Hay una batida mediática en contra del Congreso y a propósito de la reforma fiscal. Busca desacreditar la tarea legislativa y hacerla aparecer casi como innecesaria, inútil. Sobre todo en la televisión, el grado de manipulación y distorsión de la información es asombroso. TV Azteca logra de nueva cuenta el primer lugar en la ofensiva con su manejo soviético.
La forma en que optaron algunos de nuestros medios por criticar a la institución parlamentaria, tiene más de linchamiento que del sentido constructivo, vigilante y rectificador que busca la crítica. Es exagerada y por lo tanto injusta. Lo único que logra es cohesionar, y hasta atrincherar a los legisladores en un rechazo total a los cuestionamientos, algunos certeros, otros discutibles, pero los más construidos en la inventiva.
Se busca desprestigiar al Congreso y su potencial transformador porque, entre otras cosas, ya se vio que el legislativo puede afectar los intereses del puñado de factores reales de poder en México, y reacomodar la estructura del sistema fiscal imponiendo mayores cargas a las clases poderosas.
Mucho se ha hablado de los impuestos especiales; cierto, los menos adecuados, los más regresivos en términos de desarrollo económico, sobre todo si pensamos en el de Telecomunicaciones, pero en realidad donde duele, es en el impuesto sobre la renta, su homologación, y el gravamen de lo suntuario. ¿Desde cuándo – preguntó Diego Fernández de Cevallos -, los ricos lloran por los pobres?.
Hay errores, sí. A mi parecer la exención de ISR a los burócratas, la eliminación de tasa cero a las editoriales, y una tasa no diferenciada en la renta para los autores. Pero tal fue el medro político sobre el IVA y sus distintas y variadas alternativas, que pocas fuentes de ingreso quedaron a salvo del regateo partidario, que protege primero los intereses electorales, que atender las necesidades reales del país.
El estruendo mediático ha imposibilitado generar al interior de las distintas bancadas, un proceso sereno de reflexión y evaluación de lo acontecido los últimos días del año pasado. Se diría y con razón que vemos la tempestad y no nos hincamos.
Sin embargo, tal proceso es un pendiente que tenemos que saldar entre los legisladores, pues algunas de esas fallas dieron pie al acoso de quienes se encargan de demostrar que era mejor cuando estabamos peor, y que un Ejecutivo concentrador de facultades y recursos no era en realidad tan malo.
En ese ejercicio autocrítico debemos por lo menos reconocer que los tiempos de ese proceso deben ser modificados y que el método de discusión y negociación debe regresar a las comisiones legislativas que para esos fines se han constituido, pues tan malo y denostado ha sido el país en manos de un solo hombre – “el presidencialismo”-, como puede serlo el Congreso en manos de cinco personas; porque eso y no otra cosa sucedió, las premuras substituyeron a un colectivo de 628 integrantes por un reducido grupo negociador. Ese modelo quedó agotado e impensable repetir las prisas de un periodo legal que otorga sólo treinta días a los legisladores para “conocer” el paquete fiscal.
Es fundamental que haya un período de descubrimiento de las distintas propuestas y alternativas, no sólo para el conjunto congresional, sino para los sectores involucrados en el que todos tengamos las cartas sobre la mesa y nos responsabilicemos cabalmente de las decisiones que se tomen, pero con la discusión y el análisis que se requiere, con el tiempo suficiente.
Pensar en un nuevo calendario legislativo lleva a revalorar la ampliación de los trabajos plenarios, pues en los recesos no es cierto que se de vida a las comisiones. Salvo contadas exepciones.
Es hora de poner en marcha el redimensionamiento del Congreso que propuso la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado y que supone reducir el número de legisladores en ambas cámaras, lograr un sistema de representación proporcional auténtico, la reelección de los legisladores, la ampliación de las facultades de investigación y fiscalización, así como aumento de los periodos de sesiones y de discusión del presupuesto y la ley de ingresos.
Los que nos quieren regresar al pasado, fortaleciendo la idea del presidencialismo y denostando al Congreso, no tendrían tantas armas de acometer el Congreso su propia reforma, en donde la rendición de cuentas, y la separación estricta entre negocios y política estuviera claramente reglamentada.
Con esta campaña televisiva, la incipiente división de los poderes en México recibe un tratamiento alevoso en su corta vida. A nadie puede escapar la inexistencia, hasta hace todavía un lustro, de un auténtico poder legislativo, que pasara de la capacidad deliberativa – en que “demostraba” nuestra pluralidad – a la definición por sí mismo de importantes políticas públicas al través del presupuesto y las leyes de ingresos fiscales. Pero ahora que hemos nacido a esa realidad democrática, es necesario reformar lo que fue pensado para que no hubiera vida parlamentaria y legislativa.
