de la Comisión de la Gobernación, desde el pasado 19 de octubre, y que reiteré el 8 de noviembre, con fundamento tanto en la Constitución como en la ley Orgánica del Congreso para que manifestara, entre otros temas, “los efectos de las acciones derivadas de la ruptura de la alianza de las empresas Televisa y Nextel, particularmente en lo que corresponde al beneficiario del título de concesión, en virtud de la composición accionaria de la empresa creada ex profeso para operar la concesión derivada de la licitación 21”, así como remitirnos “copia del título de concesión de la referida adjudicación y de los anexos que en su caso lo integren”.

El secretario Molinar Horcasitas decidió no responder y conforme avanzó el tiempo fuimos obteniendo información de que la decisión de mantener el privilegio indebido, presumiblemente ahora sólo a Nextel, era invariable, así se tuviera que hablar directamente con los magistrados que revisaran varias de las sentencias que distintos jueces de la federación en materia administrativa y civil han resuelto en contra de la licitación. Pues se aguarda el tiempo de que, al bajar la marea de la crítica, regrese de nuevo al consorcio la empresa que en realidad consiguió los descuentos y la ganga: Televisa.

Un grupo plural de legisladores de todos los partidos, en ambas cámaras del Congreso, hemos vuelto a accionar los distintos instrumentos que teníamos preparados para exigir se revierta esta licitación o en su caso presentar las distintas demandas y denuncias para sancionar a los responsables.

Tanto en la cámara de senadores como en la de diputados, se presentaron propuestas para que sea revocado el título de concesión a Nextel. En la cámara de diputados la propuesta la presentó quien esto escribe, el 21 de octubre y, el 16 de noviembre pasado, por una propuesta del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República, que fue turnada a comisiones.

En un paso decisivo del primer acuerdo que logramos entre cámaras en esta materia, la de diputados ya aprobó en su sesión del jueves pasado, mediante una amplia mayoría de legisladores de todos los partidos y bajo el procedimiento de obvia y urgente resolución, el punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes reponer la licitación 21 sobre la banda de frecuencias del espectro radioeléctrico que van de los 1740 al 1755 (15 MHz) y de los 2140 al 2155 (15 MHz).

El resolutivo da cuenta de que a lo largo del proceso de licitación se pronunciaron diversos sectores de la sociedad en el sentido de declararla desierta, en razón de no cumplirse con los principios constitucionales, no ofrecer las mejores condiciones para la prestación del servicio ni mucho menos la mejor contraprestación en favor del Estado. Incluso de que el Secretario de Comunicaciones y Transportes no atendió el exhorto que la Comisión Permanente le hiciera por unanimidad de sus integrantes el 11 de agosto de 2010 para que se declarara desierta. Oportunidad de oro aquélla para rectificar, y no haber dejado crecer el escándalo.

Dice el punto de acuerdo en sus considerandos: “Se debe hacer notar que los licitantes conjuntos, esto es Nextel de México y Grupo Televisa, solicitaron a la Comisión Federal de Competencia opinión favorable sobre la conformación de un grupo de inversionistas, para participar en las Licitaciones 20 y 21, concediéndoles dicha autorización mediante oficio SE-10-096-2010-054, de fecha 11 de febrero de 2010”.

Es que a lo largo del proceso licitatorio concurrieron como un grupo de inversionistas para obtener la frecuencia. Cabe recordar que en la licitación 21 se consideraron 90 MHz en dos bloques nacionales de 30 MHz y 3 bloques de 10 MHz cada uno de cobertura regional, distribuidos en tres bloques en cada una de las 9 regiones en que tradicionalmente se ha dividido el territorio nacional para este tipo de servicios.

Dichos bloques de 30 MHz se reservaron para nuevos operadores en virtud de que la Comisión Federal de Competencia impuso restricciones a la acumulación de espectro por un máximo de 80 MHz. Esto, evidentemente, limitaba desde entonces la posibilidad de los operadores actuales para acceder a cualquiera de los bloques mencionados, ya que el órgano antimonopolio consideró la suma de espectro que se tuviera y/o se tendría concesionado, al final de la licitación, en las siguientes bandas: 806-821/851-866 MHz, 824-849/869-894 MHz, 1850-1910/1930-1990 MHz y 1710-1770/2110-2170 MHz. Ante estas restricciones, se facilitó la licitación a Televisa y Nextel de México, mientras que a otros operadores se les acotaron las posibilidades en la obtención de espectro.

