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Comentarios a la propuesta del Sen. Héctor Osuna

Comentarios a la propuesta del Sen. Héctor Osuna

  • Sen. Felipe Vicencio Álvarez, Sen. Javier Corral Jurado.

1. Principios Fundamentales (Objeto de la ley)

• Aunque se regula el servicio de radio y televisión, este se restringe al ámbito de la radiodifusión abierta, es decir, excluye el servicio prestado por la televisión y audio restringidos que se incorporaban retomando lo que el propio reglamento en la materia adjudica como atribución de la Ley Federal de Radio y Televisión.

En este sentido, el servicio queda regulado parcialmente pues ignora que independientemente de la forma tecnológica a través de la cual se preste, el publico recibe programación (contenidos, valores, ideas y opiniones) especialmente en la actualidad, cuando el rápido desarrollo del servicio restringido juega un papel cada vez más importante como medio de comunicación masiva en lo hogares mexicanos, por lo que exige que los contenidos de su programación no queden exentos de regulación y que, con la debidas especificaciones que merecen las características particulares de esta modalidad, ésta no sea diferente en lo fundamental de las condiciones que se obliga a cumplir a los prestadores del servicio radiodifundido.

• Muy delicado resulta el que desaparezcan del Capitulo de principios fundamentales, las obligaciones a las que deberán comprometerse los prestadores del servicio y que se establecían como parámetros fundamentales para garantizar la eficacia y pertinencia del servicio .En el Dictamen en comento, esas obligaciones que eran para los operadores, ahora son para la COFETEL, es decir, en el articulo 5 se establecen las responsabilidades del Estado y el 6 las obligaciones de la COFETEL ¿ y las responsabilidades de los prestadores del servicio?

2. Órgano Regulador

• Desaparece el Consejo Nacional de Radio y Televisión como órgano regulador del servicio y se asigna la totalidad de las tareas a la COFETEL que, aunque se propone en otro dictamen su incorporación a la LFT, no considera la totalidad de las atribuciones y requisitos de idoneidad de los comisionados. Por otra parte y como un aspecto sumamente riesgoso, se deja en un Decreto por separado que modifica la LFT, la “recomposición” de la COFETEL sujetando las modificaciones sustanciales del órgano regulador (composición, atribuciones, límites, características de su operación, etc) en otra ley (cuyo dictamen lleva casi 5 años en espera de su aprobación). El riesgo es que todo el esfuerzo por actualizar en un ordenamiento jurídico moderno y democrático las reglas del servicio de radio y televisión quede en un ordenamiento que deja al órgano regulador responsable de la vigilancia de la ley, en otra ley. Un asunto tan fundamental como el servicio de radio y televisión requiere de un órgano regulador especializado que pueda atender las múltiples normas que se proponen, por el contrario, el Dictamen las deja en un órgano meramente técnico.

• Las competencias de las Secretarias de Comunicaciones y Transportes y de Gobernación quedan como están en la Ley vigente, como si no hubiera sido esa una de las principales propuestas expresadas por infinidad de actores que propugnaron por la modificación de la Ley. Por ello, la propuesta no presenta ningún cambio sustantivo en las aspiraciones de una reforma integral de la ley.

El CNRTV eliminado del Dictamen realizaría funciones sustantivas que actualmente ejercen la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Gobernación. Pasando la administración del espectro a un órgano con independencia, que transparente y despolitice esta función; por otro la vigilancia de los contenidos debe separarse de las funciones de la Secretaría de Gobernación cuya responsabilidad esencial es la conducción de la política interna del país. Con ello se busca despolitizar la regulación sobre la programación lo que constituye un paso fundamental para garantizar la libertad de expresión y avanzar hacia la democratización de los medios. En el caso de la propuesta original se establecían los transitorios necesarios para actualizar la Ley Federal de Radio y Televisión

• Se presentan contradicciones elementales en torno al “ajuste” del órgano regulador ya que la COFETEL es el órgano dependiente de la SCT que realiza todo el procedimiento del proceso de otorgamiento de concesiones, permisos y asignaciones directas (antes medios de Estado) sin embargo es el Secretario de Comunicaciones y Transportes el que los otorga. En el caso de los a otros aspectos, como vigilancia de la ley, supervisión de contenidos, administración del tiempo de Estado, determinación de loas horarios de transmisión de acuerdo a los públicos, vigilancia de la publicidad, es decir, todo lo relativo al servicio mismo, a pesar de que son atribuciones de la SeGob, en el articulado son asignados a la COFETEL.

Esto genera no solo contradicción en la redacción y sentido mismo del texto de la ley sino representa una invasión de ámbitos de competencia entre las Secretarias de Estado, además de que no propone modificación alguna a la situación vigente desde 1960.

3. Régimen de otorgamiento de concesiones permisos y Medios de Estado.

• La atribución la tiene la Secretaria con el apoyo del la COFETEL.

