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Nueva Ley de Medios: fin al duopolio de la TV.

Nueva Ley de Medios: fin al duopolio de la TV.

 – Javier Corral Jurado.

No hay duda, el hecho más importante acontecido en el Congreso de la Unión en el presente periodo ordinario de sesiones, fue la presentación de la iniciativa de nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales. Y en contraparte, el asunto más deplorable, fue el acto legislativo con el que se está tratando de embestir y sofocar esta propuesta de reforma integral: el albazo de la comisión de RTC de la Cámara de Senadores que busca revivir la Ley Televisa en una de sus partes más aberrantes, declarada inconstitucional por la SCJN, el refrendo automático de las concesiones de radio y televisión.
 
Empecemos por lo importante:   impulsada por un grupo plural de legisladores se presentó en ambas cámaras del Congreso de la Unión la iniciativa de Ley que promueve una reforma integral al régimen jurídico de las Telecomunicaciones, la Radio y la Televisión, haciendo de dos instrumentos normativos: la ley federal de radio y tv de 1960, y la de Telecomunicaciones de 1995, una sola Legislación, pro-competencia y pro-convergencia tecnológica.
 
En el Senado la presentó Gustavo Madero con medio centenar de firmas de senadores del PAN, PRD, Convergencia y PT. En la cámara de diputados la presentó quien esto escribe con la adhesión de 180 diputados, del PAN, PRD, Convergencia y PRI.
 
Esta iniciativa no es fruto de la casualidad, ni nacida al calor de un momento  electoral,  mucho menos bajo la pretensión abusiva de medrar o intercambiar bienes del dominio de la Nación por favores mediáticos o políticos. Es resultado de una larga lucha social por garantizar en nuestro país el derecho a la Información de todos los ciudadanos.
Es fruto de los anhelos sociales por hacer de la radio y la televisión un servicio público que contribuya con la Nación para hacer realidad la democracia, para la justicia y en la libertad. Para que un sector tan poderoso como es el de las telecomunicaciones no sólo se fortalezca en términos de competencia económica,  para los propósitos comerciales que dominan su actual uso, sino que se convierta en aliada de la educación, la cultura y el desarrollo social de México.  Que su principal instrumento, el Internet,  desarrolle su potencial educativo y democratizador de la vida pública.
 
La iniciativa es la obra colectiva, de reforma legislativa en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, más completa que se haya presentado hasta ahora en el Congreso de la Unión, y su aprobación en Diputados o en el senado, sería uno de los pasos más importantes para construir en México una auténtica sociedad de la información.
 
Responde a la exigencia de diversos grupos ciudadanos, de lo cual escribí en este mismo espacio hace un par de semanas, por revisar la legislación para las telecomunicaciones y la radiodifusión y orientar su reforma hacia un conjunto de normas jurídicas y políticas públicas que pretenda la equidad, la participación, la construcción del conocimiento y la solidificación de la cultura cívica de los mexicanos.
 
La iniciativa propone una ley moderna e integral, que incentiva la competencia y la apertura de oportunidades a nuevos operadores y su incorporación al  desarrollo tecnológico.
 
Se concibe a las telecomunicaciones como servicios públicos de interés general que el Estado deberá proteger y vigilar para asegurar, tanto la eficacia en su prestación, como su utilización social, así como para evitar fenómenos de concentración que contraríen el interés público de acuerdo a lo señalado por el artículo 28 de la Constitución.
 
Crea el Instituto Federal de Telecomunicaciones y de contenidos audiovisuales como órgano regulador que deberá responder con la independencia necesaria para la regulación de un sector de fundamental importancia para la democracia y el desarrollo tecnológico de las comunicaciones. Para que no caiga en la misma situación que la actual Cofetel – un órgano capturado por las televisoras -, se introducen requisitos que acotan la posibilidad de nombrar en el cargo de comisionados al Instituto a personas que pudieran presentar conflicto de intereses, pues en la explotación, uso o aprovechamiento de recursos del dominio de la federación, debe prevalecer el interés público.
 
Dentro de este nuevo órgano se crea un Consejo Consultivo en el Instituto con participación social para la vigilancia de contenidos.  Se establece la obligación de la autoridad de publicar un Programa Anual de Frecuencias con la disponibilidad de frecuencias o bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico. Regula la inversión extranjera al 100% en telecomunicaciones y hasta el 25% en radiodifusión ajustado a los convenios de reciprocidad con los países interesados.
 
Para todas las concesiones con fines de lucro debe mediar el pago de una contraprestación y se homologan las autorizaciones para uso de espectro a la figura de la concesión, destacando entre estas, las concesiones de uso comercial con fines de lucro y las concesiones de uso social sin fines de lucro (hasta hoy conocidas como permisos).
 
