Periodistas bajo fuego, entre el peligro y el deber
Periodistas bajo fuego, entre el peligro y el deber
Javier Corral Jurado
En la reunión del pasado 12 de agosto de 2010 con la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas de la Cámara de Diputados, a la que asistieron Frank la Rue, Relator Especial para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión de la ONU y Catalina Botero, Relatora Especial para la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, expresé como representante popular por el estado de Chihuahua que, “a la libertad de expresión en México la acechan dos grandes amenazas, la concentración de medios electrónicos en unas cuantas manos y las agresiones contra periodistas, sobre todo la impunidad en la que se encuentran la mayoría de los asesinatos de comunicadores”.
“En Chihuahua –les dije–, seguimos reclamando castigo a los culpables de los asesinatos de Enrique Pérez Quintanilla, Armando Rodríguez “El Choco”, Norberto Miranda Madrid, y David García Monroy. En ninguno de los casos, hasta el momento, hay responsables específicos. Ninguno de los niveles de gobierno ha dado cuenta a pesar del reclamo de los distintos sectores de nuestra entidad; sería muy importante que en sus recomendaciones al estado Mexicano estuviera el tema de la impunidad, porque nada lacera tanto al gremio periodístico como la ausencia de justicia”.
Es cierto que la violencia que acecha al país es generalizada, pero estoy absolutamente convencido que toda la sociedad paga un precio cuando se mata a periodistas con impunidad y cuando la censura y el miedo ahogan la expresión. Estas son las condiciones que permiten que crezcan el abuso de poder y la injusticia.
De ahí la exigencia social, nacional e internacional, de que se investigue con toda precisión y se castigue a los responsables del asesinato del reportero gráfico de El Diario de Juárez, Luis Carlos Santiago y se esclarezcan los hechos y los motivos que están detrás de este cobarde acto.
Si del asesinato de cualquier persona debemos exigir a las autoridades una acción expedita y eficaz, en el caso que nos ocupa es necesario que las autoridades estatales y federales respondan con prontitud toda vez que se trata de un segundo hecho que atenta en lo particular contra El Diario de Juárez, y en general contra el periodismo juarense.
No se trata de crear un ambiente o un estatus de privilegio para los periodistas, es muy importante comprenderlo, porque con no poca frecuencia hay quienes argumentan que en realidad lo que se generaría con leyes especiales para la protección de los periodistas, o protocolos de seguridad para el ejercicio de su profesión, serían ciudadanos de primera, y otros de segunda. Esta visión desconoce la trascendencia social del periodismo en la construcción democrática, pero además pretende ignorar que en el momento actual que vive México esta actividad se ha constituido en una de muy alto riesgo: estamos en medio de una guerra, aun cuando se quiera matizar con el término de “lucha”.
Cuando se cega la vida de un periodista, se atenta contra dos bienes jurídicos de la mayor importancia, por supuesto contra la vida misma de la persona, pero también contra el derecho constitucional de la libertad de expresión. Sobre todo cuando esos crímenes se perpetran como consecuencia del ejercicio libre y responsable del periodismo.
Tan seductora como peligrosa, la labor del periodista navega entre la infinita posibilidad del investigar y escrutar, por el derecho a saber; pero también entre el rigor del deber y los peligros inmensos que ello conlleva. Los periodistas suelen ser “blancos fáciles”.
Mientras la mayoría de las personas civiles que enfrentan una situación de peligro tratan de ponerse a salvo, los periodistas hacen exactamente lo contrario. La labor del periodista es informar, y eso a menudo significa que cuando la mayoría de las personas huyen del peligro, los periodistas se cruzan con ellas en la calle mientras se dirigen hacia el lugar de la acción.
Es fácil olvidar que aun así los periodistas también son civiles. Insensatos, a veces incluso temerarios, pero civiles que gozan de la misma protección en virtud del derecho internacional que cualquier otra persona civil.
Dispararles, atentar contra ellos con bombas, matarlos en actos de ejecución, tomarlos como rehenes como sucedió con los camarógrafos de Televisa y de Milenio TV, encarcelarlos deliberadamente sólo por hacer su trabajo, son actos delictivos. Y cuando estas violaciones de derechos humanos contra periodistas se cometen en un conflicto armado, constituyen infracciones graves de los Convenios de Ginebra; en otras palabras, son crímenes de guerra. Y México vive una guerra y ello nos obliga a recategorizar la profesión periodística como de alto riesgo.
Durante aquel encuentro con los relatores de la ONU y la OEA recordamos que México no sólo es el quinto país en riesgo de violencia y atentados contra periodistas en el mundo, que se produce no sólo en el marco de la guerra contra del narcotráfico, sino porque México tiene uno de los regímenes jurídicos de mayor desprotección a su labor.
No obstante, en todo el mundo, tanto en la guerra como en la paz, demasiados pocos Estados se toman en serio sus obligaciones.
Desde hace más de un año y medio espera la aprobación del Senado, la minuta enviada por la Cámara de Diputados en la que se federalizan los delitos contra periodistas. Requiere, cierto es, de una mejor técnica legislativa y una mayor claridad conceptual la reforma, pero es indispensable reavivar esa discusión y hacer las correcciones necesarias para que muy pronto saquemos de las redes de complicidad local las investigaciones y crear un cuerpo nacional especializado en las indagatorias y en la captura de los responsables.
Sostengo que debiéramos ir por tres objetivos concretos: 1. Garantizar la existencia de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas a través de la creación de una ley que la consolide, incrementando sus capacidades y competencias, ampliándolas para atender casos vinculados con el narcotráfico y ofensas en ámbitos locales. 2. El ejercicio presupuestal debe incluir la asignación de recursos a la fiscalía, para garantizar la continuidad en las investigaciones que realiza. 3. Reimpulsar la minuta de reforma constitucional para la federalización de los delitos contra periodistas y la colaboración con las procuradurías de los estados, o presentar una nueva iniciativa con acuerdo de ambas cámaras.
La no prescripción de esos delitos y su federalización son dos temas que tocan directamente la protección de los comunicadores.
Nuestro país está en un punto de definiciones; tanto en materia de legislación de medios como en materia de protección de quienes ejercen el periodismo. Es la hora de una revisión integral al régimen jurídico de los periodistas en México para asegurarles salario profesional, respeto a la integridad de su trabajo profesional, secrecía de sus fuentes de información, seguros médicos y de vida a la altura de sus riesgos, cláusulas de conciencia que permitan a los periodistas recibir indemnizaciones cuando opere la renuncia frente a cambios de políticas editoriales o a rangos indebidos de coberturas informativas; la colegiación de los periodistas, no obligatoria, pero sí que establezca desde la ley un mecanismo de red para su protección.
Hay un sector dentro de los propios medios que considera que regular el periodismo es un riesgo; yo sostengo que no regularlo, es un peligro. Temerosos del riesgo, legisladores y periodistas optan por el peligro. Y deciden abstenerse. Hoy, en torno al tema de la seguridad y la atención a los casos de impunidad en tratándose de agresiones a periodistas, encontramos también la ausencia de normas complementarias.
La libertad de expresión está consagrada en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nuestro país ha consagrado tanto en el artículo sexto y séptimo de la Constitución el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de prensa. La prensa libre es esencial para la libertad de expresión y es igualmente importante como actor clave en la protección de todos los derechos humanos.
Es momento de sumar esfuerzos y voluntades, y abordar estas problemáticas tan lacerantes para nuestro sistema democrático.