• Se modifica la duración de las concesiones de 10 años propuestos a 20 años, lo que refleja indudablemente un sentido proteccionista de los intereses de la industria y no a una voluntad de apego a la legalidad en un servicio de esta importancia, ya que si bien se proponía una renovación casi automática, el establecimiento de periodos de 10 años, permitía a la autoridad hacer una revisión del apego a la ley de aquellos que gozan del privilegio de contar con una frecuencia para prestar el servicio.

• Se presenta como criterio fundamental para la asignación de las concesiones la licitación por subasta publica lo que generará el que sea el criterio económico, el dinero, lo que determine quien puede ser el titular de un servicio de interés publico que ya hoy presenta altos índices de concentración y practicas monopólicas de grupos hegemónicos que ya concentran la oferta mediática, Nada menos afortunado que el concepto de subasta para modificar el régimen de concesiones. El derecho a la información no debe estar constreñido al mejor postor. La propuesta de la Subcomisión incluso había eliminado la mención a la licitación publica para evitar la confusión acerca de que ese pudiera ser el criterio, lo importante era, y sigue siendo, la publicitación del proceso para avanzar en su transparencia.

• Al no existir la regulación del servicio restringido, queda fuera el tema de la transmisión de la señal abierta a través de los canales restringidos, ni como obligación (como se proponía) ni como un acuerdo mediante contraprestación…NADA.

Muchas zonas del país donde la señal abierta no llega, no podrán, ni por cable, ni por satélite, recibir el servicio.

La incorporación del “must carrier” (obligatoriedad de transmisión simultanea gratuita) además de buscar el beneficio de mayor cobertura para la sociedad pretende que con la transmisión de la señal abierta, sin mutilaciones, cambios ni inserciones de ninguna especie, coadyuvaría a tener mayor cobertura y consecuentemente un atractivo comercial para los anunciantes; la naturaleza comercial de las estaciones de TV abierta es su gratuidad, el mismo criterio debe versar en el caso de las redes de cable, respecto de dichas señales. De hecho en el registro de las tarifas se podría indicar los canales que integran el servicio de paga, por lo que no se debería incorporar al cobro las de señal abierta

• Se modifica la figura de medios de Estado por el de asignación directa, que aunque no representa modificación substancial en el sentido jurídico, si elimina la posibilidad de que los medios de Estado sean jurídicamente reconocidos como tal en el texto de la ley, lo cual representaría un primer paso para avanzar en la configuración de este servicio publico fundamental para un estado democrático.

• En el caso de los permisos, resulta CURIOSO encontrar en un cambio aparentemente simple, eliminar hasta el uso de la palabra comunidad. Ya que en la definición original la figura de Permiso se asignaba a “aquellas destinadas a atender las necesidades de comunicación, información y experimentación, en particular en beneficio de las comunidades de su zonas de cobertura y siempre que su finalidad no sea el lucro”, para quedar como “Las estaciones culturales, de experimentación, escuelas radiofónicas, sin fines de lucro”. Lo mismo se repite en el artículo 66 del Dictamen al que se elimina de la definición de permiso el párrafo “de las comunidades en el área de su cobertura”

• Para los permisos y asignaciones directas se elimina una de las principales reformas largamente demandadas, la de su financiamiento por medio de publicidad, que aunque acotada al 7% y etiquetada en su aplicación, permitía la posibilidad no solo de desarrollo y consolidación de estas opciones sino que generaba, al menos un margen de mayor autonomía, en el caso de los medios de Estado, de la subsistencia exclusiva del presupuesto publico que tanto daño ha hecho a su credibilidad y avance democrático.

• Se elimina el artículo que establecía que cada dos años se asignara a los medios de Estado un recurso adicional de 10% para renovación tecnológica e infraestructura, dejando sin este incentivo a los medios no comerciales.

• En el Dictamen en comento solo se permite el patrocinio, lo cual afecta especialmente la subsistencia de las Permisionadas (las de uso social). De hecho en la ley vigente, el patrocinio no esta prohibido, ha sido práctica de la autoridad, por presión de los concesionarios, el limitar hasta en esto a las actuales Permisionadas entre las que se encuentran los medios de Estado. Ahora, con la separación de las figuras jurídicas, la inviabilidad de los permisos se agudiza más aún que en la ley de 1960.

4. Reglas de Competencia

• Se elimina el límite del 35% para la asignación de mas frecuencias a un solo operador, en una misma modalidad y en una misma área de cobertura, incluso eliminando siquiera la mención a que la COFECO tome como criterio para su valoración la prohibición constitucional de los monopolios y sus practicas concentradoras que constituyan ventajas a favor de una empresa en perjuicio de otras y del publico en general para actuar como agente dominante con poder sustancial del mercado. Nada, ni una sola mención que oriente a la COFECO en su dictamen, menos aun, ningún artículo que siquiera lo toque de lejos.

