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El papel del Estado en la Cultura.


El papel del Estado en la Cultura.
– Senador Javier Corral Jurado.

No se entiende un Estado democrático de derecho, sin la garantía de dos derechos fundamentales para el desarrollo del hombre y de la comunidad: el derecho a la cultura y el derecho a la información. Sin posibilidades de acceso y disfrute de los bienes de la cultura, y sin opinión pública debidamente informada, la democracia termina siendo una imposibilidad.

Ahí están los datos duros, desgarradores del informe sobre la Democracia en América Latina. La desafección ciudadana por el voto, por la vía electoral, es una historia tridimensional: es educativa, es cultural y comunicacional.

El Estado debe ser un promotor y patrocinador en la producción de los bienes y los servicios de la Cultura, no su rector, ni siquiera su guía. En todo caso un coordinador de los esfuerzos culturales en su sentido más amplio, y en su concepción más universal. Pero en el acceso y distribución democrática de esos frutos complejos y riquísimos por su heterogeneidad que son los bienes culturales, el Estado es el único responsable de garantizar y procurar ese derecho a la cultura, y en esa tarea es insubstituible, sin posibilidad de renuncia a su papel fundamental para regular los desequilibrios del mercado, que no sólo son las disparidades en la cadena productiva, sino las tendencias concentradoras, la ausencia de límites y reglas claras a libre competencia, y asegurar por supuesto el respeto a los derechos de creación, libertad de expresión y derecho a la información.

El Estado lo puede hacer, lo debe hacer, mediante una acción subsidiaria, o en casos de abuso como es el duopolio televisivo, con límites legales o acciones supletorias. El primer problema es si en realidad contamos hoy con un Estado a la medida de estas aspiraciones.

La primera reflexión es la necesidad de una profunda e integral Reforma del estado mexicano, mediante la cual recupere credibilidad y soberanía, y como consecuencia la participación ciudadana en la edificación de las políticas públicas.

Entendida la Reforma del Estado, como la redistribución de funciones, facultades y recursos, y la redefinición de su concepción en temas fundamentales como Educación, Cultura y Comunicación.

De ahí que considere fundamental la definición de una política cultural de largo plazo, articulada, transversal a las diferentes instituciones públicas y diversos campos, con metas específicas, que se inserte como un eje articulador en el desarrollo económico y social, en la Reforma del Estado y dentro de los efectos y nuevas formas de relación social y política que plantea la globalización. Esto último nos daría la oportunidad de participar como globalizadotes, y no sólo como globalizados. La revolución tecnológica y esta nueva cultura digital, nos impone la obligación de priorizar la producción de contenidos, además de hacer realidad la cobertura y el servicio de las Tecnologías de la Información y Comunicación. Pero no sólo es teledensidad o conectividad en su mejor caso, ni tampoco ancho de banda para una mayor velocidad, es creación de contenidos propios.

Ello requiere de realizar un franco y claro diagnóstico de la situación actual, y de valorar en su conjunto no sólo las contribuciones ética, estética, espiritual, moral, educativa, sino la aportación económica y el impacto en el desarrollo social de las así denominadas “industrias culturales”.

Planteo por lo tanto para el Estado tres definiciones o redefiniciones fundamentales. La primera de carácter jurídico-político que dote al sector cultura de un verdadero estatus legal, una personalidad jurídica propia en el conjunto de la administración pública federal y de los Estados; la segunda, de carácter presupuestal, en relación con la acción subsidiaria del Estado; y la tercera, con la economía cultural y su contribución al Empleo y al Producto Interno Bruto de México.

Y contra toda regla de la construcción literaria, empezaré por esto último.

El año pasado, la Sociedad de Autores y Compositores y la Sociedad General de Escritores Mexicanos, auspiciaron un estudio sobre la contribución económica de las Industrias Culturales en el Producto Interno Bruto del país. Obviamente esa participación en términos de creación o producción y de generación de empleos, directos o indirectos. Se contrató al experto economista del CIDE, Ernesto Piedras y con elementos estadísticos y econométricos, las industrias culturales, medidas en bienes y servicios, aportan el 6,7% del PIB, y se contabiliza la contribución estimada de comunicación pública, podría llegar hasta 7, 3 %. En la creación de empleo, el dato no es menos significativo, pues contribuyen con el 3,6% de la PEA.

