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Lozano y la Reforma Laboral

Lozano y la Reforma Laboral

– Javier Corral Jurado

El Secretario del Trabajo del Gobierno de la República, Javier Lozano Alarcón, en una colaboración especial para El Universal la semana pasada, describió los contenidos de la propuesta de reforma laboral que los legisladores federales de Acción Nacional presentaron como iniciativa de ley en la Cámara de Diputados. Es interesante el artículo porque, además de que Lozano la defiende como propia – pues bajo su conducción trabajó el equipo que confeccionó los más de 400 cambios que se proponen-, hace un diagnóstico escalofriante del mercado laboral, ataja descalificaciones, precisa alcances y aporta datos interesantes sobre los que hoy debiéramos estar ocupados, si en realidad queremos debatir cómo incrementar las oportunidades de empleo y mejorar las condiciones salariales, de seguridad social y prestaciones de los trabajadores mexicanos.

Dice Lozano que “Han pasado 12 años y 332 iniciativas para reformar la Ley Federal del Trabajo se han presentado en el Congreso de la Unión. Nada se ha dictaminado”. Ello explica que nuestro país se encuentre en el lugar 60 de 133 naciones, según el índice global de competitividad del Foro Económico Mundial. “El pilar de la Eficiencia del Mercado Laboral es el peor de los 12 que componen ese índice al ubicarnos en la posición número 115”, agrega el Secretario Lozano.

De los inmovilismos legislativos que se presentan en ciertas reformas estructurales desde hace décadas – obviamente por virtud de los grandes intereses que los paralizan y los someten a su poder fáctico -, éste me ha sorprendido de manera singular, primero porque está relacionado directamente con el desarrollo económico de la Nación y luego, porque da cuenta de que no sólo los grandes grupos financieros y las televisoras logran aplazar, posponer, suspender o eliminar proyectos legislativos, sino también una buena parte del corporativismo sindical mexicano. Y he ahí en esa línea, quizá a los tres sectores más atrasados en transparencia, rendición de cuentas, competencia y competitividad, y por ende los más desfasados con nuestra transición democrática.

La materia laboral sí que tiene parálisis legislativa a la luz de los datos ofrecidos: de las 332 iniciativas congeladas, 97 son del PRI, 87 del PAN y 76 del PRD.

El otro dato que no desmerece en términos de involución, aunque económica, es el lugar que tenemos en el mundo bajo el índice global de competitividad: el número 60. Este dato surge del reporte global de competitividad, que es la evaluación más exhaustiva y con más autoridad sobre las fuerzas y debilidades de las economías nacionales utilizada por el sector gubernamental, académico y los líderes de negocios. Este estudio tiene diversos indicadores que son medidos y promediados para obtener un puntaje de competitividad de los países evaluados, a partir de los rubros siguientes: Instituciones, infraestructura, estabilidad macroeconómica, salud y educación primaria, educación superior y entrenamiento, eficiencia del mercado comercial, eficiencia del mercado laboral, sofisticación del mercado financiero, preparación tecnológica, tamaño del mercado, sofisticación en los negocios, Innovación.

El estudio indica que, tratándose del rubro laboral, “La eficiencia y flexibilidad del mercado laboral son determinantes para asegurar que los trabajadores están destinados a su uso más eficiente en la economía y son proveídos con incentivos para dar su mejor esfuerzo en el trabajo. Los mercados laborales deben, entonces, tener la flexibilidad para cambiar a sus trabajadores de una actividad económica a otra rápidamente y a un bajo costo, y permitir fluctuaciones de sueldos sin muchos trastornos sociales. La eficiencia en el mercado laboral debe también asegurar una clara relación entre los incentivos del trabajador y sus esfuerzos, así como el mejor uso de su talento, lo cual incluye equidad en el ambiente laboral entre mujeres y hombres.”

Por cierto, en este mismo estudio se identifican los 5 factores más problemáticos para hacer negocios en México: 1. Gobierno ineficiente y burocracia, 2. Corrupción, 3. Crímenes y robos, 4. Acceso al financiamiento, 5. Regulación laboral restrictiva.

Esta valoración nos urge a actuar con sentido de responsabilidad a los legisladores. La reforma laboral necesita ser analizada y discutida en nuestro país con seriedad y altura de miras, más allá de quienes la propongan y dispuestos a debatirla con los que se opongan, pues al fin y al cabo los principales actores políticos del país han planteado una diversidad de puntos de vista, e incluso entre esa misma pluralidad se encuentran coincidencias en temas no menores.

Lo que no se vale es la descalificación anticipada o la generalización indebida. Mucho menos la distorsión maliciosa. Es claro que el alcance de la reforma es legal y no constitucional, por lo que los derechos de los trabajadores y sus conquistas estarán a salvo, y los principios plasmados en el artículo 123 de nuestra carta magna seguirán siendo la base de nuestro derecho del trabajo y de la previsión social. Cualquier disposición secundaria que atentara contra esos principios, sería de entrada inconstitucional.

Más allá de las consideraciones que cada quien tenga del proyecto panista, lo cierto es que México necesita de una reforma laboral que lo coloqué en mejores condiciones de competitividad internacional y asegure a más mexicanos empleo y salario justo; pero todo ello necesita primero de un debate ordenado, sin prejuicios y falsos nacionalismos, de cara a los jóvenes, particularmente a esos siete millones de jóvenes a los que se ha dado en llamar la generación “ni-ni”, porque ni estudian ni trabajan. Ahí está el principal reto, como bien lo apuntó Lozano en su texto: “tasa de desocupación para los jóvenes del doble de la general en razón de caer en el círculo vicioso de no ser contratados por falta de experiencia, y no adquirir esa experiencia exigida por falta de oportunidades que no se ofrecen por la incertidumbre que representa una contratación a ciegas acompañada de un pasivo laboral que puede crecer artificialmente mediante juicios prolongados”.

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