Posicionamiento del Colegio Nacional de Economistas, A.C.
Documentos relacionados con Iniciativa del Senado sobre Radio y TV, sobre Ley Televisa y sobre Acción de Inconstitucionalidad
Opinión del Colegio Nacional de Economistas, A.C. sobre la reforma de Telecomunicaciones, Radio y Televisión.
México D.F. , 21 de Febrero de 2006
Senador Héctor Guillermo Osuna Jaime
Presidente
Comisión de Comunicaciones y Transportes Senado de la Republica
P R E S E N T E
Hacemos referencia al Dictamen de la Iniciativa de proyecto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados el 29 de noviembre de 2005.
Al respecto, el Colegio Nacional de Economistas A.C. quiere establecer su opinión sobre algunas de las omisiones y los defectos detectados en la Iniciativa, misma que de ser aprobada en sus términos actuales podría, independientemente de mantener los fuertes problemas detectados en el diseño institucional del regulador, tener efectos perniciosos sobre el desarrollo de una sana competencia entre los diversos concesionarios de ambos sectores.
Por lo anterior, el Colegio Nacional de Economistas A.C. considera que, antes de su aprobación por el Senado de la Republica, se deben incorporar adecuaciones pertinentes a la minuta, para que esta se pueda convertir en un marco legal adecuado que permita regular, promover y supervisar el desarrollo eficiente y la cobertura social amplia de los servicios de telecomunicaciones y de Radio y Televisión, en un ambiente de sana competencia y de rápido cambio tecnológico.
Sin más por el momento, aprovechamos la oportunidad para enviarle un cordial saludo
A T E N T A M E N T E
Oscar Guerra Ford
Presidente
Colegio Nacional de Economistas
Fernando Butler Silva
Secretario Académico
Colegio Nacional de Economistas
c.c.p. Sen. Eric Luis Rubio Barthell
c.c.p. Sen. César Raúl Ojeda Zubieta
c.c.p. Sen. Emilio Gamboa Patrón
c.c.p. Sen. Jorge Abel López Sánchez
c.c.p. Sen. José Eulogio Bonilla Robles
c.c.p. Sen. Aracely Escalante Jasso
c.c.p. Sen. Héctor Vicario Castrejón
c.c.p. Sen. Omar Raymundo Gómez Flores
c.c.p. Sen. Javier Corral Jurado
c.c.p. Sen. Alfredo Martín Reyes Velázquez
c.c.p. Sen. Alberto Miguel Martínez Mireles
c.c.p. Sen. Wadi Amar Shabshab
c.c.p. Sen. José Alberto Castañeda Pérez
c.c.p. Sen. Serafín Ríos Ãlvarez
c.c.p Sen. Enrique Jackson Ramírez
c.c.p. Secretario Técnico Lic. José Jorge Mena Ortiz
Introducción
El objeto del presente documento es establecer la opinión del Colegio Nacional de Economistas A.C. (“CNE”), representación gremial de más de 15,000 economistas mexicanos afiliados, respecto de la Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica y de la Ley Federal de Radio y Televisión (“Iniciativa”), recientemente aprobada por la Cámara de Diputados y presentada al Senado para su discusión, y en sus caso, aprobación.
Al respecto debe observarse que el CNE considera que la Iniciativa representa un importante intento de adecuar el marco regulatorio mexicano a los desafíos que impone el fenómeno de la convergencia digital a las redes de comunicaciones, la cual esta borrando las fronteras entre las redes de telecomunicaciones, y las de los proveedores de televisión vía cable o satélite.
Esta convergencia tecnológica de redes de video, telecomunicaciones y computadores implica que en la actualidad existen múltiples alternativas para trasmitir señales e incorporar a la población mexicana al uso de las nuevas tecnologías, y que es posible intensificar la competencia entre los diferentes proveedores de servicios de comunicaciones y mejorar el nivel de bienestar de los consumidores [1]. Todo esto llama a desarrollar políticas públicas que incentiven dicha convergencia tecnológica y el uso de nuevas tecnologías eficientes por parte de las empresas y las familias mexicanas.