Otro ángulo de la importancia de las industrias culturales en la economía, y por ello la redefinición estatal de la Cultura en lo económico, lo constituye el dato de la balanza comercial, puesto que siendo las relaciones comerciales de nuestro país con el resto del mundo deficitarias en su conjunto, la del sector cultural es superavitaria, es decir, exportamos más de lo que importamos. De ahí por ejemplo que el Estado tenga en esta materia una oportunidad de mejorar la balanza comercial de nuestro país. La política fiscal debe brindar incentivos y estímulos que propicien una mayor participación de la inversión privada, al fin y al cabo la derrama del propio proceso productivo o creador tendrán una mayor repercusión al fisco.

Es un signo inequívoco de miopía política y económica expresar que entre los sectores productivos del país, tienen más derecho a los estímulos para la inversión, las actividades con valor intrínsecamente financiero, o estrictamente económico, y no aquellas industrias que tienen doble significado, cultural y económico, y múltiples contribuciones sociales. De ahí que repita la necesidad de que en estas redefiniciones la economía, relacionada directamente con la materia fiscal y financiera, se asuma simplemente como lo que es una actividad cultural de sustentación humana. Requerimos de una política fiscal que otorgue estímulos a la inversión privada; no para sustituir la obligación estatal, sino para complementar las aportaciones. Se trata de un conjunto de acreditamientos en relación al impuesto sobre la Renta; deducibilidades, exenciones y tasa cero en el impuesto al valor agregado; y compensaciones a donativos de mecenazgos interesados en aportar en la producción cultural.

Revertir, mediante impuestos especiales sobre productos y servicios, el desequilibrio de los ingresos en la cadena productiva. Pongo el ejemplo claro, por evidente y abusivo, de la distribución del peso en taquilla en materia cinematográfica. El sector de la producción de la obra cinematográfica tiene apenas para si el 16% de los ingresos totales.

Hablar de un régimen de incentivos y estímulos fiscales, no significa sustituir la obligación estatal para quienes, incluso con estos mecanismos, le son prácticamente imposible producir bienes y servicios culturales. El Estado debe entrar subsidiaria y supletoriamente a financiar proyectos específicos y actividades permanentes.

La redefinición del Gasto Presupuestal de la Federación y de los Estados debe estar ligada a las metas de la Declaración que sobre Diversidad Cultural generó en 2001 la UNESCO. De entrada una definición de voluntad política para alcanzar el 1% del total de los egresos programables en el Presupuesto General.

Las asignaciones presupuestales hasta hoy en día en materia del sector cultural, para dar un dato dramático que es a veces con lo único que nos estrujamos, representa sólo 1500 millones de pesos más, que el presupuesto total destinado a actividades de publicidad y difusión oficial. Esto es, 3,500 millones de pesos, contra cinco mil. El mismo dato comparativo vale, para lo que tanto el IFE como los partidos políticos entregarán – por cierto a no más de veinte empresas comunicacionales electrónicas en el país -, con motivo de las campañas electorales, cerca de 3, 200 millones de pesos.

Es falaz el argumento de que el Estado no tiene para apoyar la Cultura. He documentado que de lo que quedó de tiempo fiscal y de Estado en Radio y Televisión, se cubrirían perfectamente ambas necesidades. Como lo hacen ya cerca de cuarenta naciones en el mundo. Y aquí la renuncia a ese deber atraviesa a toda clase política, amafiada con el dinero, y apantallada y empantallada por la televisión.

Esto no se logra, y aquí viene mi tercera propuesta, porque el sector cultural sigue disperso en el aparato de la administración pública federal. Porque carece de fuerza de interlocución para la gestión financiera y política de los proyectos culturales. Porque no tiene fuerza para la defensa de la diversidad, de la pluralidad, frente a los poderes fácticos que substituyen al Estado y le imponen intereses concretos en diversas ramas.

