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La doble vara

La doble vara

– Javier Corral Jurado

En la inmensa mayoría de los Estados del país, el impulso social, la exigencia de los medios de comunicación y la voluntad gubernamental por reglamentar localmente el derecho de acceso a la información pública, tienen caminos distintos, posturas éticas muy diferentes y en general llevan paso lento.

Es un fenómeno interesante no sólo para el estudio del desarrollo regional, sino para el mejor entendimiento de varios aspectos importantes en el avance democrático o en la regresión autoritaria de nuestras entidades federativas. El tema se ha colocado como un parámetro en la medición del grado de independencia y autonomía de los medios locales frente al poder estatal, el nivel de simulación de la política local, y el compromiso de los gobiernos municipales y estatales con la transparencia y el combate a la corrupción. Un poco eso de que el que nada debe, nada teme.

En el mundo, contar con instrumentos legales de acceso a la información es uno de los indicadores que permite a los estudiosos y analistas clasificar a los países con vida democrática, y coincidentemente, con calidad de vida. En los veinte primeros lugares de ese mundo prospero, se respeta el voto y los ciudadanos pueden consultar directamente los archivos oficiales.

Con rezagos todavía muy importantes en diversas áreas, y estancada nuestra democracia sólo en lo electoral, México ha hecho un gran esfuerzo por empatarse con una de las prácticas más importantes del sistema de rendición de cuentas, al someter a los poderes federales y a los órganos autónomos del Estado al rigor de una legislación de transparencia y acceso a la información. Pero sucede que tras la euforia por obligar al gobierno de la república a tal desempeño, no ha prevalecido el mismo interés para que el tema se generalice en todas las entidades federativas y el distrito federal.

A diferencia de lo que se piensa, en algunos Estados de la República el tema encuentra las mas serias resistencias desde el poder, y las más absurdas complicidades desde los medios. En el ámbito gubernamental más básico, y en el espacio territorial más cercano a los ciudadanos, donde las necesidades de información son por supuesto más apremiantes y de una utilidad casi familiar, se mantienen cerradas las posibilidades de acceso.

En esa realidad, resulta muy interesante observar como algunos de los impulsores del tema, entre los que se destacan varios medios de comunicación – sobre todo impresos -, no guardan frente a ciertas autoridades locales el mismo criterio y rigor de la exigencia que hicieron en el ámbito federal . Esto es, también hay una manera distinta de concebir el tema, según el signo político de la autoridad de que se trate. Hay una especie de simulación política, y una utilización con doble vara de un tema tan noble como este.

Hoy sería un absurdo que una reforma federal en materia electoral que ofreciera garantías plenas al ejercicio y respeto del voto popular, pudiera no empatarse en los Estados, o lo que es peor, defenderse desde ahí las prácticas fraudulentas o las leyes vetustas desde las que se diseñaron muchas de las artimañas con las que se burló tanto tiempo la voluntad popular. El país entero señalaría con énfasis la falta de congruencia. Pues es exactamente lo que sucede con el derecho a la información, con la única diferencia que la manera de exigir es distinta, según sea el caso.

Lo paradójico es que políticos y periodistas se comportan de igual forma. Si se trata de su partido, o de su cuate el Gobernador, “las condiciones para legislar este delicado asunto, no son hoy las más propicias”. En el ámbito federal sí se cumplen hoy todos los elementos a plenitud; muchos de ellos lo ven desde la óptica del revanchismo político que nos ahoga, “que se friegue Fox”, dirán en su estrecha visión de las cosas.

Jalisco, Sinaloa, Michoacán, Querétaro, Durango, Colima, San Luis Potosí y Aguascalientes llevan la vanguardia del esfuerzo por la transparencia. La Ley de Jalisco, con múltiples insuficiencias, no deja de tener su valor pionero en el esfuerzo de los Estados. Pero la de Sinaloa es el proyecto más acabado y una legislación mucho menos burocrática que la federal. Resulta incomprensible que aún no se dictaminen las iniciativas en Nuevo León, Morelos y Guanajuato. Existe inquietud en Puebla, y según me informa el Diputado perredista Héctor Pastor Alvarado está en marcha el proceso de consulta y la búsqueda de consenso para presentar un proyecto de ley para Zacatecas el próximo 6 de junio.

En Coahuila, el Gobernador no quiere que una eventual ley lo alcance y pidió a “sus” diputados darle largas al asunto, según denuncia presentada la semana pasada por legisladores del PAN. Y lamentablemente es el Gobernador de Chihuahua quien parece encabezar la resistencia frente al acceso a la información pública. Casualmente ese, el que más escaramuzas hace frente al gobierno del Presidente Fox y dice encarnar la exigencia federalista de una mejor y más transparente distribución de los recursos fiscales, es quien mantiene la mayor opacidad y la práctica del secreto en los asuntos públicos de la entidad norteña. Para los legisladores del PRI, el tema está terminantemente prohibido y derivado de los millonarios acuerdos publicitarios con los medios, son pocos los que hacen mención en la opinión pública.

Pero sin duda, el caso más grotesco de simulación, con gran dispensa de los medios, es el del Distrito Federal, en donde Andrés Manuel López Obrador – quizá blindado por las encuestas – duró treinta meses de éxitosa resistencia; en dos ocasiones regresó la ley aduciendo costos altos y burocracia excesiva. Publicada apenas la semana pasada, las obligaciones para la honestidad valiente, tendrán vigencia plena dentro de noventa días más, y con un raquítico presupuesto, pues la demagogia del Jefe de Gobierno da para eso y más.

En los demás Estados no han sido capaces de prosperar los intentos, ni de asumir para sí los rigores y pruritos que se tuvieron a la hora de legislar cuando se trataba del poder Ejecutivo Federal en materia de acceso a la información. Y no existe explicación que justifique porqué para un mismo derecho ciudadano, con supuestos, criterios y objetivos similares, deban aplicarse dos tiempos distintos, dos procedimientos diferentes. Esa holgura con la que se ven así mismos los gobernadores, muestra la inconsecuencia en la que han caído amplios sectores de la política, cuando se colocan en los supuestos de fiscalización y contrapeso que buscan para los demás poderes. Que se haga la voluntad de Dios, pero en las mulas de mi compadre.

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