De impuestos y cosas peores.
– Javier Corral Jurado.
El Diario de Chihuahua.- Por razones estrictas de mi trabajo legislativo -que se intensificó todo el fin de semana pasado en reunión tras reunión y culminó en el pleno de la Cámara de los Diputados a las seis de la mañana del domingo 1 de noviembre-, no pude entregar mi colaboración semanal a El Diario. Esa fue la única causa. Aunque he aprendido a descansar escribiendo, esta vez el agotamiento ganó la partida. El domingo fue sólo de reparación y por la noche, a la gentil invitación de José Luis y Lucy Muñoz, acudimos Cinthia Aideé y yo a la bien montada interpretación de la ópera Carmen que se presentó en La Esperanza. Los cuatro celebramos el indulto al toro, pues tras muchos años de ser aficionado a la fiesta brava, un día de hace ocho años me rebelé contra mí mismo, dejé de hacerme tarugo y ver arte donde no lo hay. El arte estuvo en las voces chihuahuenses que interpretaron los coros y personajes en los que George Bizet, distribuyó la pasión de su amor.
Lo anterior me da pie para compartir mi balance de lo acontecido en la aprobación del llamado paquete económico y tratar de explicar las razones de mis distintas formas de votar. Porque tuve votos a favor y en contra. Digo de entrada la amarga sensación que nos deja la negociación en su conjunto. Porque se trató de un proceso en el que concurrieron muy diversos actores e intereses, en un momento muy deteriorado de la Hacienda pública, bajo todo tipo de presiones -políticas, económicas y partidistas-, y con una nueva correlación de fuerzas en la Cámara de los Diputados que, a los del PAN nos colocan en una enorme desventaja no sólo frente a la mayoría que por sí mismos representan el PRI y la Telebancada del Partido Verde, sino en varias de nuestras propuestas, frente al resto de los partidos.
El PAN tiene en el Senado 50 miembros de 128, y entre los diputados sólo 143 de 500. Esa es la primera realidad a tomar en cuenta, cierto es, derivada de nuestra derrota electoral del 5 de julio y ésta a su vez de las graves omisiones que como partido gobernante hemos tenido en los últimos 9 años en desmantelar el régimen autoritario, corporativo y clientelar que prohijó durante 70 años al PRI, y que su mantenimiento, lo ha reposicionado.
En ese contexto la propuesta principal del Presidente de la República de aprobar un 2% al consumo generalizado, etiquetado al combate de la pobreza, fue rechazada tajantemente. Por supuesto que me parecía mejor eso, a lo que aprobamos, porque estaba destinada a reforzar los programas sociales, una mejor redistribución del ingreso hacia quienes menos tienen. Tampoco era posible no hacer nada frente al boquete fiscal de 370 mil millones de pesos porque ello mismo, aunque resulte paradójico, hubiera aumentado la tensión social, el gobierno no puede dejar de garantizar la inversión social, porque gobierno no sólo es la federación, sino también los estados y los municipios, el poder judicial y el congreso.
A la propuesta más polémica desde el punto de vista social, el incremento de un 1% al IVA concurrimos la mayoría de los diputados del PRI y del PAN, aunque hoy se discuta de quién provino la iniciativa. Uno es corresponsable de lo que aprueba. Y voté a favor. Estoy convencido de que los impuestos al consumo -con las ventanas de excepción que están abiertas-, son los más justos, porque son más generalizados.
Sin embargo, no todos los diputados y senadores del PAN votamos a favor de todo lo que se propuso. En una línea de consistencia política fuimos muchos diputados y senadores panistas que respaldando la necesidad de mayores ingresos para el gobierno, nos opusimos a la introducción de privilegios indebidos para las fortunas más acaudaladas del país. En tres asuntos las votaciones dividieron a los legisladores de Acción Nacional al interior de las bancadas, y entre cámaras.
