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Nueva reforma electoral: “desespotizar” la política.

Nueva reforma electoral: “desespotizar” la política.

Javier Corral Jurado

Fue numerosa la presencia de participantes en el “Seminario de Análisis 2010: los temas críticos de la Reforma Electoral”, que organizó esta semana la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, el IFE y el CIDE. Concurrieron sobre todo académicos, líderes políticos y autoridades electorales, de 29 entidades federativas. Ese interés quedó ampliamente correspondido por el estupendo nivel de ponentes y propuestas que estuvieron presentes a lo largo de una jornada que, pone de manifiesto con toda claridad, la necesidad de una nueva reforma en materia electoral que consolide y precise la que se llevó a cabo el 2007, en rango constitucional, y la legal de 2008.

Ese debiera ser un deber a cumplir en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, particularmente de la Cámara de diputados, y dentro de ésta, la Comisión de Gobernación, a cuya responsabilidad directa compete la reforma de las instituciones democráticas.

Dentro de este amplio campo de acción, la Comisión de Gobernación tendrá en los próximos meses esa trascendental tarea, la de conducir dos procesos de enorme relevancia para la consolidación democrática de nuestros procesos electorales: buscar el consenso más amplio posible en torno de una reforma electoral que dote de mejores condiciones a la competencia electoral del 2012, y por otro lado, y no menos importante, desarrollar el proceso de selección para la renovación de tres de los nueve consejeros que integran el Instituto Federal Electoral.

Se requiere anticipar lo más pronto posible la reforma legal al inicio formal de las precampañas y campañas presidenciales, y alejar la selección y designación de los consejeros electorales del cuotismo partidista, poniendo especial énfasis en la necesidad de perfiles que aseguren al Instituto su autonomía, no sólo frente al sistema de partidos, sino frente a los demás poderes fácticos y formales que hoy dificultan a la autoridad el cumplimiento de los principales retos institucionales derivados de la reforma electoral 2007-2008, sobre todo en materia de administración de tiempos en radio y TV, pues el duopolio de la Televisión aún resiste el cumplimiento del nuevo modelo de comunicación política, para lo cual ha contado con absurdos fallos del TRIFE.

El seminario estuvo delineado por los principales temas que el IFE asentó en un informe de evaluación sobre la aplicación de la reforma electoral en las elecciones del 2009, conocido como el “Libro blanco del IFE”, toda vez que en efecto sirve como ruta y guía para los eventuales ajustes que se tengan que hacer a la legislación. Este documento parte sólidamente de la experiencia, la evidencia y los datos (no de opiniones) de los que administraron directamente las elecciones. Y que en continuidad lógica, se presentan propuestas muy claras y precisas.

Es importante señalarlo porque se trata de un documento que fue conocido y celebrado por todos los consejeros del IFE en Octubre del año pasado, presentado en el Consejo General y entregado al Congreso de la Unión en la misma fecha para su consideración.

El mayor reto institucional señalado por el IFE, fue sin duda el relativo a la administración y vigilancia de los tiempos en radio y televisión.

Recordemos que uno de los elementos fundamentales de la reforma electoral de 2007, fue la prohibición a partidos y particulares para contratar propaganda a favor o en contra de partido o candidato aún fuera de los periodos electorales.

La contratación de tiempos en los medios electrónicos de comunicación redituaban jugosas ganancias para los concesionarios, por ello fue que durante la reforma se emprendió una serie de descalificaciones a la misma a través de espacios noticiosos y editoriales, siempre bajo los argumentos de la libre empresa y de una mal entendida libertad de expresión, y aunque en numerosas ocasiones los concesionarios han querido negar que la razón de su postura negativa a la reforma proviene de las ganancias económicas que le generaban las campañas políticas, las cifras de sus ganancias no pueden mentir: en las campañas electorales del año 2000, los partidos políticos gastaron, en contrataciones en radio y televisión, sólo con dinero del financiamiento público, Mil 95 millones 59 mil 540 pesos.  En las campañas electorales del año 2006 – también sin contar el financiamiento privado -, los partidos políticos gastaron en contrataciones en radio y televisión Dos Mil 967 millones 80 mil 570 pesos.

100 millones de pesos más que las ganancias que Televisa obtuvo en este año después del Mundial de Sudáfrica, a saber por un comunicado de prensa de la propia empresa Mil 800 millones de pesos.  Por estas cifras podemos concluir que las campañas políticas eran un negocio casi tan redituable para una empresa de comunicación, que un mundial de fútbol. Con cifras de esta envergadura estamos hablando.

Pero algo más doloroso para las empresas de radiodifusión, fue que las fuerzas políticas se unieron para quitarles una moneda de cambio como lo eran las tarifas diferenciadas a partidos, a cambio o como forma de pago de favores políticos y legislativos a las empresas.

De esta forma se redefinió la relación del poder político y los medios electrónicos de comunicación y la clase política se reivindicó frente a los poderes económicos.

Ante esta prohibición, se estipuló que los partidos accederían a la radio y la televisión a través de los tiempos públicos, compuestos por los tiempos del Estado y los tiempos fiscales. Es importante comentar que los tiempos fiscales son una forma en que los medios de comunicación electrónicos le pagan al Estado por la explotación de uno de los recursos naturales finitos más importantes de la nación: el espectro radioeléctrico.

De tal manera que el uso de estos tiempos no es un regalo de los medios de comunicación electrónicos, como algunos conductores de noticiarios lo han querido manejar, si no un derecho para la nación y una obligación para los medios.

Después de la Reforma, el IFE se convirtió en la única autoridad facultada para administrar los tiempos públicos en los periodos electorales, pero no sólo eso, se le facultó para sancionar las violaciones a los preceptos de acceso a los medios de comunicación con fines electorales.

