Presidencialismo panista
– Javier Corral Jurado
Aun no encuentro la explicación de dónde ha surgido, o si nos era intrínseco como reacción condicionada a nuestra larga lucha opositora, una tendencia presidencialista en el PAN. Una especie de determinismo político que se concede a la figura del Presidente de la República, a quien se confieren cualidades especiales, capacidades incuestionables y poderes que parecieran no ser de éste mundo.
Desde hace rato veo crecer en el caso de Acción Nacional una preocupante subordinación política a esa invención priísta de la “lealtad absoluta” al Presidente omnipoderoso. Se condicionan una serie de acciones del partido o de sus bancadas en las Cámaras del Congreso a su visto bueno, o lo que es peor, se supeditan a su aprobación. Incluso como si ese aval fuese garantía de éxito o lealtad institucional, que por lo demás ya hemos visto que no siempre es asì. Ello ha configurado una clasificación por demás penosa de actores panistas desde el gobierno que coloca la incondicionalidad a Calderón como sinónimo de lealtad al partido, y entonces cualquier diferendo o crítica cae en el ámbito de la traición.
El PAN se opuso durante décadas al presidencialismo priísta que hacía del títular del Ejecutivo una especie de Presidente-Dios, y durante toda nuestra historia el signo distintivo con relación a las demás fuerzas políticas, incluida la llamada izquierda, ha sido carecer de dueño sexenal o patriarca político. Con afecto y admiración porque inspiró y acometió la etapa fundacional del PAN llamamos a Don Manuel Gómez Morín, nuestro “padre fundador”, pero siendo quien fue, él mismo tuvo el cuidado de liberar y alejar su obra de la dependencia personal.
Esa ha sido nuestra fuerza moral, ser un auténtico partido político, basado en procedimientos y órganos estatutarios donde se deliberan y se construyen las decisiones. Y uno de los órganos más importantes para llevar acabo esa construcción democrática es precisamente el Consejo Nacional que se renovará en mayo próximo.
Esta conciencia, de la preeminencia del partido sobre las personas o específicamente sobre el gobernante en turno, de su autonomía e independencia frente a cualquier interés personal o de grupo, debiera ser recuperada en estos días que a lo largo y ancho del territorio nacional se llevan acabo las asambleas municipales para postular candidatos a la nueva integración del Consejo Nacional.
No se trata de oponerle al Presidente de la República un órgano partidista, sería una insensatez. Estoy profundamente convencido de que en el éxito de los objetivos de Acción Nacional y en las metas y planes de la administración de Calderón, la relación partido-gobierno debe conducirse por el camino y el ánimo de la cooperación, el respaldo necesario, el apoyo decidido, pero no bajo una idea de incondicionalidad o subordinación. Y menos presidencializar nuestra estrategia que debe mantener sus ámbitos de competencia exclusiva. Es mucho más simple y a la vez trascendente: que quienes participamos de este proceso de renovación nos aseguremos de que la integración del nuevo Consejo se de en un horizonte más amplio y de mayor perspectiva, y no sólo al resguardo de lo que resta del sexenio del Presidente de la República. El PAN debe asegurar su continuidad institucional.
El pacto de Bucareli suscrito el 30 de octubre del año pasado entre las dirigencias nacionales del PRI y de Acción Nacional, el Secretario de Gobernación y el Secretario general de gobierno del estado de México, que tantos estragos ha ocasionado en los días recientes a raíz de la revelación de sus términos y propósitos, es el ejemplo más preciso y contundente de que no todos los objetivos del gobierno coinciden o respetan la naturaleza misma del partido.
Por supuesto que no desconozco, ni rechazo, que en política la negociación es un instrumento fundamental para concretar bienes públicos. Llegar a acuerdos, pactar condiciones de entendimiento político, es substancial al ejercicio del poder. Lo que creo es que no todo se puede negociar, y que el límite son los principios democráticos y los valores éticos en los que se sustenta la acción de un político. El carácter confidencial de muchos de esos acuerdos tienen que ver con la eficacia práctica para posibilitarlos en el momento, pero siempre deben pensarse en un horizonte en el que su revelación no sea motivo de rubor, como sí ha causado vergüenza éste. Porque a todas luces fue impulsado desde una visión política de tahúres, no de demócratas, en el que se apostaba ¿o rendía?, el destino mismo del PAN.
Y por ello, discrepo absolutamente con quienes postulan que ese pacto está fincado en una idea de gobernabilidad democrática. La construcción de la democracia no pasa por ocultar a los propios partidos su celebración. “Los pactos que no se pueden sostener en la plaza pública, tienen problema en su origen y concepción”, sostuve en la tribuna de la cámara de los diputados la semana pasada. Gómez Morín fue claro y contundente en ello: “Que el espíritu de transacción y de componenda, no viole la levantada intransigencia”.
El pacto ya ha generado las mayores tensiones al interior tanto de Acción Nacional como del mismo PRI, aunque por diferentes motivos. Es claro que a los que militamos en el PAN nos ha metido en una profunda preocupación e incertidumbre sobre lo que el gobierno del Presidente Calderón asume como “gobernabilidad democrática”. Desarrollar con toda precisión y puntualidad ese concepto, establecer límites a la relación y colaboración del partido con el gobierno y tomar definiciones sobre nuestra relación con el PRI a partir de este episodio, considero que deben ser tareas del próximo Consejo Nacional.
En la medida en que su integración surja de la voluntad libre y responsable de los panistas, estaremos asegurando las condiciones de imparcialidad para llevar acabo esta reflexión, en donde el Presidente de la República sea en efecto, uno de sus miembros más distinguidos, pero no el hacedor del consejo, ni menos su depositario.
{jcomments on}