Señalo privilegios indebidos porque, como lo mencioné en mi colaboración anterior, hay quienes se aprovechan de las crisis y de las negociaciones para imponer condiciones ventajosas, hacer negocios y sacar tajadas de provecho personal, no sólo político sino también económico. En la difícil situación que viven los más en nuestro país, aumentar impuestos resulta muy difícil de explicar, pero no hay posibilidad alguna de ofrecer argumentos, ni razones, cuando se conceden grandes privilegios a los más pudientes al mismo tiempo que se decretan esos aumentos o nuevas contribuciones para la población en general. Y esa fue la línea que tomé: apoyar al gobierno en una mayor recaudación porque de ahí saldrá el presupuesto, pero no prestarme a componendas vergonzantes, por más que se argumentara que era “o todo el paquete, o nada”.
Por eso voté en contra de los tratamientos especiales que se dieron en el régimen de consolidación fiscal dentro de la Ley del impuesto sobre la renta que permitió diferir el pago de impuestos a las empresas más acaudaladas del país por los siguientes cinco años. El Presidente Calderón que había reclamado airado su responsabilidad a las grandes empresas de México en el pago de contribuciones, propuso originalmente que en el primer año, los grandes causantes que no habían pagado sus impuestos, cumplieran con el 60% y el resto en pagos diferidos por cuatro años. Esa expectativa de ingreso significaba alrededor de 27 mil millones de pesos. La cámara de diputados al aprobar el esquema de consolidación bajó el primer pago al 40%. Aún así, voté a favor. Donde ya no estuve de acuerdo fue cuando el senado le rebajó otro 15%, y lo colocó en 25%. Voté en contra.
Sostengo que no sólo la clase política está dejando de ver el caldo de cultivo que para la irritación social producen estas decisiones, sino que también el sector empresarial debería ser el más preocupado por la enorme brecha de la desigualdad social que acumula desesperanza y desesperación. El 10% de la población mexicana acapara el 42% del ingreso; el segundo decil, diría la clase media, el 15% del ingreso. Todo lo demás es pobreza, y eso es estar parados bajo una bomba de tiempo que las celebraciones centenarias de nuestras dos revoluciones pueden detonar.
Por eso también me opuse al diferimiento gradual del impuesto del 2% al tabaco. Cuando la cámara de senadores aprobó aplicarlo todo de entrada, respaldé con mi voto esa medida que además de recaudatoria es un instrumento eficaz contra el tabaquismo, la principal causa de muertes en nuestro país. Todas las enfermedades crónicas, cardiovasculares, respiratorias, las epidemias derivadas de virus como el sida o la influenza, etc., suman al año 30 mil muertes en nuestro país. El tabaco consigue la muerte de 60 mil personas al año.
Con más ganas me opuse a la exención fiscal para los nuevos operadores de telefonía móvil en el país. Empresas altamente rentables, con altas tasas de retorno en sus inversiones y utilidades expoliadoras en los servicios que ofrecen, conquistaron finalmente bajo la presión directa de la voracidad insaciable de Televisa -la empresa que resultará más beneficiada- una condonación en el pago de derechos por dos años.
Hace dos semanas me explayé en explicar el tema, y desplegué entre mis compañeros de partido en la colegisladora una intensa tarea de información sobre el asunto.
En lo que era una necesaria corrección, el Senado eliminó la madrugada del sábado por mayoría de votos de las bancadas del PAN y del PRD, que sumaron 58 votos contra 50, ese transitorio de la ley federal de derechos que condonaba del pago de 5,600 millones de pesos. Entonces regresó el asunto a los diputados y no pasaron 24 horas, cuando en la madrugada del domingo, la cámara de diputados rescató por mayoría de votos de 252 contra 143, el absurdo privilegio fiscal.
