Como si lo que estuviera en la mente y la angustia de los ciudadanos fuera la necesidad de una mayor nitidez y mejor resolución de la imagen en sus aparatos televisores – y no la inseguridad y el desempleo -, el Presidente de la República Felipe Calderón hizo de la publicación del decreto por el que se adelanta la digitalización de la Televisión al 2015, el anuncio central de su discurso en el cuarto informe de gobierno, al que le ha seguido una operación mediática de reforzamiento para la que, no pocos medios, han prestado sus principales titulares de una manera acrítica, como si en efecto, hubiera sido la gran noticia.
Quizá ello se debe a que el anuncio del Presidente Calderón estuvo colmado de exageraciones y una rara, por no decir sinuosa, interpretación del contenido de ese decreto que repite esencialmente las líneas principales del que publicó Vicente Fox el 2 de julio del 2004, donde se definieron los dos hechos jurídicos más nocivos de esa política de transición tecnológica: el estándar tecnológico A/53 ATSC y, derivado de éste, implicó que los concesionarios conservaran un canal de 6 MHZ para las transmisiones analógicas y que obtuvieran la asignación “temporal” de un canal adicional con el mismo ancho de banda del espectro radioeléctrico (canal espejo) donde se llevaría a cabo el tránsito de señales, asuntos que en modo alguno modifica el decreto del pasado 2 de septiembre; la única real diferencia entre éste y aquel es que en lugar de determinar el “apagón analógico” en el año 2021, lo adelanta 5 años para ver a plenitud la “era digital”.
Permanecen indefinidas en ambos decretos las reglas y condiciones de autorización de los servicios adicionales a los de radiodifusión, no obstante que la SCJN ya determinó claramente el criterio de la concesión para cada uso determinado. Y menos aún queda claro si esa digitalización significará más canales para los mismos, o realmente abrirá alternativas de “un mayor número de proveedores de señal de televisión” como llamó Calderón, presumiblemente, a la entrada de nuevos operadores. El decreto señala 34 “porqués” para adelantar la medida, pero no enlista ni un solo cómo.
Como bien lo ha señalado el Dr. Raúl Trejo Delarbre, Presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (www.amedi.org.mx ) la indefinición principal radica en que “el decreto no dice qué uso se le dará a los canales adicionales que puedan difundirse en cada una de las frecuencias actualmente operadas por cada televisora”. Cuando en el 2006 impugnamos la Ley Televisa por tratar de agandallarse el espectro que se libera por la digitalización ( en realidad el hecho jurídico propiciado por el fenómeno tecnológico estriba en un rescate o recuperación de espectro para el Estado) los técnicos de las televisoras aseguraban que la digitalización serviría solamente para difundir una imagen de más calidad y no para que hubiera más canales de televisión ni servicios de telecomunicaciones. El desarrollo de la tecnología ha demostrado que nosotros teníamos razón al decir que la digitalización permitiría diversos usos y no solamente imagen de alta definición.
“En la frecuencia del Canal 2 de Televisa, por ejemplo, o en el canal espejo que hay para esa frecuencia, ahora se pueden difundir dos canales de alta definición, o uno de alta definición y tres canales que siendo digitales tengan imagen de menor calidad. ¿Quién va a manejar esos canales adicionales?”, se pregunta el también investigador del IIS de la UNAM.
La respuesta sin ambages es que, seguramente los manejará Televisa, porque el decreto que tanto se ha presumido como el derrotero de una nueva competencia en el sector de la Televisión no da para eso, porque no modificó el “Acuerdo por el que se establece el estándar tecnológico de televisión digital terrestre y se establece la política para la transición a la televisión digital terrestre en México”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de julio de 2004.
Cuando la SCJN declaró la invalidez del artículo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión (la nuez de la llamada “Ley Televisa”) que precisamente permitía utilizar el espacio liberado con motivo de la digitalización a efecto de prestar servicios adicionales de telecomunicaciones, tenía como consecuencia inmediata la nulidad del acuerdo digital de 2004, que contiene los mismos supuestos que declaró inconstitucionales nuestro máximo tribunal.
Con esas palabras lo asentó en su voto concurrente, el entonces Ministro Genaro David Gongora Pimentel.