Asimismo, el CNE considera que tanto la Ley Federal de Telecomunicaciones (“LFT”) como la Ley Federal de Radio y Televisión (“LFR T”) deben ser reformadas, a fin de que los sectores de las telecomunicaciones y de la radiodifusión esten bajo un mismo marco regulatorio, se modernicen y contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población mexicana y a ofrecer mejores condiciones económicas para los demás sectores productivos del país.
Sin embargo, sin dejar de reconocer la importancia que tiene el contar con un marco legal que promueva la difusión eficiente de las tecnologías digitales en México, debe observarse que los efectos positivos de estas en la competitividad de las empresas del país y en el nivel de bienestar de los consumidores, solo serán posibles en la medida de que el ente regulador cuente con las facultades suficientes para regular, promover y supervisar los sectores de Telecomunicaciones y Radio y Televisión, y de que todos los agentes y tecnologías presentes en estos sectores compitan en igualdad de circunstancias situación que, a juicio del CNE, no se encuentra garantizada con el contenido actual de la Iniciativa. Por lo anterior, el CNE considera que, antes de su aprobación por el Senado de la Republica, se debenregiativa, para que esta se pueda convertir en un marco legal adecuado que permita el desarrollo eficiente y la cobertura social amplia de los servicios de telecomunicaciones y de Radio y Televisión, en un ambiente de sana competencia y de rápido cambio tecnológico.
Diseño Institucional eficiente del órgano regulador frente a la convergencia digital
Con respecto al diseño regulatorio eficiente que impone el fenómeno de convergencia digital, de la lectura de los documentos relevantes emitidos por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (“OECD”), puede observarse que las mejores experiencias internacionales en términos de logros en reducciones tarifarias para los consumidores, y acceso, diversificación y calidad de los servicios de comunicaciones, siguen prácticas que se basan en la liberalización de los mercados, el desarrollo de esquemas regulatorios sólidos y la promoción efectiva de la competencia entre los proveedores de servicios de comunicaciones [2]
En particular, respecto del diseño del marco regulatorio eficiente para hacer frente al acelerado cambio tecnológico y a la convergencia digital, la OECD recomienda: i) adoptar los principios de neutralidad tecnológica y flexibilidad [3]; ii) instaurar reguladores autónomos e independientes; iii) fortalecer el alcance, efectividad y aplicación de la política de competencia; iv) asignar de manera eficiente los recursos escasos, incluyendo el espectro radioeléctrico; v) promover el acceso al servicio universal: vi) proteger a los consumidores; y vi) eliminar las regulaciones económicas innecesarias.
En relación a lo anterior, la Iniciativa en comento señala que tiene el propósito fundamental de actualizar la normatividad de la radio y la televisión, homologando el marco regulatorio aplicable a ambos servicios, de acuerdo con los estándares internacionales surgidos a propósito de la convergencia tecnológica, de modo tal que se cuente con un marco regulatorio congruente y estrictamente apegado al orden jurídico nacional. Adicionalmente, la Iniciativa establece que la Comisión Federal de Telecomunicaciones (“COFETEL”) asumirá las atribuciones y facultades en materia de regulación de los servicios de radio y televisión abierta manteniendo su actual esfera de competencia por cuanto hace a la regulación de los servicios de telecomunicaciones a que se refiere la Ley Federal de Telecomunicaciones y su Reglamento.
Al respecto, por un lado debe observarse que la experiencia internacional no es concluyente sobre la conveniencia de que exista un solo ente regulador para el sector de telecomunicaciones. Algunos países han creado un solo órgano regulador facultado para regular tanto los medio de transmisión como los contenidos, aunque a través de legislaciones separadas, como ocurre en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia. Otros países, como la mayoría de los países miembros de la Unión Europea no han considerado necesario adoptar un solo regulador, y hasta el momento no existe información que señale que alguna de las opciones ofrece ventajas intrínsecas.