Por otra parte, debe considerarse que el Consorcio Televisa-Nextel debió crear una sociedad mercantil para recibir el Título de Concesión y según se sabe esa empresa es NII DIGITAL S. de R.L. de C.V., pues conforme al punto 18 de las Bases, la sociedad mercantil deberá constituirse “en términos de los porcentajes de participación de los miembros del grupo de inversionistas consignados por el participante” y señala más adelante que “las personas físicas o morales que constituyan la sociedad antes referida, deberán coincidir con aquellas que hayan sido consideradas en la resolución de la Comisión Federal de Competencia”.

En sintonía con esa disposición señalada en el punto 18 de las Bases, el Consorcio Televisa-Nextel debió crear una sociedad mercantil para recibir el Título de Concesión; esa sociedad mercantil es NII DIGITAL S. de R.L. de C.V, y es, con toda seguridad, una sociedad mercantil creada conforme a la legislación mexicana, que cuenta entre sus socios a Nextel y a Televisa, pues de otra manera no se les habría entregado el título de concesión. De lo contrario, resultaría muy grave que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no se haya asegurado que los socios de NII DIGITAL sean los mismos que declararon su participación en la licitación 21 y que son también los mismos que la Comisión Federal de Competencia autorizó que entraran como grupo de inversionistas. Aunado a lo anterior, las Bases obligan a que la empresa que recibe el Título sea una empresa mexicana, y sus accionistas sean los mismos autorizados por la Comisión.

El punto de acuerdo consta de un artículo único: “La H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, para que en términos de la fracción IV del artículo 9 A y las fracciones IV y VII del artículo 38 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, así como del numeral 18 de las Bases de Licitación N° 21, declare la revocación del Título de Concesión por dejar de existir la figura jurídica que concurso en el proceso y reponga a la brevedad el proceso de licitación, emitiendo nueva convocatoria.

En la reposición de la licitación se deben exponer de manera clara las condiciones que atiendan la responsabilidad del Estado establecida en el artículo 28 constitucional que obliga al uso eficiente del espectro, el uso social de los bienes concesionados y evitar fenómenos de concentración contrarios al interés general.

Va a resultar muy difícil que el Gobierno de la República pueda desatender nuevamente un llamado de esta dimensión. Como bien lo ha expresado la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, que preside el Doctor Raúl Trejo Delabre: “El punto de acuerdo constituye una clara exigencia al gobierno federal. Si ya no existe la figura jurídica que participó en la licitación y a la cual le fue adjudicada, la concesión es ilegal”.

La AMEDI respalda la exigencia de los legisladores: “La Licitación 21 debe ser restituida, con nuevas reglas que impidan favoritismos y propicien la competencia con criterios de calidad en el manejo de la telefonía en nuestro país. La experiencia fallida y ampliamente cuestionada de la Licitación 21 debe servir para que la Cofetel y la SCT se abstengan de traficar, con criterios facciosos, con el espectro radioeléctrico que –no hay que olvidarlo– es patrimonio de la Nación”.

Posdata: Lamento informar desde este espacio que no habrá declaratoria oficial del Congreso de la Unión para Chihuahua como “Cuna de la Revolución Mexicana”.

La sesión de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados programada desde el 18 de noviembre pasado y en la que se sometería a discusión y aprobación esa declaratoria formal, no se realizó por falta de quórum. De última hora, sin mediar el menor aviso, el PRI decidió no acudir.

Existe al interior de la bancada priísta un diferendo sobre el reconocimiento histórico que reclama nuestro Estado, pues diputados poblanos aseguran que la emboscada a los hermanos Serdán, el 17 de noviembre de 1910, es la chispa verdadera que detonó el movimiento armado y que eso les da el carácter de iniciadores, aunque no se tratara propiamente de un alzamiento armado, y mucho menos que haya tenido continuidad.

Para tratar de empatar el asunto en términos de trámite legislativo, los diputados priístas del estado de Puebla introdujeron el martes pasado una iniciativa en la que proponen una solución absurda, que ni a salomónica llega: que el Congreso declare a Puebla “iniciador”, a Chihuahua “Cuna” y a otros nueve estados “precursores”.

Además de remitirlos al diccionario de la Real Academia de la Lengua española para que comprueben que cuna tiene la definición y acepción del lugar donde se inicia algo, también los he invitado a debatir el punto públicamente con una pila de libros y textos sobre la mesa, entre ellos los de Friedrich Katz y Jean Meyer. Les he propuesto también una discusión pública entre historiadores de Puebla y de Chihuahua, entre los cuales cuento indudablemente a Víctor Orozco y Jesús Vargas. Nunca hubo respuesta formal, sólo largas y vacíos.

Pretende el PRI resolver un mérito histórico con base en la lógica y dinámica con la que administra ahora los intereses y las tensiones entre sus gobernadores. Me niego a echar a perder en un dictamen legislativo la política, el idioma y la historia.

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