En su proyecto de plataforma para una Política Cultural en México, la propuesta del Centro de Estudios Estratégicos de la Universidad de Guadalajara, que coordinó Eduardo Nivón, apunta la necesidad de “fortalecer la presencia institucional del sector cultural, mediante la adopción de una figura orgánica y jurídica de alto perfil que tenga como eje un organismo del ejecutivo federal que de coherencia y vinculación con las entidades federativas. Esa podría ser una Secretaría de Cultura que articule un amplio conjunto de instituciones y organismos autónomos existentes, de nueva creación o reestructurados según sea el caso; que promueva las tareas culturales del gobierno federal; que favorezca la coordinación entre las entidades federativas en estas materias; y que alimente las políticas culturales internacionales. En caso de que esta administración termine sin haber dado forma institucional adecuada al organismo responsable de cultura, se requiere que el nuevo gobierno lo haga, adoptando una forma que le permita consolidar un Sistema Nacional de Cultura, cuyas características serían:

a. Autonomía de gestión, es decir capacidad para intervenir en los campos más relevantes de la vida cultural, como la política de comunicaciones, la asignación de frecuencias, la aprobación de contenidos, la iniciativa legislativa, la evaluación de programas.

b. Capacidad de negociación presupuestaria. El organismo federal responsable de cultura debe poder negociar directamente la asignación de su presupuesto, desprendiéndose de la negociación del presupuesto de educación. Por otra parte, el organismo deberá contar con capacidad para manejar fondos o tributaciones especiales en apoyo a los diversos campos culturales.

c. Participación reglamentada de especialistas y promotores organizados en agencias que abarquen, Patrimonio y turismo; Comunicación e industrias culturales, Fomento a la creación y educación artística, Cooperación internacional, Culturas populares.

Dice Néstor García Canclini que, “cuando se cuestiona que debe existir un ministerio o una secretaría de Cultura, se maneja un argumento que podríamos resumir así: «la cultura es asunto de los creadores y del mercado; para que no haya dirigismo político sobre el arte ni las comunicaciones debe dejarse librado su movimiento a lo que los artistas quieran hacer y a lo que el juego del mercado esté dispuesto a aceptar». Sin embargo, afirma el Maestro, que el panorama actual de las industrias culturales, tal como surge de investigaciones recientes sobre medios masivos y usos económicos de las artes y del patrimonio histórico, nos permite pensar que existen varias razones por las cuales debe legislarse en estos campos: porque las industrias culturales han pasado a ser predominantes en la formación de la esfera pública y la ciudadanía, como lugares de información, sensibilización a las cuestiones de interés común y deliberación entre sectores sociales”.

Al argumento del dirigismo político, se suma el de quienes con genuino celo de austeridad se preocupan por no ensanchar la burocracia del Estado. Nada puede haber peor para la duplicidad de funciones, el malgasto de los recursos, y el incremento de los servicios personales en la burocracia oficial que estructuras dispersas, con políticas aisladas, planes descoordinados, y recursos centralizados, descentralizados y desconcetrados, ese es el peor de los mundos.

Frente a la Reforma del Estado y de cara a las elecciones federales del 2006, una nueva alianza estratégica debe formularse en aras de lograr una Política Cultural para nuestro país. Las elecciones serán generales, y no sólo presidenciales como la mayoría las reduce. Debemos colocar esta agenda centralmente en las manos del nuevo Congreso, y desde ahora en quienes aspiren a integrarlo. Por el Congreso pasan las líneas más importantes de la Política Cultural: una Reforma Constitucional y legal que cree la Secretaría de Cultura, el rediseño presupuestal y una política fiscal integral, que tome en cuenta a las industrias culturales. Que constituya un Sistema Estatal de Medios Públicos. Que democratice las telecomunicaciones, que abra a la competencia y a la pluralidad a la radio y la televisión. Que se revise la ley del libro, etc. Entre otras cosas. Y por supuesto la Reforma del Estado, para que haya Estado, y para que en la democracia florezca la Cultura.

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