Por otro lado, el CNE considera que el contenido de la Iniciativa en comento no garantiza que la política regulatoria en el sector respete el principio de neutralidad tecnológica, así como que permita introducir a una agencia reguladora realmente autónoma e independiente, aunque se consideran adecuados tanto los propósitos de dotar al regulador de mayor autonomía, como el establecer criterios objetivos de elegibilidad y periodos fijos del mandato de los Comisionados, así como el dotar al Pleno de la COFETEL de. cinco miembros, pues estas reformas darán mayor fortaleza a las decisiones del órgano colegiado, y reducirán la incidencia de las presiones políticas en la gestión de los miembros del Pleno, dotando al ente regulador de mayor independencia,
Sin embargo, el CNE considera que también es necesario incluir en la Iniciativa, reformas que resuelvan de una vez por todas uno de los principales problemas del sector: la fragmentación de los procesos regulatorios entre la COFETEL y la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (“SCT”), la cual ha retrasado la aplicación de las decisiones regulatorias y el desarrollo de la competencia en el sector. Al respecto, a pesar de que se le otorga la autonomía de gasto a la agencia reguladora, esta solo tendría facultades para participar en ciertas etapas de los procesos regulatorios, pues la Iniciativa permite que la Secretaria continué teniendo las facultades para otorgar concesiones de servicios de telecomunicaciones y para aplicar sanciones a los concesionarios, o de que el titular de la misma tenga facultades para objetar las decisiones del Pleno de la COFETEL. Por lo anterior, la SCT continuara con facultades sustantivas para controlar y decidir sobre dichos procesos, dejando sin contenido real la supuesta autonomía del regulador [4] ya que, por ejemplo, si el titular de la SCT por diversas razones esta en contra de una resolución del Pleno, podría revertirla sin más.
Al respecto, el CNE considera que, para eliminar el sistema de doble ventanilla que tanto daño le ha causado a la implementación de la política regulatoria en el sector y al desarrollo eficiente del mismo [5], [6], es necesario incorporar a la Iniciativa el que: a) La COFETEL sea el organismo regulador único en todos las fases del proceso regu1atorio de los servicios de Telecomunicaciones, Radio y Televisión en México, b) La COFETEL disponga de las facultades para otorgar concesiones de radio, televisión y telecomunicaciones, y para sancionar actividades ilegales de los concesionarios, para evitar la discrecionalidad y el manejo político de las mismas por parte de la SCT, y c) Las decisiones de la COFETEL no sean objeto del recurso de revisión ante el titular de la SCT, sino que sea el mismo pleno el que conozca de los recursos de reconsideración por parte de los quejosos [7].
Por otra parte, resulta importante en sectores donde existes altos niveles de incertidumbre y de dinamismo tecnológico, y donde se requieren elevados montos de inversiones hundidas por parte de los inversionistas privados, el asegurar tanto la transparencia como la imparcialidad de las decisiones del regulador, mismas que siempre deberán estar alineadas al interés publico, y nunca dar lugar a sospechas de que fueran tomadas con base en intereses privados de los Comisionados integrantes del Pleno de la COFETEL.
Al respecto, el CNE considera que en la Iniciativa deben establecerse restricciones para impedir que los Comisionados de COFETEL puedan participar en asuntos en los que tengan interés directo o indirecto debido, entre otras razones, a que hayan tenido relación profesional, económica o corporativa en el pasado reciente con empresas del sector con interés en los asuntos en comento. Los comisionados deberán tener la obligación de excusarse del conocimiento de los asuntos en que tengan algún impedimento, expresando concretamente la causa del mismo, en cuyo caso el Pleno calificará la excusa. Tanto la excusa como la calificación de la misma deberán poder ser consultadas por todos los interesados.
Por otro lado, debe reconocerse que al crear puestos públicos inamovibles durante periodos de ocho años, como al otorgar tanto nuevas facultades como recursos adicionales a una Agencia reguladora para que lleva a cabo sus funciones relativas al desarrollo eficiente de sectores cruciales para. el crecimiento económico y social del país, lo menos que se le puede exigir es que cumpla sus funciones de manera eficiente, y que su fortalecimiento se vea reflejado en mejoras del nivel de bienestar social de los consumidores y de la competitividad de las empresas mexicanas.
Por lo anterior, el CNE considera que se debe reformar la minuta para que esta contenga un marco claro de rendición de cuentas de la Agencia Reguladora, y del ejercicio de su presupuesto, ante las comisiones correspondientes del Congreso, con base en logros de: a) Reducciones tarifarias, b) Diversificación de servicios y difusión de nuevas tecnologías, c) Aumentos en la calidad de los servicios, d) Aumentos de la cobertura social, y e) Aumentos de Eficiencia y del cociente beneficio-costo de la Agencia [8].