Pero ni entonces, ni a la fecha ese acuerdo ha sido modificado sino que, en una versión sintética, el decreto publicado por el Presidente Calderón el dos de septiembre pasado, sólo lo reproduce.
De ahí la asombrosa postura que ha tomado el Presidente de la República, no sólo en el discurso político del cuarto informe de gobierno, sino en diversas entrevistas de radio y televisión en las que se atreve a explicar que con su decreto se podrán crear varias cadenas nacionales de televisión digital, llegando incluso al extremo de subdividir el espectro, como si eso fuera posible.
Sostengo que, más allá de “hacer público un anuncio de la mayor trascendencia para el país”, frase con la pretendió inflar el adelanto de la digitalización, de la que Calderón no verá ni el inicio porque dejará de ser Presidente en el 2012, en realidad lo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes busca (léase Juan Molinar Horcasitas) es atajar y distraer el tema de la licitación 21 con la que se benefició a Televisa-Nextel de una manera descarada – en la que ha reconocido su responsabilidad y autoría- otorgándole una porción muy importante del espectro para Telefonía móvil a precio de ganga en la contraprestación inicial, además de la gestión que les hizo ante el Congreso el año pasado de otro descuento en el pago de derechos para esta misma licitación, mediante una condonación de los dos primeros años, lo que en su conjunto significará un regalo de 6,690 millones de pesos, un acto de corrupción política que marcará al gobierno del Presidente Calderón, como marcó a Fox para la historia la Ley Televisa, hecho en el que entonces también fue pieza clave para su aprobación Felipe Calderón.
De repente, los mismos que hace unos cuantos días argumentaban al justificar la ganga de espectro para Nextel-Televisa en la licitación 21, que no era lo importante la recaudación sino la competencia – esperemos que este criterio nos lo reitere en su próxima comparecencia el Secretario de Hacienda, Ernesto Cordero -, ahora se desgañitan dando cifras sin ningún sustento de lo que significará en ingresos para la Nación la licitación de la banda de 700 MHZ, al momento en que las televisoras desocupen esa banda que ahora la utilizan para transmitir sus señales analógicas. Es el caso de Mony De Swaan, Presidente de la Cofetel, quien ya se sacó de la manga que se recaudarán 10 mil millones de dólares. Pero si como lo estipula la ley, la base para esa licitación será el precio de referencia de la licitación anterior, ya estuvo que la estela de daño patrimonial a la Nación, ocasionada entre otros por De Swaan, continuará su curso.
En su cuarto informe el Presidente de la República dijo que en su gobierno se han dado “nuevas licitaciones de espectro que no se hacían en mucho tiempo”. Discutible mérito, dar más espectro a los mismos, y regalado; dudoso avance, fortalecer y ensanchar al monopolio de la Televisión para oponerlo al monopolio de la telefonía. Triste y vergonzosa a la vez, esta política de “competencia”.
Así como le fue adjudicado a Televisa a precio de ganga el espectro para servicios de telefonía móvil de tercera generación, también se le concesionaron a esa empresa a muy bajo precio los 20 mil kilómetros del cableado de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad.
Uno podría pensar que el Presidente de la República está mal informado, o mal asesorado; que alguien le ha hecho una tramposa interpretación del decreto, lo que le ha conducido a una errónea explicación y a su abultado entusiasmo por abrir la competencia en la Televisión.
Lo más lamentable de todo es que no es así, se tiene plena conciencia de los alcances verdaderos de esa medida, y sólo se busca distraer a la opinión pública de la polémica por el nuevo regalo que se hizo a la empresa de Emilio Azcárraga Jean.
Esto mismo da cuenta del momento crepuscular que vive la política en México, el deterioro de las instituciones, el enorme desprestigio que ello acarrea a Acción Nacional. Echar esas cifras por delante, tratar de engañar a la gente con que se abre la competencia en la televisión a partir del tránsito digital sin los cambios necesarios al acuerdo por el que se adoptó el estándar, cuando ni siquiera se atrevieron a licitar una tercera o cuarta cadenas nacionales de televisión abierta, que eso sí lo pudieron haber concretado en la presente administración, da la dimensión de lo que hicieron en la licitación 21, de la que seguimos esperando sólo la entrega de los títulos de concesión para proceder legalmente por varias vías para que se castigue a los responsables.