A pesar del ambiente político de las últimas semanas, tan enardecido por el tema de las alianzas electorales entre el PAN y el PRD, y luego tan ensombrecido por el vergonzoso contenido del pacto firmado entre el Gobierno federal y el PRI -con el que buscaron evitarlas-, no pierdo la esperanza de que se discuta y avance la aprobación de la Reforma Política.
Primero porque ya se han planteado puntos coincidentes de las tres principales fuerzas políticas, y luego, porque su procesamiento puede ser una manera de reivindicación de todo este momento de demolición política. Además se ha anunciado que este próximo martes inicia formalmente su discusión en el Senado para dictaminar las iniciativas al respecto. Contrario al vaticinio que da por muerta la reforma política, derivado de esta crispación-confusión, puede resultar que ahora el Congreso se vea obligado a pronunciarse y empezar a modificar esencialmente la relación no sólo entre los ciudadanos, la sociedad civil organizada y el poder del Estado, sino también entre los poderes, y entre los mismos representantes legislativos y sus partidos.
La reforma puede y debe ser una de las maneras en que se reencauce la polémica que tanto ha desdibujado en los días recientes a la clase política, porque en medio del desaguisado de traiciones y falsedades, está la debilidad estructural del Poder Legislativo, mucho más en manos de una partidocracia rentista capaz de negociar impuestos por votos, que en manos de los ciudadanos. Sería fundamental que frente a este momento de desesperanza, tuviera mayor oportunidad el esfuerzo reformador. Tanto el PRI como el PRD presentaron la semana pasada sus iniciativas de reforma constitucional y legal en materia política.
Ello marca de entrada un compromiso de ambos partidos para entrar a discutir y complementar el conjunto de las iniciativas presentadas por el Presidente de la República que, en un primer momento, recibieron como respuesta una descalificación casi total, al menos del PRI. El PAN ha hecho suya la propuesta presidencial en términos generales, de ahí que, al quedar formalizadas en el proceso legislativo la visión de los tres principales partidos sobre el rumbo y la dimensión que debe tener una reforma política en el país, es de esperarse que el debate se torne más riguroso y preciso sobre las propuestas específicas, en un marco de negociación abierto y transparente a la sociedad pues sería inadmisible suponer al sistema de partidos como actor exclusivo de tales transformaciones.
El ciudadano es el sujeto esencial del sistema democrático, debiera ser por lo tanto el destinatario final del esfuerzo legislativo. Si esta visión fuese realidad entre los actores políticos, es de esperarse que a la par de los asuntos que nos interesan directamente a los partidos, también avancen los temas que la agenda ciudadana ha planteado a través de distintas organizaciones sociales.
La iniciativa de Calderón se hace cargo por lo menos de varias de ellas, particularmente las candidaturas independientes, la iniciativa ciudadana, el referéndum, y la reelección de legisladores y autoridades municipales, pero es evidente que faltan por incorporar otras exigencias relativas al acceso real de los ciudadanos a los procesos electorales a través de la formación de nuevos partidos, más allá de que para su registro definitivo se requiera el umbral del 4%, así como para la asignación de diputados o senadores.
El tema específico de la reelección consecutiva de legisladores ha encontrado coincidencia en las propuestas del PAN, PRI y PRD. Sería un buen punto de partida para la búsqueda de acuerdos que no sólo rediseñen el entramado constitucional de la actual división de poderes, para una mejor colaboración y cooperación entre ellos, sino para mermar el poder de la partidocracia que puede acometer pactos secretos y comprometer decisiones legislativas públicas de la mayor importancia. Sólo un Poder Legislativo fuerte, profesional e independiente puede colaborar con los demás poderes, y al mismo tiempo ser contrapeso y equilibrio. Las cámaras débiles no son eficaces y por lo tanto, ni colaboran, ni funcionan, simplemente se congelan o se someten. Antes al presidencialismo metaconstitucional, ahora a la partidocracia rentista. Por ello soy un convencido de la reelección legislativa, a la que habrá de diferenciar con toda claridad de la reelección presidencial.