En atención a los criterios establecidos por la SCJN al termino de duración de las concesiones, éstas deberán volver a licitarse, concurso en el que podrán participar tanto los actuales concesionarios como los nuevos entrantes; cuando al final de la evaluación de las propuestas, los proyectos presentados por el concesionario y los demás participantes resulten en una igualdad absoluta de condiciones, en cuanto a su idoneidad y al cumplimiento de los requisitos exigidos para el otorgamiento de la concesión, el concesionario, por una sola vez, tendrá derecho de preferencia sobre terceros para seguir operando la misma.
 
Se reconoce en las concesiones para uso social a los medios comunitarios y se les generan derechos. Para los pueblos y comunidades indígenas se incorpora un procedimiento de otorgamiento de frecuencias expedito y simplificado que considera las condiciones de marginación en las que y desde las cuales serán operadas las frecuencias.
 
Se reconoce en el uso público a los medios de estado y se les determinan funciones y responsabilidades específicas tales como acreditar la constitución de organismos públicos descentralizados para prestar los servicios y asegurar su autonomía de gestión e independencia editorial, en cuyos órganos de gobierno deberá garantizarse la participación de los sectores privado y social. Para las asignaciones de uso público y las concesiones de uso social se incorpora la posibilidad de recibir ingresos por donativos, venta de productos y/o servicios, patrocinios y publicidad, acotada a 6 minutos por hora en TV y en radio 12 minutos por hora.
 
Se termina con el redondeo en las tarifas de telecomunicaciones al establecer el segundo – y no el minuto como sucede actualmente -, como la unidad de medida para determinar el cobro del servicio de telefonía en cualquiera de sus formas, a efecto de que los usuarios paguen lo que realmente duran sus llamadas.
 
Se establecen límites a la concentración, pues cuando exista un operador dominante en una región o localidad, no se permitirá que tengan nuevas frecuencias. Se promueve la pluralidad de contenidos y la diversidad de opiniones, al regular la propiedad cruzada de medios y prohibirla a los operadores dominantes.
 
Se profundiza en la promoción de la cobertura social a partir de la creación de un fondo para el estimulo de la prestación de servicios de telecomunicaciones  y el acceso social para atención de servicios públicos y sociales disponibles a toda la población en particular en las zonas marginadas tanto urbanas, suburbanas y rurales, así como en los pueblos y comunidades indígenas, con objeto de apoyar su desarrollo; aumentar la cobertura social de los servicios de radiodifusión de contenido local; conectar a todos los centros públicos de educación y de salud a las redes públicas de telecomunicaciones bajo tarifas preferenciales.
 
La iniciativa contiene un capítulo especial de Derechos para los usuarios de los servicios de telecomunicaciones.  Se otorgan atribuciones a la Profeco para la aplicación de la Ley Federal de Protección al consumidor. Y se establecen obligaciones específicas a los operadores y prestadores de los servicios de telecomunicaciones tales como modelos de contratos con claridad de condiciones de prestación y cobro de los servicios, procedimiento expedito para la atención y solución de las reclamaciones de los usuarios, bonificaciones o reembolsos a los usuarios por suspensión o interrupción de servicios, protección de los datos personales de los usuarios, no interceptar sin autorización las señales, atender las medidas que indique el órgano regulador para el uso de los servicios por parte de las personas discapacitadas.
 
La Programación infantil deberá contribuir al cumplimiento de los objetivos educativos planteados en el artículo tercero constitucional y a una serie de directrices entre las que se encuentran: Evitar la programación que estimule o haga apología de la violencia; Promover la tolerancia y el respeto a la diversidad de opiniones e igualdad de género; Informar y orientar sobre los derechos de las niñas y los niños;  Promover una cultura ecológica que fomente la conciencia,  el respeto y la preservación del medio ambiente y evitar las transmisiones contrarias a los principios de paz, de no discriminación y de respeto a todas las personas.
 
La publicidad dirigida a la población infantil y en los cortes entre uno y otro programas de esa índole, únicamente se podrá transmitir publicidad relativa a productos alimenticios y bebidas cuando cuenten con autorización expresa de la Secretaría de Salud y de la Procuraduría Federal del Consumidor para ser transmitidos a la población infantil, a fin de evitar que distorsionen los hábitos de la buena nutrición, que fomenten la adquisición o el consumo de productos y alimentos con bajo contenido nutricional o alto valor energético, así como de bebidas no alcohólicas carbonatadas, hidratantes o energizantes. Esta publicidad no podrá exceder del 20% del total del tiempo autorizado para publicidad por hora.
 
