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La Publicidad en las Campañas Electorales: ¿Legítima o ilegítima?.

– Ponencia de Javier Corral.

La Publicidad en las Campañas Electorales: ¿Legítima o ilegítima?

Quiero agradecer la invitación que me han hecho. Este foro es de una oportunidad indiscutible frente al momento político que estamos viviendo, algunos dirían padeciendo.

La pregunta que hoy nos convoca entraña variadas posibilidades de respuesta, desde el análisis mismo de la publicidad política, en materia de contenidos, hasta lo que es el gasto publicitario, estrictamente en materia electoral. Y de ahí, decidir la legitimidad de la acción publicitaria en las campañas.

Afirmo desde ahora su legitimidad, pero señalo que más que una revisión del lenguaje publicitario, o de la construcción del mensaje publicitario en cuanto a estructura y duración, lo que se está convirtiendo en un elemento deslegitimador de nuestros procesos electorales, es el exceso y la predominancia del dinero destinado a la publicidad política, y la falta de regulación de contenidos de la publicidad política, que se ha convertido en el campo perfecto para la falacia, la mentira, incluso la calumnia.

Seria difícil apartamos de la lógica comunicacional: quien quiera ofertar algo tiene que comunicarlo, tiene que encontrar las formas y los contenidos adecuados para expresar su oferta programática. El proceso de comunicación es un proceso clave en cualquier tipo de intercambio, y desde luego de una manera especial, también lo es en el intercambio político.

En si y por si misma, más que ilegítima, está ampliamente estudiado, la publicidad tiende a reprimir toda explicación. Y si la televisión reduce, la publicidad política en televisión prácticamente desaparece la racionalización, un elemento que se convierte en clave para la toma de decisiones en lo que supone una auténtica democracia. Podría afirmar que el exceso de lo publicitario – sobre todo de lo que se atrapa en diez, veinte o treinta segundos y se repite en frecuencia de saturación , está siendo una derogación intelectual de la calidad de los contenidos doctrinales, ideológicos, programáticos de la política. La calidad de la democracia por los suelos.

En realidad, el planteamiento que nos hace el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, no es reciente. Revisa, en términos hasta cierto punto dramáticos, uno de los debates más antiguos que reaviva la controversia entre la abstracción del pensamiento y la tentación icónica, como diría, Lisa Block de Behar, “la controversia entre la reflexión contra la fascinación de los juegos de imitación,la exterioridad fulgurante de la imagen en detrimento de la inteligibilidad, el deslumbramiento contra la lucidez, contra la profundidad de un discurso que, acaso por no imitar, critica”.

De ahí pues que, y en primerísimo lugar, en términos de la escalada reduccionista del lenguaje publicitario en campañas, haya un primer detrimento del proceso político electoral democrático. La preferencia por la imagen, el desuso progresivo de la palabra, hace que con mucha frecuencia sobren las palabras, por tanto los compromisos. Es que no se dice, fundamentalmente se muestra.

A lo anterior debo sumar el mayor riesgo para la legitimidad democrática. El acceso a la publicidad política en los medios electrónicos de comunicación está dominado por el dinero, no por la soberanía y el derecho propio que el Estado tiene en el espectro radio eléctrico del país, como un bien del dominio de la Nación.

La legitimidad proviene del reconocimiento que el electorado hace de sus gobernantes, en el reconocimiento de que quienes ejercen el poder en el gobierno obedece a una decisión ciudadana tomada de manera democrática. En este sentido, la antesala de la legitimidad de un gobierno se encuentra en el sistema electoral.

La antitesis de la legitimidad es la ilegitimidad. Es la carencia de credibilidad e invalidación del orden establecido lo que en muchas ocasiones es la evidencia de contradicciones en el orden necesario que construye la legitimidad misma. Cuando se deja de creer en el sistema establecido en especial en el proceso electoral estamos empezando a construir la ilegitimidad y a construirse los cimientos de la ingobernabilidad.

Situación más grave aun se presenta con estos conceptos cuando no solo la credibilidad se pone en entredicho sino que genera rechazo y violenta la confianza en un sistema electoral y en consecuencia en sus propios resultados. Hoy enfrentamos la violencia que genera el grosero, innecesario y ajeno a toda ética y razón del gasto publicitarios que los partidos políticos ejercen y que los empresarios de los medios festejan a costa del gasto publico que los ciudadanos hacemos para ello. Se dice que la “democracia cuesta” nada mas falso, lo que nos cuesta es la falta de democracia.