Al Congreso corresponde hacer las leyes y al Ejecutivo dirigir la administración pública y la administración pública gobierna en función de esas leyes. El Ejecutivo como suprema autoridad administrativa que propone ministros, dispone de la fuerza pública, dirige las operaciones bélicas, las relaciones exteriores, nombra al conjunto de los funcionarios de la administración pública federal, maneja la hacienda pública, recauda impuestos entre otras actividades, sí influye de manera más ostensible dentro de las diversas esferas de actividad del Estado, y ahí sí, puede generarse un mecanismo de perpetuación del poder. Por ello el estado de Derecho ha establecido diversos mecanismos de acotamiento del poder supremo administrativo, entre ellos la no reelección inmediata y/o indefinida.
La naturaleza de las funciones del Poder Legislativo es diferente, por lo que su reelección sería una consecuencia natural del principio de la soberanía popular. Es el ciudadano quien tiene o no el derecho de elegir a sus representantes. La reelección del Legislativo fortalecería el poder de la ciudadanía y le daría un mecanismo de sanción al desempeño de sus representantes. Tampoco se está inventando el hilo negro. Lo que el presidente Calderón ha propuesto es reinsertar a la Constitución una figura que ya existía, la reelección consecutiva, sólo que ahora limitándola hasta por 12 años.
La Constitución, promulgada en 1917, originalmente no contemplaba la prohibición de la reelección inmediata de los integrantes del Congreso de la Unión ni de los funcionarios de los ayuntamientos, siendo hasta 1933 que se introdujo esta prohibición. En una extravagancia frente al mundo democrático, México y Costa Rica son los únicos países que no permiten a los legisladores ser reelectos de manera inmediata en sus cargos.
En nuestro país esta condición tan excepcional tiene su origen en que se buscó fortalecer el poder del Presidente de la República quien acostumbraba a ser a su vez el jefe de partido y por tanto elector único de los candidatos a cargos electivos. La reelección consecutiva favorecería la profesionalización y especialización de los legisladores, en la medida en que su permanencia en la Cámara les permitirá incrementar su conocimiento de las materias sobre las que legislan. Además, este sistema permite que los legisladores electos de manera consecutiva transmitan su experiencia legislativa a los nuevos representantes. Así habrá mayor calidad y eficiencia en el trabajo legislativo. Pero la experiencia dicta que esta figura le daría un contrapeso también profesionalmente hablando al Poder Ejecutivo, independientemente del partido que gobierne las cámaras.
Los legisladores deben ser influyentes no sólo frente a sus adversarios en el parlamento, tienen que ser también equilibrio dentro de sus propios partidos y frente a sus propios gobiernos. La reelección daría al ciudadano representantes de ellos y no de las clases dirigentes de los partidos políticos. En tanto el Poder Legislativo es un poder fragmentado en diversas personas a diferencia del Poder Ejecutivo unipersonal, por ejemplo, la exposición comunicacional es menor y por ello tiene menor impacto en la conciencia ciudadana. Esto origina que se tenga la percepción de que los diputados y los senadores no sirven para nada o que simplemente no trabajan, aunque en realidad los asuntos más decisivos para la nación se discutan en el Congreso.
La reelección incentivaría la rendición de cuentas y por lo tanto propiciaría el fortalecimiento de la legitimidad del Poder Legislativo. Una percepción positiva es básica para el funcionamiento de la democracia representativa. Habría mayor continuidad en los proyectos y podrían realizarse proyecciones que valoren más la calidad que la urgencia de la inmediatez. Existirían legisladores que serían un puente estable y continuo de comunicación con otros poderes, esto es muy valioso para la gobernabilidad en un contexto de gobiernos divididos, donde se buscan apoyos y lograr estabilidad a costa de muchas cosas, en ocasiones cesiones vergonzosas.