Con el fin de promover los valores y principios de la identidad nacional y estimular la participación de productores nacionales, se establece la transmisión del 50% de contenidos nacionales. Dentro de éste porcentaje establecido para la programación nacional, al menos el 20 por ciento deberá ser contratada a productores independientes con la finalidad de estimular la pluralidad de puntos de vista y  diversidad programática. Como obligación del Estado la de  incentivar la creación y producción audiovisual nacional a través de la creación del Fondo para el Apoyo para la Producción Nacional Independiente que busca que los contenidos que recibe la audiencia, centrales en la formación de valores y juicios de las personas, no tengan como única fuente la producción extranjera o sólo la producción endógena por parte de un solo emisor.
 
Se establece la obligación de garantizar que la población con discapacidad auditiva tenga las mismas oportunidades que las demás personas para tener acceso a la programación, al incorporar el sistema de subtitulado de acceso opcional, destinado a permitir que las personas sordas o con dificultades para captar la señal de audio, puedan comprender lo que se dice en los programas de televisión o en los videos. En el caso de la información relevante y de interés general y en al menos uno de sus espacios informativos diarios, de manera simultánea al lenguaje oral, los operadores deberán emplear la lengua de señas mexicana y/o subtítulos.
 
La iniciativa propone que los prestadores del servicio de radio y televisión pongan a disposición del público su Código de Ética y recomienda la designación de un defensor de la audiencia, quien recibirá las observaciones que se le presenten con relación a los contenidos, mismas que deberán valorarse y hacerse del conocimiento de los responsables de los programas referidos.
 
Protege y defiende los derechos de los periodistas, al establecer que los profesionales de la información que trabajen en radio y televisión podrán negarse motivadamente, a participar en la elaboración de informaciones contrarias a los principios del código de ética, sin que ello pueda suponer sanción o perjuicio.
 
La propuesta busca poner fin a la publicidad encubierta, puesto que obliga a que la transmisión de ésta deberá ser identificada como tal y diferenciarse claramente del programa, mediante simbología a través de medios ópticos, acústicos o ambos. La publicidad o propaganda que se presenta al público como parte de contenidos informativos de la programación debe ser identificada como inserción pagada mediante un texto superpuesto que permita reconocerla como tal.
 
Con el objetivo de atender los intereses de las audiencias se incorpora el respeto a la continuidad de programas, como es el caso de los programas deportivos o largometrajes que tienen una continuidad específica, ajena al  medio que los transmite, por lo que no se podrá insertar publicidad durante el desarrollo del evento, sino mediante imágenes superpuestas que no rebasen una quinta parte de la pantalla a fin de no interferir la visión del evento, o con menciones o efectos sonoros.  En el caso de la transmisión de largometrajes, películas de más de 60 minutos de duración, no podrá ser interrumpida con publicidad más de tres veces cada hora en las televisoras sujetas a concesiones con fines de lucro. En las televisoras sujetas a concesión sin fines de lucro la publicidad en largometrajes no ocupará más de un corte publicitario cada hora.
 
Se garantizan procedimientos para la atención del derecho de réplica en los medios electrónicos y se dan atribuciones al Instituto para sancionar en caso de no cumplirse.
 
Mientras estas propuestas se presentaban en ambas cámaras del Congreso, sobrevino lo deplorable, que luego se convirtió en vergüenza nacional.  Al impulso de los senadores Manlio Fabio Beltrones (PRI) y Carlos Sotelo (¿PRD?), se reunió de inmediato a la comisión de RTC de la Cámara de Senadores para dictaminar una  reforma parcial a la ley de radio y televisión que pretende burlar los criterios de la SCJN con los cuales declaró inconstitucional la Ley televisa, y buscan otorgar esos privilegios invalidados por nuestro máximo tribunal, entre otros refrendos automáticos hasta por 20 veinte años.
 
En la maniobra, se desató el escándalo; fruto de la confianza que genera la prepotencia y el cinismo, el verdadero promotor de esa reforma,  Televisa,  dejó la huella de su intromisión ilegal e inmoral en la confección del dictamen que se forzó ese mismo día en el Senado: el periódico Reforma descubrió en las “propiedades” del archivo digital en el que se hizo circular la versión final del proyecto de dictamen, que la computadora de la que había salido el documento era propiedad de la empresa “Televisa S.A. de C.V.”.
 
Los senadores responsables de ese dictamen aún no saben qué pasó, ¿cómo fue posible que Televisa interviniera de esta manera?.
 
Mientras los senadores de la Telebancada  encuentran la explicación a tan vergonzoso hecho, el grupo plural de legisladores de ambas cámaras del Congreso nos preparamos para el debate sobre uno de los proyectos legislativos de mayor trascendencia en la última década.

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