Estoy absolutamente convencido de que la postura asumida por la directiva de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), en torno a la reforma de la Ley que los regula, es una táctica dilatoria que busca, no sólo aplazar, posponer y postergar, sino interrumpir una vez más el proceso de dictamen y aprobación de una nueva legislación en la materia. El predictamen lo conocen desde hace más de un año, no se trata de ninguna sorpresa; los temas los conocen mejor que nadie. Aún así, considero necesario que las comisiones senatoriales que estudiamos el tema, otorguen el tiempo adicional que piden los concesionarios para analizar el anteproyecto de dictamen y posibilitar un espacio de encuentro para la discusión y la valoración de sus puntos de vista. Que hasta hoy no conocemos de manera formal y pública.
En estricto sentido no sabemos la posición de la CIRT en su conjunto sobre el anteproyecto; conocemos algunos comentarios de los representantes de los dueños de la Televisión -los dos principales socios de esa cámara-, y de varios de los más poderosos radiodifusores, pero no tenemos una idea clara de si esos comentarios son compartidos por todos los agremiados. Con bastante frecuencia la Televisión usa a la radio para defender el privilegio de su condición duopólica, y hasta dentro de sus propios agremiados impone vetos, censura posiciones, y coloca por encima de todos y de todo, sus propios intereses. Esos intereses están cada vez más lejos de la democracia – en cuanto a pluralidad, libertad, equilibrio de poderes -, y de la niñez y la familia – en cuanto a la deseducación, la telebasura y el mercantilismo -, lo que no necesariamente pasa en la mayor parte de los concesionarios de la radio.
El tiempo solicitado permitiría conocer el funcionamiento de esa Cámara Industrial y sus mecanismos de consulta y el procesamiento de un asunto tan trascendente para el país. Por supuesto que el espacio de encuentro con el Senado de la República debiera ser la oportunidad para suscribir un compromiso formal de diálogo y discusión del anteproyecto, acordando un método y un calendario.
¿Podría imaginarse un diálogo entre propietarios de medios de comunicación y legisladores a puerta cerrada?. ¿En privado, en lo obscurito, con media luz o luz mortecina? Impensable. Sería autodestructivo de la naturaleza comunicacional; brutal, para la relación de los medios, el Estado y la sociedad. Sin embargo este es uno de los asuntos que ha impedido ese encuentro; bajo la óptica de los principales industriales de ese ramo tan público, todos los actores de todos los ámbitos de la vida política, económica, cultural, social, académica, eclesial o deportiva deben ventilar públicamente sus posiciones y ponerse frente a la luz, menos ellos. De hecho no consideran necesario concurrir de manera personal a hablar ante legisladores, para eso están sus representantes, “los Jefes se ven sólo con el Presidente de la República”.
Hace un año y medio, cuando el actual proceso de dictamen de la iniciativa de nueva Ley Federal de Radio y Televisión iniciaba su enésima etapa de consulta pública especializada, los directivos de la CIRT dejaron plantada a la subcomisión senatorial que, de manera exclusiva, había dispuesto un tramo de audiencias para escuchar y dialogar sus puntos de vista. Tres horas después de convocada, los senadores se retiraron de la sala, toda vez que llegó una carta firmada por un funcionario del organismo dejando en claro que no participarían directamente en el proceso.
La discusión pública es fundamental; los que intentamos la reforma de la Ley de Radio y Televisión no tenemos otro camino para explicar, extender y difundir nuestros propósitos más que haciendo públicos nuestros argumentos; la estrategia, es nuestra convicción, y la táctica, es que todo sea público. Por supuesto, para que se conozca también lo que piensan de la comunicación, de la información, de la educación y la cultura, de la democracia, de los derechos de sus trabajadores, de la competencia, del Estado, de las leyes, los que son dueños de medios de comunicación electrónica en nuestro país, hoy por hoy el principal instrumento que moldea la conciencia nacional.
El método de discusión puede ser el de artículo por artículo del anteproyecto, que consta de 200. Y el tiempo es lo que debe pactarse con mucho cuidado.
La mayoría de los que integramos la subcomisión dictaminadora, así como las comisiones unidas, hemos considerado que el actual período de sesiones es el momento propicio y la época conveniente para someter a discusión y aprobación el dictamen, de tal manera que fuera remitido como minuta en el mismo periodo a la Cámara de los Diputados. Mi posición, estrictamente personal, es que se pactara un calendario de audiencias en el Senado y se aprovechara la pausa que se abre.
El próximo 15 de diciembre concluye el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión; se abrirá un receso de mes y medio. El primero de febrero – de acuerdo a la reciente reforma constitucional al Artículo 65 -, deben volver a reunirse las cámaras para ocuparse del estudio, discusión y votación de los asuntos que les correspondan. Ese tiempo es casi natural para un proceso como éste.
La opinión de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión es necesaria en este proceso, si en efecto, se busca lograr el consenso más amplio posible, y una ley que nos sirva a todos los mexicanos. Es un factor fundamental, esa es la realidad, pero no absoluto. Saquemos el pretexto de en medio, y luego, que el Congreso sea poder soberano y dignidad de la Nación.