En el caso de la radio y televisión los límites a la concentración se deben además de la promoción de la competencia económica, a la necesidad de que en un servicio de interés público se asegure una pluralidad de puntos de vista en los medios de difusión. Los objetivos sociales y del derecho a la información de los ciudadanos atraviesan de manera importante en el sentido de los límites a la concentración y los criterios no deben ser medidos exclusivamente en términos económicos y mercantiles, sino del servicio de interés publico que prestan..

Si bien los niveles de concentración están establecidos claramente en la LFCE especialmente en el Capítulo III, dada la importancia y especificidad del servicio que regula la Ley Federal de Radio y Televisión y que no solo considera las variables económicas, sino las del valor intangible de su producto, como es la información, la cultura, el entretenimiento y la conformación de valores y agendas públicas. Por lo que sin menoscabo de lo establecido en la LFCE es necesario que se incorporen a la ley los límites máximos que deberemos vigilar para la prestación de un servicio de interés público. Los límites a establecer en la concentración son fundamentalmente para garantizar a las audiencias una oferta múltiple que les permita optar.

Por esas razones consideramos necesario que la Ley establezca límites y que la CFC, además de los establecidos en su propia normatividad permita garantizar el reordenamiento plural en la administración de frecuencias.

5. Contenidos.

• Como señalamos anteriormente, además de la contradicción entre las atribuciones que se asignan a la SeGob con el articulado de la ley, el Dictamen establece, sin darle atribuciones expresas para ello a la COFETEL, que será quien establezca los criterios y lineamientos para la clasificación de la programación, además administrará la transmisión de los tiempos de Estado y no establece quien será la autoridad responsable de la vigilancia de la publicidad, aunque se interpreta que será la COFETEL pues es la autoridad que establece y cobra las sanciones respectivas.

Esto violenta el espíritu original de la propuesta que busca, mediante la constitución de un Órgano regulador plural, generar criterios abiertos y transparentes para el establecimiento de los criterios de los contenidos de la radio y la televisión.

• Se elimina la obligatoriedad de las cadenas nacionales de incorporar en su programación un 20% de producción independiente.

• La obligatoriedad de un 50% de programación nacional se reduce al 30%.

6. Tiempos de Estado

• Mantiene los 30 minutos establecidos en la ley vigente, a diferencia de los 60 minutos propuestos que incorporaban al tiempo fiscal ya que éste se eliminaba, en el Dictamen no se hace referencia alguna a los tiempos fiscales ni mantiene la propuesta (en transitorios) de su desaparición por lo que permite suponer que se mantiene como quedo establecido en el decreto del 2002.

• Como ya se menciono, la COFETEL administrará la distribución de estíos tiempos. Violentando lo establecido en el mismo texto respecto a la atribución, en este ámbito, de la SeGob.

7. Derecho de replica

• La autoridad que resolverá controversias es la COFETEL

• Se incorporan criterios subjetivos como el de la improcedencia del Derecho de Replica cuando se refiera a hechos o información irrelevante. (¿Para quién?) o aquella que pueda ser constitutiva de una acción civil y/o moral.

8. Tiempos Electorales.

• Se elimina la prohibición de la tarifa política o diferenciada para partidos políticos y candidatos.

• Lo establecido en el proyecto respecto a la exclusividad del IFE para la contratación del tiempo de los partidos políticos en la radio y la televisión queda eliminado refiriéndolo a lo establecido al COFIPE

En este sentido, la oportunidad de acotar la discrecionalidad y el abuso en el cobro de las tarifas publicitarias que generan cuantiosos ingresos a los medios electrónicos a costa de los recursos públicos asignados a los partidos políticos y que han encarecido los procesos electorales fundamentalmente por el concepto de pago de tiempos en radio y televisión no puede dejarse a que una reforma del COFIPE avance si se tiene la oportunidad de acotarlo desde la misma ley que regula a quienes venden los espacios.

9. Tecnología y servicios agregados

• No establece las normas a las que deberán sujetarse los prestadores del servicio de radio y televisión cuando, a través de sus frecuencias presten servicios agregados de telecomunicaciones.

• En la recuperación de frecuencias por mejoras tecnológicas los concesionarios, y no el Estado, serán los beneficiarios directos. Esto genera una virtual cesión del espectro en todo el ancho de banda, asignado originalmente a un concesionario -por razones técnicas -para operar una frecuencia de radio y televisión.

La administración eficiente del espectro, responsabilidad del Estado, no puede ser interpretado restringiendo posibilidades para nuevas frecuencias y por lo tanto, nuevos operadores, en este caso, los mismos operadores concentrados en pocas manos seguirán operando mas frecuencias o servicios agregados, beneficiando a los que históricamente se han visto beneficiados.

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