Sometidos a una de las presiones más drásticas que como legisladores hayamos tenido que enfrentar, varios de los que hoy somos senadores de la República, apoyamos en 1998, como diputados, la salida legal a la crisis económica y financiera que puso en riesgo al mismo sistema de pagos y votamos a favor del rescate bancario que, entre otras medidas, creó la Ley del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
Fue esa etapa, una mala experiencia. Muchos hilos se movieron para que, todavía con muchas dudas y serios cuestionamientos, los entonces diputados diéramos finalmente nuestro voto a favor de la ley. El partido llamó a sus bancadas a un ejercicio de responsabilidad y compromiso nacional que, sin caer en la complicidad, contribuyera a la solución de tan grueso problema. En correspondencia a nuestras objeciones se aceptó introducir, en las disposiciones transitorias, mecanismos de supervisión y auditoria que detectaran las operaciones irregulares, dentro del mecanismo diseñado para hacer frente a la situación, que se conoció como FOBAPROA. Para eso nació el Artículo Quinto transitorio de esa ley.
Es que desde entonces se advertían francas violaciones a la legalidad, ineficacia en la implementación, así como discrecionalidad en la aplicación de los rescates. Amen de la inconstitucional emisión de los pagarés, que como deuda pública sólo podía ser autorizada por el Congreso. Fue por ello que la Cámara de Diputados contrató al canadiense Michael Mackey para coordinar la realización de auditorías a las operaciones del FOBAPROA.
Muy pocos podrían hoy en duda que desde que la ley entró en vigor, el 19 de enero de 1999, la estabilidad del sistema de pagos y la seguridad de los ahorros de los depositantantes ha sido garantizada. Lo que está en duda y como pendiente fundamental es el seguimiento de las auditorias y, por lo tanto, el descuento correspondiente a los bancos, de lo que el Estado no puede, mediante el fisco, cargar en forma indebida.
La ley del IPAB tiene un mecanismo transitorio para, una opción que los bancos pueden tomar en el programa de capitalización y compra de cartera, realizar la sustitución de los pagarés emitidos por el FOBAPROA, por títulos emitidos por el IPAB; esta sustitución ya fue aceptada por lo bancos, por lo tanto, la aplicación de este mecanismo ha sido gradual.
La labor de fiscalización realizada por la Auditoría Superior de la Federación, por encargo de la Comisión de Vigilancia, particularmente en revisiones de las cuentas públicas anuales de 2000 y 20001, cumpliendo con las facultades que le otorga el Artículo 17 Transitorio del IPAB, junto con los señalamientos de la entonces Secretaría de la Contraloría de la Federación y del propio informe del canadiense Mackey, ha detectado vías adicionales que posibilitan la reducción del costo fiscal. Las observaciones formuladas por la Auditoría Superior de la Federación a los bancos que se beneficiaron del rescate bancario está en proceso de instrumentarse.
El año pasado, la Junta de Gobierno del IPAB acordó llevar a cabo revisiones de gestión, existencia y legalidad, con el fin de conocer la calidad de los pasivos que eventualmente podrían ser adquiridos por esa institución, y satisfacer el requerimiento de la Auditoría Superior de la Federación para detectar ilegalidades e irregularidades en las operaciones del FOBAPROA, para proceder a la sustitución de pagarés.
Pero estos procesos se han visto detenidos por acciones legales iniciadas, primeramente, por aquellos bancos que todavía están en posesión de pagarés FOBAPRA, del programa de capitalización y compra de cartera y, con posterioridad, por el Ejecutivo Federal, quien ha objetado las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para la revisión de las acciones relacionadas con el rescate bancario. Los bancos inconformes han promovido amparos, argumentando que no serían procedentes nuevas revisiones.
De ahí que un numeroso grupo de diputados y senadores del PAN, entre los que nos encontramos varios de los que votamos a favor de la ley del IPAB, consideremos impostergable presentar al seno de la Comisión Permanente una Propuesta con Punto de Acuerdo para exhortar al IPAB, a fin de que implemente las medidas necesarias para dar cabal cumplimiento al Artículo Quinto transitorio de la Ley, con objeto de lograr la máxima reducción del costo fiscal de ese rescate bancario y se deslinden las responsabilidades a que hubiere lugar.
Se trata de dar un estricto seguimiento y procesamiento a todas auditorías, realizadas hasta ahora, en torno de las operaciones contenidas en el FOBAPROA. Aunque el asunto presenta de nueva cuenta presiones indebidas y resistencias inexplicables , el tema es inevitable si en efecto, quienes entonces votamos por la solución legal somos congruentes en el seguimiento de nuestras propias acciones.