La legitimidad la otorga la, credibilidad ciudadana respecto a la validez de un determinado orden político. Hoy la sociedad está cuestionando seriamente el modelo de financiamiento a las campañas.

Hace unos días, Don José Guadalupe Martín Rábago, Presidente del Episcopado Mexicano, se queja del excesivo gasto que nuestro país destinará al proceso electoral del 2006. Los empresarios a través de sus diferentes cámaras reaccionaron con estupor ante la cifra de 12 mil millones de pesos que el Dr. Luis Carlos Ugalde, Presidente del Consejo General del IFE anunció como gasto oficial previsto para la contienda próxima. Varias organizaciones ciudadanas, editorialistas de las más diversas tendencias, han expresado estos días su inconformidad ante ese multimillonario presupuesto que en su mayor parte contiene el financiamiento extraordinario a partidos políticos. La reacción de coraje e impotencia ciudadana ante ese monto no se ha dejado esperar de diversos modos. El dato esencial que logra la ira ciudadana es la contradicción que se encuentra inmersa en esa asignación de recursos públicos: mientras sufre el pueblo pobre carencias infmitas, la político camina próspera en medio de dispendios absolutos. Su traducción en gastos de campaña es aún más patética: el despilfarro hace más ricos a los medios millonarios, y empobrece – reducida y secuestrada por la dictadura del spot -, la calidad de la democracia.

El 64 por ciento de los recursos otorgados a partidos para la campaña federal financiamiento extraordinario -, se destina a una veintena de poderosos empresarios de la radio y la televisión. No más. En nombre de la democracia, se hace uno de los mayores negocios privados con recursos públicos. Es un crimen, y la clase política, fundamentalmente su responsable.

Cifras sobre presupuesto

El monto solicitado por el IFE para 2006 es de 11 mil 858.6 millones de pesos de los cuales 4,926.1 millones se destinarán al financiamiento de los partidos políticos y agrupaciones políticas nacionales y 6,932.5 millones representan el gasto mínimo de operación requerido para llevar a cabo el proceso electoral federal 2005-2006.

Adicionalmente, y por primera vez, el presupuesto del IFE considera una partida de mil 62.1 millones de pesos para hacer efectivo el voto de mexicanos en el extranjero.

El financiamiento a partidos y agrupaciones políticas nacionales (4 mil 926.1 millones de pesos) se desglosa de la siguiente manera:

CONCEPTO     IMPORTE
La actividades ordinarias permanentes de 6 partidos con registro     2,051.3
El Gastos de Campaña     2,051.3
La actividades ordinarias permanentes de 2 nuevos partidos 82.1     82.1
Gastos de campaña de 2 nuevos partidos 82.1     82.1
Las actividades específicas     150.0
El Financiamiento a agrupaciones políticas nacionales 41.0     41.0
Apoyo para programas de radio y TV de partidos con registro     1.6
¡Compra de promocionales para los partidos políticos     426.7
Monitoreo muestral de noticiarios de Radio y TV     4O.O
Total de prerrogativas a partidos y agrupaciones políticas 4,926.1     4,926.1

El financiamiento público se desagrega, por partido político, como se indica:

Partido
Nacional     Activ. Ord. Perm.     Gastos de Campaña     Apoyo para prod. de progr. de radio y TV     Total
PAN     573.3     573.3     0.2     1,146.8
PRI     632.7     632.7     0.2     1,265.6
PRD     372.0     372.0     0.2     744.2
PT     139.3     139.3     0.2     278.8
PVEM     196.7     196.7     0.2     393.6
CONV.     137.3     137.3     0.2     274.8
NUEVA ALIANZA     41.0     41.0     0.2     82.2
ASC     41.0     41.0     0.2     82.2
TOTAL     2,133.4     2,133.4     1.6     4,268.4

A esta cifra de 4,268.4 millones se agrega el financiamiento por actividades específicas, el que corresponde a las Agrupaciones Políticas Nacionales, la compra para promociónales para partidos políticos y el monitoreo muestra de noticiarios de Radio y TV, que representan 657.7 millones de pesos; lo que hace un total de 4,926.1 millones de pesos.