Establecimiento de condiciones para la sana competencia entre los concesionarios
El CNE considera que el seguir política eficiente, flexible y que busque eliminar barreras a la entrada de nuevos competidores en la administración del espectro radio-eléctrico, resulta c ruci al para el desarrollo de nuevos servicios y para incentivar el desarrollo de la competencia en la provisión de los mismos, ya que el espectro radioeléctrico constituye un recurso esencial y escaso para el desarrollo de las redes inalámbricas, las cuales enfrentan una demanda creciente.
Al respecto, el CNE considera que resulta importante y positivo el que en la Iniciativa el otorgamiento de las nuevas concesiones sea mediante licitación pública, pues esto propiciaría la competencia entre los agentes interesados y tendería a generar una asignación eficiente del espectro radioeléctrico. Sin embargo, el CNE considera que las reformas a la LFR T que propone la Iniciativa, no aseguran la eficacia en al prestación de dichos servicios y no evitan, necesariamente, fenómenos de concentración industrial en la asignación del espectro Radioeléctrico contrarios al interés público.
Con relación a lo anterior, se considera que la Iniciativa establece requisitos asimétricos entre diferentes tipos de concesionarios, ya que no contempla la opinión de la CFC respecto al otorgamiento de concesión de servicios de radiodifusión y para la modificación para la prestación de servicios adicionales a través de las bandas de frecuencias de espectro radioeléctrico concesionadas, lo cual contrasta desventajosamente con el requerimiento de opinión favorable de parte de dicha agencia establecido para que los interesados participen en las licitaciones de espectro radioeléctrico para la prestación de servicios de telecomunicaciones. Por otra parte, la Iniciativa tampoco considera que la COFETEL pueda establecer obligaciones específicas para concesionarios de radiodifusión con poder sustancial de mercado.
Asimismo, respecto de las solicitudes de prórroga de la concesión para prestar servicios de radio y televisión, debe observarse que la Iniciativa establece que los operadores establecidos tendrán preferencia sobre terceros y no se sujetaran al mecanismo de la licitación, es decir, la Iniciativa no prevé, en principio, la reversión o la devolución al Estado del espectro liberado con motivo de la digitalización por parte de los concesionarios de servicios de radiodifusión lo que les permitiría mantenerlo y utilizado para prestar servicios de telecomunicaciones de manera comercial, utilizando canales y frecuencias que les fueron atribuidas al servicio de radiodifusión con el fin de hacer su migración a tecnología digital [9]. En esta forma, los concesionarios existentes conservan los derechos obtenidos de manera directa y discrecional con base en la legislación vigente, lo cual podría crear costos regulatorios asimétricos y barreras a la entrada en contra de los nuevos entrantes en el sector, lo cual es contrario al desarrollo de un ambiente de sana competencia [10], [11].
Lo anterior, queda claro de una lectura de la propuesta de redacción del articulo 28 de la LFR T contenida en la Iniciativa, ya que este establece la posibilidad de que los concesionarios de radiodifusión que deseen prestar servicios adicionales de telecomunicaciones de una manera expedita, al presentar una solicitud a la SCT, por lo que no se someten a un concurso de licitación de frecuencias del espectro radioeléctrico, ni requieren la opinión favorable de la CFC, ni están obligados a pagar siempre una contraprestación económica al estado. En contraparte, las empresas de telecomunicaciones que desean incursionar como operadores de servicios de radio y Televisión, se deberán someter a un concurso de licitación de frecuencias, deberán pagar una contraprestación económica por la concesión, y tendrán que contar con la opinión favorable de la CFC.
