La migración es uno de los fenómenos que más distingue al mundo globalizado y en el que las Naciones ponen a prueba su concepción y desarrollo de los derechos humanos, a través del pleno respeto a la facultad de las personas para ejercer su libertad de tránsito en busca de mejores oportunidades y condiciones de vida. Es una realidad de la dinámica de interdependencia entre los países.
El cruce diario de miles de personas en la frontera México-Estados Unidos –y particularmente el fenómeno migratorio que va de Ciudad Juárez a El Paso–, representa uno de los mayores movimientos en el mundo. El cruce es intercambio, conexión e interdependencia, ya sea por compras, trabajo o estudio. Y es independiente del fenómeno de indocumentados, como también lo es de movimientos ilegales por narcotráfico o tráfico de armas. Pero los tres han merecido históricamente un desprecio por la Nación que, fundada por inmigrantes ingleses, se ostenta en el mundo como campeona del respeto a las libertades individuales. Es la rémora histórica, el saldo pendiente de la democracia norteamericana con su vecino del sur. El libre tránsito aceptado sólo es de bienes y servicios, mercancías, dinero al fin, pero aún no se realiza –ni siquiera bajo la misma lógica económica de la mano de obra que necesita en trabajos que el norteamericano no realiza–, el libre tránsito de personas.
Las poblaciones migrantes se han convertido en grupos altamente vulnerables a quienes se les restringe y desconoce en muchos casos sus derechos fundamentales, quedando relegados a un plano de franca desigualdad social, discriminación y mal trato. Los chihuahuenses que habitan en la frontera de Ciudad Juárez conocen de esos métodos de revisión exhaustivos como impropios, del trato despótico de los agentes del servicio de inmigración de los Estados Unidos, como de las largas y a veces interminables filas para cruzar el límite internacional ya sea a pie o en automóvil. Se hizo casi costumbre aceptar ese rol, recrudecido tras los atentados del 11 de septiembre a las torres gemelas de Nueva York.
Pero la tensión de ese fenómeno migratorio ha crecido en las últimas semanas, porque un ambiente xenofóbico está en ascenso en los Estados Unidos, tras la aprobación de la Ley Arizona que así como recibió una condena internacional y manifestaciones de la comunidad latina en aquella Nación, también sacó a marchar a favor de la SB1070 a numerosos sectores de la sociedad norteamericana. Luego se han producido las muertes de connacionales como Anastacio Hernández Rojas, quien fue detenido el pasado 28 de mayo en el condado de San Diego, por carecer de documentación migratoria y posteriormente golpeado salvajemente por una decena de agentes de la patrulla fronteriza, causando su muerte. Las imágenes de video captadas a través de un teléfono celular que el periódico El Universal mantiene en su portal de internet, dan cuenta dramática de cómo Anastacio suplicaba clemencia a sus golpeadores sin que éstos tuvieran la más mínima compasión.
La muerte de Sergio Adrían Hernández Huereca, de 14 años de edad, a manos de otro oficial de la patrulla fronteriza que disparó en contra de un grupo de migrantes que aparentemente le arrojaban piedras, es el otro hecho tan indignante como incomprensible. Que un oficial de la patrulla fronteriza dispare a un ciudadano mexicano pacífico, decente, es un acto de un salvajismo incalificable. El uso de armas de fuego para repeler ataques con piedras representa un uso desproporcionado de la fuerza, particularmente proviniendo de elementos que reciben un entrenamiento especializado en la materia.
De acuerdo a los registros de la Secretaría de Relaciones Exteriores, los casos de mexicanos muertos o heridos por el uso de la fuerza de las autoridades migratorias se han incrementado, al pasar de 5 en 2008, a 12 en 2009, y a 17 en lo que va del año. Estas cifras aluden a que se han vinculado la mayoría de estos decesos a las políticas de persecución violenta implementadas por autoridades fronterizas de estados Unidos y también se refiere a las prácticas de los llamados “crímenes de odio” incentivados o tolerados en muchas ocasiones por autoridades locales.
Este incremento de la violencia contra inmigrantes es parte del ambiente que circunda a los Estados Unidos. Ver a cualquier persona como peligrosa, como nociva, sin derechos humanos, es aberrante. El debate de la retrograda ley Arizona ha echado a andar lo peor de la condición humana: el odio por motivos raciales.
Lo peor es ocultar el hecho criminal con la apariencia de un error humano involuntario. El oficial americano debe ser sometido a investigación y luego procesado con severidad por las leyes de aquel país. Minimizar el hecho sería contrario al discurso que postula la armonía que priva en las relaciones entre México y los Estados Unidos. Somos vecinos, socios comerciales y ahora estamos empeñados en combatir al narcotráfico. Es inaudito que se asesine a cualquier persona pero es aberrante que quién lo haga sea un elemento del país socio, vecino y compañero.
Este problema no es responsabilidad exclusiva de un órgano de gobierno mexicano sino del Estado mismo. Por eso se debe avalar todas las gestiones que haga el gobierno mexicano tanto por el Congreso como por el ejecutivo.
Los miembros del grupo parlamentario del PAN en la comisión Permanente hemos insistido mediante una propuesta con punto de acuerdo, que “la violación sistemática de los derechos humanos en la frontera con nuestro vecino del norte, en su afán por impedir y controlar la inmigración, no sólo a través de políticas antiinmigrantes sino mediante un uso excesivo e irracional de la fuerza, que contraviene la esencia y los principios de los derechos humanos, se está convirtiendo angustiosamente en un hecho cotidiano que genera lamentables resultados con secuelas que enlutan y fragmentan familias, a la vez que atentan contra la dignidad, la seguridad y la integridad personal de cualquier ser humano, de un connacional inmigrante, de un pueblo, de una nación entera, que queda atónita, desconcertada y dolida al recibir el nulo respeto que merece la vida…”