Fue una combinación ilógica de actores e intereses políticos. Se formó mayoría con 180 diputados del PRI, con 47 del PAN, 17 del PVEM y 8 de Nueva Alianza. Quienes nos opusimos fuimos 68 diputados del PAN, 4 del PRI, 57 del PRD, 10 del PT y 4 de Convergencia. Hubo 27 abstenciones, 11 del PRI y 14 del PAN. Revivir la condonación echó mano del absurdo: dicen que se trata de fomentar la competencia en un sector que necesita de ese “incentivo”. Se trata de una mezcla de desinformación con una falta de rubor ante la sociedad mexicana.
El otro argumento falaz, elevado a nombre de la competencia, es que la “subasta” dará un pago fuerte de entrada al erario. Hay incluso quienes hablan de 2 mil a 2 mil 500 millones de pesos. Lo interesante sería saber en qué se basan para decir eso, cuando el precio base determinado por la propia Secretaría de Hacienda de los 90 mega hertz es de 180 millones de pesos. Suponen que habrá puja hasta llegar a los 2 mil millones. Y si esto fuera cierto, la segunda pregunta es si quienes lo afirman, creen que ello es una cantidad mayor que 5,600 millones.
Conforme avanzó la polémica de este tema fue quedando claro que no había argumento técnico, ni jurídico, ni económico o social que convalide un privilegio fiscal de esta dimensión. Y también fue más claro que la razón de este nuevo privilegio fiscal, es estrictamente política y sus motivos tan absurdos como inaceptables. Se trata de convalidar una negociación del Senador Manlio Fabio Beltrones con Televisa, que por la vía de la exención de derechos, “resarce” la “pérdida” que esa empresa dice tener a costas de la reciente reforma electoral que prohibió la contratación comercial de propaganda electoral. El reembolso busca darse completito y copeteado.
En realidad estamos ante una disputa priísta por determinar quién se erige en el factótum de la relación con la televisión para las elecciones del 2012, y la competencia está, ni más ni menos, en quién le consigue más dinero a Televisa. Manlio no tiene el presupuesto del que Peña Nieto dispone para chorrear millones a la pantalla de la televisión comercial que lo ha inventado, pero tiene ley de derechos, y en el Congreso, él manda.
La pregunta obligada que me hago, y sé que muchos se hacen es: ¿Y qué hace una parte del PAN en esa negociación? ¿Fortalecer por ahora a Beltrones, en supuesto debilitamiento del gobernador Peña Nieto, para luego fortalecernos nosotros? ¿Y la dura lección de los resultados electorales del 5 de julio, donde quedaron?
Al regresar de nueva cuenta al Senado la exención fiscal, la mayoría de senadores que habían votado por eliminarlo ya no se sostuvo. Las presiones aumentaron a todo lo que dio, y varios, tanto del PAN como del PRD se doblaron. Intacta en su postura, fiel a la mejor tradición del PAN, la Senadora panista por chihuahua, Teresa Ortuño Gurza, mantuvo su voto en contra. También admirable, la congruencia política del senador Ricardo García Cervantes, quién no sólo votó en contra sino al hacer uso de la tribuna, denunció la inconstitucionalidad de la medida.
Entre los que han concurrido de nueva cuenta con su voto, a levantar la exención que ya se había eliminado, varios tienen una clara conciencia de que se trata de una transacción indebida, de una componenda política. Y ahí está el asunto más grave, porque en menos de dos meses de funcionamiento de la nueva legislatura y exactamente a dos del rectificador discurso del Presidente de la República, está embatida la esperanza, nuevamente envenenando el ambiente político en general y entre nosotros los panistas en particular, por seguir consecuentando a los muchachos de la Televisión, que juegan y se ríen viendo cómo ellos pueden poner a operar a su servicio a las cámaras del Congreso de la Unión de la gran Nación Mexicana.
No creo que haya un solo legislador federal que esté conforme o satisfecho con lo aprobado. Hay un sabor amargo del desenlace y de la forma en que se han procesado varias decisiones. Pero pienso que hay unos que tienen más cara que otros, para dar razón de su conducta política.