Otras prohibiciones importantes en materia de medios de comunicación en la Reforma Electoral de 2007 fue la imposibilidad de transmitir publicidad gubernamental federal, local o municipal durante las campañas electorales federales y locales, así como la obligación de que la propaganda pública tenga carácter institucional, prohibiendo que contenga la imagen o la voz de los funcionarios públicos. De esta manera la propaganda gubernamental dejó de ser la vía de difusión personal de los políticos para intentar ser una real forma de comunicación y rendición de cuentas para la ciudadanía.

Más que una simple reforma electoral, lo que ocurrió en 2007 fue la implementación de un nuevo modelo de comunicación social político-electoral, en donde la clase política dijo ¡Basta! a los chantajes de las empresas de comunicación electrónica.

Pero a este “Basta” le falta contundencia y algunas precisiones legales, pues nunca faltará la empresa y el político que intenten burlar la ley a través de formas descaradas y burdas de publicidad disfrazada de información, como el caso de los infomerciales que Enrique Peña Nieto transmite a través de los noticiarios de Televisa. La publicidad disfrazada y el mercado negro de la información a través de entrevistas y reportajes, son un tema pendiente que la clase política debe resolver con urgencia.

Hacerlo nos beneficiaría a todos ya que podemos asegurar contiendas más justas y equitativas, y no como hasta ahora sucede, que los políticos más condescendientes con las empresas de comunicación son los que obtienen mayor exposición en los medios. En este rubro puede considerarse prioritaria una reforma penal electoral, de todas las leyes relacionadas con los procesos electorales que se han transformado en los últimos doce años, la única que no ha sufrido cambios es la penal electoral, los tipos penales han cambiado aunque la realidad lo amerita para poder sancionar este tipo de conductas que afectan gravemente no sólo la actividad electoral, sino el desarrollo de la democracia.

Otra tarea pendiente es la “desespotización” de las campañas, es necesario buscar un nuevo vehículo de comunicación en los procesos electorales, un formato que deje las ideas vagas, las descalificaciones, las frases con buenas rimas, para dar paso a las propuestas y al debate de ideas.

En el informe rendido por el IFE, indica entre otras anomalías en la implementación de este nuevo modelo de comunicación social político-electoral, el “bloque intencionado con el fin de que los promocionales electorales que portan las señales abiertas de las cadenas nacionales, no fuesen transmitidos en televisión restringida (SKY y Cablevisión)”.

Sin embargo hay que señalar con toda franqueza que los mayores obstáculos para que el modelo funcione de mejor manera están en las disposiciones reglamentarias aprobadas por el IFE, y que debieran reformarse para una operación más simple y flexible. El actual reglamento lo ha hecho más rígido y complejo. Enumero algunos:

1.- Plazos muy amplios a los concesionarios y permisionarios de la radio y la televisión para transmitir al aire un promocional de partido político y/o autoridades electorales. Notificación de pautas: 20 días hábiles previos al inicio de su entrada en vigor; Modificación de pautas: 10 días hábiles previos al inicio de su entrada en vigor.

2.- Excesiva rigidez en notificaciones que impiden esquemas de operación tecnológicos. Las pautas, los materiales y los oficios respectivos, serán entregados a las estaciones de radio y canales de televisión exclusivamente por el Instituto, por conducto de la Dirección Ejecutiva, quien podrá auxiliarse de los Vocales. Lo anterior implica la imposibilidad reglamentaria para notificar con dispositivos tecnológicos (vía satélite por ejemplo) pues se obliga a notificar con un oficio.

3.- Exceso de spots en el periodo de “intercampaña”.  El Instituto dispone de 48 minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión entre precampañas y campañas. Pero se trata de una posibilidad no de una obligación.

Esta rigidez, en efecto, ha mermado la agilidad y dinamismo con que deben actuar las estrategias de propaganda y respuesta en una competencia electoral, por lo que es conveniente que la ley permita la acumulación de tiempos entre franjas horarias y diversificar los usos del tiempo del Estado en radio y televisión, es decir, abrir opciones para que además de los spots, se establezcan obligaciones para mensajes de inicio y cierre de campaña, debates obligatorios en todo tipo de elección. Se trata de reducir la spotización y continuar con la administración de los 48 minutos diarios del tiempo del Estado.

Es necesario que con base en la experiencia acumulada se definan con más precisión las prohibiciones en materia de radio y televisión: adquisición de tiempos, denigración, propaganda gubernamental, informes oficiales, propaganda integrada, infomerciales, etcétera. Se trata de dotar de mayor certeza para evitar interpretaciones laxas o enrevesadas en la competencia administrativa o jurisdiccional.

Por último, en el mínimo de reformas en materia de radio y televisión es de la mayor relevancia flexibilizar y simplificar las condiciones legales para la administración del modelo, de tal forma que se elimine el trato diferenciado en radio y televisión a coaliciones parciales y coaliciones totales, se diferencien las condiciones legales electorales de concesionarios frente a los permisionarios, desarrollar el régimen legal de la televisión restringida y definir obligaciones de los medios para recepción de materiales vía satélite o cualquier otro dispositivo tecnológico de parte del IFE.

La idea es que el modelo sea menos rígido y brinde mayores posibilidades y certezas a los partidos políticos y a los concesionarios y permisionarios. Algunos cambios son legales, deben elaborarse en el COFIPE; pero otros son tarea del propio IFE: le toca hacer una seria crítica a sus reglamentos –especialmente a los de radio y televisión y al de quejas- y mejorarlos para ponerlos en sintonía con los objetivos que planteó la reforma.

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