Dicho presupuesto es 75 por ciento superior al utilizado en las elecciones federales de 2000, que tuvieron un costo operativo y de financiamiento a partidos por casi ocho mil millones de pesos.

Propuestas han existido en los últimos años para acotar! ese gasto por la vía de la reducción de tiempos de precampañas y campañas electorales, y por consiguiente una disminución de recursos públicos; también a través de la contratación exclusiva por el IFE de la propaganda electoral para evitar tratos discriminatorios o preferenciales entre los partidos, o por el camino de utilizar los tiempos que el Estado posee en radio y televisión para dedicarlos a la difusión de mensajes orientados a la promoción del voto y de los contenidos programáticos de cada uno de los candidatos, ahorrando ese dinero al erario.

La propuesta de nueva ley federal de radio y televisión que se encuentra en el Senado de la República y que ha sido irresponsablemente demorada por los encargados de dictaminarla, contiene alternativas varias para este penoso contraste de nuestros procesos electorales: “Durante los noventa días previos al día de la jornada electoral en el caso de elección presidencial o de gubematuras en las entidades federativas, y cuarenta y cinco días antes en el caso de los demás procesos electorales federal o local, la autoridad encargada de la materia de radio y televisión deberá poner a disposición del Instituto Federal Electoral la totalidad de los Tiempos de Estado, salvo los dispuestos para la difusión de mensajes referidos a la seguridad nacional y salud pública; y éstos deberán ser destinados para la promoción del voto, así como de los partidos políticos para la promoción de sus candidatos y la difusión de sus plataformas electorales”.Esto significaría una economía presupuestal de algo así como mil quinientos millones de pesos. Los noventa días previos a la propuesta ambas citada – que significa la mitad del tiempo de duración de las campañas a partir del registro de candidatos -, se podría prohibir totalmente la contratación de publicidad comercial a partidos o por lo menos reducir los topes de compra y como sugiere la iniciativa de ley “No se transmitirá propaganda electoral, salvo la que contrate el Instituto Federal Electoral y los órganos electorales locales, en los términos de las leyes electorales respectivas, y sus tarifas deberán ser equivalentes a las del la publicidad comercial”. También se generaría con esto otro ahorro substancial.

Pero hasta ahora, la clase política ha preferido incrementar el costo de cada voto que obtiene y una y otra vez ha postergado la discusión de esas alternativas. Con ello ha ido detonando un malestar social de inimaginables consecuencias para la participación ciudadana y la legitimidad democrática. ¿O podríamos decir que a medida en que se han dotado de mayores recursos públicos a los procesos, ha redundado en participación en las urnas y en el contenido de las propuestas? Por supuesto que no.

Al contrario, apenas hemos conquistado la democracia electoral y ya se encuentra en un estado crítico – ejemplificado por una despolitización que haría sentir envidia a cualquier tirano-, y del que el sistema corporativo comercial de los medios es un factor importante para explicar cómo rápidamente se nos volvió frágil nuestro preciado anhelo y cómo llegó a este lamentable estado.

Estamos de entrando de lleno al modelo norteamericano en el que los medios corporativos establecieron un sistema en el que los ricos y poderosos -unos cuántos toman las decisiones más importantes sin una participación pública informada Asuntos cruciales en materia política son apenas cubiertos por los medios corporativos, o bien, son moldeados para llenar los requerimientos del debate de élite, arrebatando a los ciudadanos comunes las herramientas que necesitan para ser informados, siendo los participantes activos en una democracia.

Más aún, el sistema mediático no está solamente vinculado a los dictados ideológicos del negocio, sino que es también un elemento integral de la economía Por lo tanto, para quienes perciben que la inequidad y el desmedido comercialismo está minando los requerimientos de una sociedad democrática, la reforma de los medios debe estar en la agenda política.

Mientras no se someta a una regulación moderna el control y estructura de la industria mediática, y sobre todo, en su relación con los partidos políticos, las campañas electorales y el financiamiento público, la queja seguirá y cada vez más el desafió se agudizará. Mientras esta circunstancia permanezca, es difícil pensar en una democracia que camine a la igualdad social y al uso adecuado de las finanzas públicas. Destinar mayores recursos a las campañas para pagar medios seguirá siendo la aberración, inexplicable, de quienes le regatean a la pobreza, a la miseria, a la insalubridad, recursos suficientes para mitigar los males que las han hecho permanentes entre nosotros.

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