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Control del dinero

Control del dinero

– Javier Corral Jurado

Con pragmatismo que invade los más recónditos y espirituales espacios de la política y el sistema de partidos, el ámbito financiero y el sector económicamente poderoso del país ha logrado mantener vigente – y casi introducido como dogma eclesial -, uno de los principios napoleónicos más devastador de la política: de que ésta, como la batalla en una guerra, se gana con tres cosas: dinero, dinero y más dinero.

Dinero para comprar votos o candidaturas. Dinero para inventar una imagen. Dinero para sustituir con marketing la propuesta programática. Dinero para estar en la Tele, y por lo tanto existir durante las campañas electorales. Dinero para mantener a amplias burocracias partidistas, que están extinguiendo todo halo de voluntarismo. La preponderancia del dinero en las contiendas electorales – y la falta de un auténtico control – cambia, de manera sustancial, la relación básica del ciudadano con sus representantes y autoridades, con sus mandatarios en el sistema democrático, porque ya no manda el que elige, sino el que paga.

El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que preside el Doctor Diego Valadés, auspició, la semana pasada, un simposio sobre “Control del Dinero para Fortalecer la Democracia” y a él concurrieron diputados electos que serán parte de la LIX Legislatura Federal. Ahí se planteó con toda claridad el peligro existente para la democracia y el Estado de Derecho de quedar supeditados al poder del dinero. El mismo que engrosa las ganancias de unos cuantos medios de comunicación electrónica, destinatarios y depositarios principales de los millonarios recursos públicos y privados que se ponen en juego en cada episodio electoral. Dispendio y destino de los recursos que gastan nuestros partidos ricos, insultantes para un país pobre.

En efecto, “es necesario prevenir los riesgos que se ciernen sobre el Estado de Derecho, en tanto que se desnaturalice o pueda desnaturalizarse la función representativa en el país”. Independientemente del atorón legislativo de las llamadas reformas estructurales – por virtud del revanchismo político, la miopía de la clase política o la pésima operación gubernamental, lo que sea -, cuántos casos no hemos visto en estos años de reformas legislativas que han sido postergadas en atención a los intereses estrictamente particulares de una sola o unas cuantas personas. El cruzamiento de los favores y los donativos que reciben los candidatos para poder salir adelante en la danza de los millones, con las decisiones del interés público, han sido dramáticamente antepuestos.

Junto con Manuel Camacho Solís y José Agustín Ortíz Pinchetti, del PRD; Jesús Martínez Álvarez, de Convergencia; y Gonzalo Yáñez, del PT, compartieron la mesa como ponentes el senador Manuel Bartlett, del PRI, Alonso Lujambio, consejero del IFE, y José María Serna, del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Me dicen que Acción Nacional no acudió por meros problemas de comunicación en el planteamiento de la reunión, pero resulta evidente la coincidencia con muchas de las ideas que ahí se expusieron y para ello baste reconocer algunos de esos conceptos en su plataforma legislativa 2003-2006.

En la búsqueda de lograr acuerdos posibles para concretar reformas legislativas – con las que se reivindique un poco la clase política toda frente al mayoritario silencio de los ciudadanos en las pasadas elecciones -, se ha animado, con gran tino, la discusión de este tema, inequívocamente de los más importantes y urgentes en la consolidación de la democracia, y el saneamiento de la vida política en México.

Es previsible que tampoco en la nueva Legislatura Federal se concreten las grandes reformas económicas y políticas que se diseñaron desde la perspectiva de una Reforma del Estado y a través de una nueva constitucionalidad. La dinámica anticipada de la sucesión presidencial – y ahora con el inusitado aliento oficial del Presidente Vicente Fox -, es claro que las prioridades de los posibles operadores de esas reformas estarán en la búsqueda de la rentabilidad inmediata con los hombres del dinero y de los medios.

Sin embargo, sobre esa realidad, y si los que habrán de disputar las candidaturas y luego el voto, tienen visión para liberar la competencia de esos dos nuevos amos y entonces poder actuar en la perspectiva con cierta autonomía e independencia, la reforma sobre el control del dinero, les conviene también a ellos como al país.

Pare ese propósito no tienen desperdicio las conclusiones del Simposio celebrado en la UNAM. Más como guía orientadora de la reflexión, que como acuerdos preeliminares, se apuntan líneas fundamentales para desprivatizar la política: “Regular las precampañas. Promover el debate obligatorio entre los candidatos de elección popular. Reducir la duración de las campañas y de las precampañas. Durante los periodos electorales no se deben usar los tiempos oficiales para propaganda política ni para publicidad gubernamental”.

“Promover la supervisión de las elecciones primarias e internas de los partidos por parte del IFE. Revisar la fórmula del financiamiento público que establece la legislación electoral. Garantizar al IFE el acceso a la información bancaria. Establecer un sistema de compulsa de gastos en los medios de comunicación desarrollando, para este objeto una norma sencilla y viable. Diferenciar el mercado de medios del Estado, de los medios en general. Transparentar las relaciones comerciales entre los partidos y los medios de comunicación. Establecer una banda de precios para la publicidad electoral. Revisar los recursos destinados a las elecciones en los estados y promover la supervisión, por parte del IFE, de cuanto se lleve a cabo en esta materia en el ámbito local”.

“Establecer topes para las aportaciones de los simpatizantes y de los militantes. Garantizar el acceso a la información de los partidos. Discutir la prohibición del financiamiento privado. Establecer que la contratación de tiempos en los medios no la hagan los partidos, sino los órganos electorales competentes. Promover que la supervisión de los gastos, por parte de los partidos, se produzca durante las campañas y no sólo al termino de ellas, cuando los efectos de los gastos no controlados ya se han producido”.

Estas reformas son tan necesarias para todos los partidos, que no cabría suponer discrepancias o desacuerdos. Se trata de la propia supervivencia del sistema de partidos y de su rescate; de no realizarse, continuará el envilecimiento de la autonomía del sistema de partidos; el demérito creciente de la acción política como actividad esencial de transformación social; seguirán corrompiéndose nuestras estructuras partidarias, y en la desconfianza ciudadana, quizá ruinas sean las que toque administrar a los que siguen.

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