No hay mayor sanción para un político, que la sanción de la opinión pública. Esta ya la carga, sin recaer sobre él sentencia definitiva de un juez, Gregorio Sánchez Martínez, conocido como “Greg”, el candidato a Gobernador de Quintana Roo que postulan los partidos de izquierda agrupados en el DIA.
Para los ciudadanos en general que han escuchado o leído la noticia sobre su detención en Cancún, el pasado 25 de mayo, es casi un hecho que “Greg” está vinculado con el narcotráfico. Que el Ministerio Público lo haya declarado en calidad de indiciado (probable responsable), y los medios de comunicación hayan propagado con tal amplitud la detención, obra como combinación perfecta para que la denominada presunción de inocencia quede derribada, aún cuando auténticamente él pudiera desbaratar los cargos en su contra y mostrar no tener culpabilidad.
Y en este hecho estriba lo delicado del caso “Greg”, pues si para cualquier persona esta conjunción de factores, la coloca con frecuencia en el estigma del rechazo público, para un candidato en una contienda electoral, se le convierte en un hecho demoledor de sus aspiraciones, sobre todo, cuando la hora del sufragio electoral está encima de los ciudadanos. Es más preocupante el asunto cuando, por diferentes fuentes, se advierte que la acusación se ha formulado con elementos muy endebles, porque se coloca sobre la pesquisa judicial la peor interpretación: un instrumento para librar a ciertos actores políticos de su oposición política en una región de gran interés para las mafias del narcotráfico.
De confirmarse las acusaciones contra “Greg”, en el sentido de tener vínculos con el narcotráfico, se habrá dado un duro y aleccionador golpe a la relación política y narcotráfico, en la que se supone metidos a varios personajes de primer nivel, incluidos Gobernadores.
Pero de no ser sólidos los cargos de este caso, y lo que es peor, repetirse la historia de los Alcaldes detenidos en el Estado de Michoacán a quienes finalmente no se les comprobaron los presuntos ilícitos, el caso golpearía seriamente al gobierno del Presidente Calderón y lastimaría con enormes repercusiones la estrategia en la lucha anti-narco. Es que sacar a un candidato favorito de una contienda a la Gubernatura, no es cualquier cosa, y ese es, el caso de Greg, un personaje al que por diferentes medios y bajo distintas acusaciones se le quería impedir desde hace un año, su participación en esa disputa electoral, en la que aún es candidato.
Presidente Municipal de Cancún, en el 2008, Gregorio Sánchez, enfrentó desde el principio la persecución del Gobernador del Estado, Felix González Canto, que en marzo de ese mismo año hizo aprobar en el Congreso del Estado una iniciativa de Ley que proponía una reforma al artículo 80 de la Constitución Estatal y los referentes de la Legislación Electoral Local, en el sentido de aumentar de diez a veinte años, la obligación de residencia para los no nativos de ese Estado que quisieran contender a la Gubernatura del Estado. La reforma fue declarada como Inconstitucional por la SCJN, y zanjado el obstáculo legal que le quisieron imponer, “Greg”, se lanzó a la contienda apoyado por los partidos de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y Convergencia.
Ese es también el contexto que debiera no sólo ocupar a las autoridades, sino preocupar, pues los embates a las coaliciones electorales, vaya o no el PAN en ellas, tienen más enemigos e instrumentos en contra, de lo que nos imaginamos, incluso dentro del gobierno federal. Y no debe descartarse que se trate de una acción para desestabilizar las alianzas y envenenar el ambiente entre los coaligados.
Así pareciera ser pues, en menos de un mes se armó el expediente, del 19 de enero, fecha en la que se produjo una denuncia anónima por la vía telefónica, al día 10 de febrero en que se recibió la declaración del testigo con clave confidencial “ORION”, uno de los cinco testigos protegidos que declararon, y cuyas versiones – no importa que en ellas haya dichos contradictorios y descripciones inverosímiles -, fueron la base para solicitar la detención por parte de la PGR, así como un reporte de la unidad de inteligencia financiera de la SHCP sobre los ingresos obtenidos por éste de 2002 al 2008 en sus cuentas bancarias y de las transferencias realizadas.
Siendo uno de los legisladores que en el Congreso federal he sostenido una y otra vez la necesidad de blindar las campañas y de atacar decididamente la impunidad de la política en el tema del narco; también me preocupa que el ministerio público pueda actuar sólo con base en el dicho de testigos protegidos. Y sin duda, lo que más siembra la duda y la sospecha sobre el carácter político de la acción penal, es el manejo del ministerio público en acudir a dos jueces distintos para conseguir la orden de aprehensión. Algo no sólo inédito, sino escandaloso.
No se podría considerar ilegal esta forma de conseguir la detención, si no es porque al segundo juez se le ocultó en el expediente de la averiguación previa la negativa del primero de librar la orden de aprehensión, misma que no se recurrió mediante apelación.
Al salir de inmediato a avalar la actuación de la PGR en el caso “Greg”, el Presidente Calderón reconoce como suya la acción penal persecutoria, pero es muy probable que además de información equivocada, le hayan mentido en algunos detalles, y ahora hasta se estén magnificando otros para justificar la detención. Lo mejor, por el bien de todos, es que este proceso se conduzca con un rigor procedimental y legal a toda prueba. De lo contrario la presunción se convertirá en hecho indubitable en el proceso electoral de Quintana Roo. Es complejo, espinoso, el caso; la fórmula inequívoca es la ley. Otro tratamiento, sin mayores pruebas, sería autodestructivo.