Al respecto, debe señalarse que el CNE considera que la aprobación de la Iniciativa podría colocar al estado en una situación regulatoria desfavorable con respecto a la situación existente en otros países, debido a que la redacción del articulo 28 contenida en la Iniciativa establece que si las empresas de radiodifusión quieren prestar servicios adicionales de telecomunicaciones en sus canales concesionados, el gobierno “podrá” requerir una contraprestación económica. Al respecto de dicha redacción, debe observarse que en Estados Unidos el gobierno tomó la decisión de cobrar una tasa establecida de los ingresos brutos generados por todos los servicios de paga que proporcionen las televisoras en sus canales digitales, mientras que en España, las televisoras digitales requieren títulos nuevos para proporcionar los servicios adicionales de telecomunicaciones y por los cuales el gobierno, en todo caso, exige una contraprestación económica.
Adicionalmente, se considera que la intención de la Iniciativa para involucrar a la COFECO en el proceso de otorgamiento de concesiones es favorable para proteger el proceso de competencia y libre concurrencia. Sin embargo, el mecanismo propuesto sólo requiere la “solicitud” de opinión favorable de la COFECO.
El CNE considera que para garantizar la efectiva protección concurrencia en los mercados, se debe requerir la opinión favorable de ña COFECO [12].
Por lo anterior, el CNE considera que la Iniciativa debe modificarse para: a) otorgar facultades a la COFETEL, y establecer la obligatoriedad de utilizadas, para diseñar contraprestaciones para el uso del espectro para prestar servicios de telecomunicaciones, radio y/o televisión proporcionales para todos los diferentes tipos de concesionarios, b) establecer que el tratamiento regulador para concesionarios de radio y televisión que deseen prestar servicios de telecomunicaciones deberá ser el mismo que tienen los concesionarios de telecomunicaciones que deseen prestar servicios de radio y televisión a fin de eliminar asimetrías regulatorias que favorezcan indebidamente a algunos concesionarios, c) establecer la obligatoriedad de que los interesados en participar en alguna subasta pública de espectro radioeléctrico deberán obtener con antelación la opinión favorable de la COFECO, y d) establecer facultades para que la COFETEL establezca obligaciones específicas en materia de tarifas, calidad de servicio e información, para aquellos concesionarios de radiodifusión que la COFECO considera que son agentes con poder sustancial en el mercado de conformidad a lo establecido en la Ley Federal de Competencia Económica.
Finalmente, el CNE reconoce que el proceso de análisis y discusión de la Iniciativa por parte de los integrantes del senado de la Republica, es parte del proceso de diseño y establecimiento de políticas públicas que incentiven el desarrollo y el uso integral del potencial que el cambio tecnológico y la convergencia digital en el sector de las comunicaciones ofrecen al país, y que podrían existir mecanismos alternativos que garanticen consolidar los avances de la Iniciativa, y corregir las omisiones detectadas.
Sin embargo, dada la debilidad institucional del organismo regulador y la falta de reputación del mismo, producto de años de abandono regulatorio del sector de las telecomunicaciones, el CNE considera que el cambio y la modernización del marco regulatorio del sector debe ser lo más completo posible, de forma tal que los esfuerzos posteriores se concentren en el fortalecimiento del órgano regulador y en la recuperación de su credibilidad, y no en estar corrigiendo los defectos y adicionando las omisiones detectadas desde el inicio en su marco legal. De lo contrario, no se considera que los cambios contenidos en la iniciativa sean suficientes para generar un proceso continuo de cambio y mejora regulatoria del sector, no importando el si su aprobación constituye un paso en la dirección correcta.
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[1] La Comisión Federal de Competencia Económica (“COFECO”) señala también la oportunidad que ofrecen las tecnologías digitales para aumentar los grados de competencia observados en la prestación de servicios de comunicaciones al afirmar que: “El desarrollo tecnológico en las comunicaciones, y en especial la tecnología digital, permite que diversas redes, plataformas y tecnologías de información y comunicación converjan y compitan en la provisión de múltiples servicios (voz, datos y videos) a los consumidores. En los servicios de radiodifusión, tradicionalmente unidireccionales, la digitalización optimiza el uso del espectro y aumenta la capacidad de las redes, lo cual permite: i) prestar servicios bidireccionales de voz y datos; y ii) aumentar tanto el volumen como el número de operadores que pueden producir y distribuir esta información.” Opinión sobre los efectos del Dictamen de la Iniciativa de proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión-lO-096-2005-148 (“Opinión”). COFECO. 8 de Diciembre de 2005, pg.5