Dos mujeres, de Acción Nacional y que representan a generaciones distintas, han hecho estos días precisiones históricas valiosas, dentro de la efemérides que recuerda los cincuenta años del voto femenino en México. Sin entrar en los inútiles regateos del mérito reformador, y en una leal perspectiva de esa conquista ciudadana, Susana Sthepenson y Liliana Rojero Luévano, aportan datos interesantes.
Senadora por Guanajuato la primera, recordó el jueves pasado en la tribuna de la Cámara Alta que desde su nacimiento el PAN incorporó a la mujer a sus trabajos fundacionales, y que desde 1947 abogó por una iniciativa de ley que buscaba reconocerle a la población femenina su derecho al sufragio, lo que se logró hasta 1953. Después hubo de dar enormes batallas para que también fuera efectivo. Añadió al recuento histórico un análisis de la situación de las mujeres en el Partido Acción Nacional y en el ámbito del Parlamento, todavía marginal a estas alturas de la celebración. De hecho habló en una Cámara en donde sólo 24 mujeres ocupan escaño de los 128 que se despliegan en el salón de sesiones.
Antropóloga social y a sus 28 años de edad directora de Promoción Política de la Mujer, la segunda entregó un texto a la revista La Nación, en el que describe las pifias de la iniciativa de Don Adolfo Ruiz Cortinez, que en realidad se desecha y se retoma la que en 1937 había presentado el Presidente Lázaro Cárdenas, que él mismo impulsa y luego congela, ante la posibilidad de que las mujeres se vuelquen a las urnas por el General Juan Andrew Almazán.
Dice Sthepenson que, “desde sus inicios en 1939,Acción Nacional, enarboló en su plataforma el voto ciudadano para la mujer, en nuestra asamblea constitutiva participaron mujeres en forma activa y se estableció una sección femenina que dejó plasmados principios rectores de suma trascendencia, nuestras compañeras señalaban con gran razón que la poderosa influencia de la acción femenina en la vida social es innegable y que la gran importancia que la mujer tiene en los destinos nacionales, es patente”.
Escribe Rojero que, “La primer propuesta por parte de Acción Nacional se dio dentro del marco de la iniciativa de ley del Registro Nacional Ciudadano, donde se contemplaba el registro de hombres y mujeres para el ejercicio del voto y la capacidad de ser electos, en octubre de 1947. Asimismo, en la iniciativa sobre la Ley Electoral de Poderes Federales se reiteró el derecho del voto femenino”.
Las dos centran el mayor impulso del PAN en el 47, “cuando se dieron movilizaciones y mítines políticos que respaldaron la petición sin ninguna respuesta del Estado”, incluso con la pérdida por la causa de algunas activistas como María Errán.
Sin el reconocimiento aún del voto femenino, el PAN apoyó la candidatura de Elisa Cossío en Zitácuaro, Michoacán en 1950. Fue el primero en postular a una mujer candidata a un gobierno estatal, ella fue Rosario Alcalá, en Aguascalientes. Y tuvo la primera mujer como diputada federal en 1964, Florentina Villalobos, del mineral de Parral en el Estado de Chihuahua.
El PAN tiene 20 presidentas municipales, y lo peor no es la cantidad ridícula sino que ello lo coloca como el partido con más mujeres en alcaldías. Lugar que también tiene frente a los demás partidos en la Cámara de Diputados, donde logra justo el treinta por ciento de la bancada, con 45 diputadas. En los Congresos Locales tiene el veinte por ciento.
Un dato interesante que aporta Liliana Rojero en su texto, es que “en 1920 la mujer obtuvo el derecho al voto activo y pasivo, es decir, podía votar y ser votada pero únicamente en elecciones de ayuntamiento, legislatura y gobernador”, ello en los Estados de Yucatán, Campeche y Chiapas.
En 1937, el presidente Lázaro Cárdenas envió una iniciativa de reforma al Artículo 34 de la Constitución General, que pretendía quedar como sigue: “Son ciudadanos de la república todos los hombres y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan los siguientes requisitos: Primero, haber cumplido 18 años, siendo casados, y 21 si no lo son; segundo, tener modo honesto de vivir”. Aunque esta iniciativa fue aprobada por ambas cámaras y las legislaturas locales, faltó la declaratoria, por lo que finalmente fue congelada.
A cincuenta años de la conquista de ese derecho, además de las celebraciones y fiestas, debiera haber un serio análisis de los espacios que ese ejercicio ciudadano le ha representado a las mujeres no tanto como electoras, sino en las posibilidades de ser elegidas. Fundamental, revisar los contenidos que la política ofrece al voto para conquistar voluntades femeninas, y hora para erradicar de la promoción electoral frases tan aberrantes como la que las sugiere grandes sólo si se encuentran atrás de un gran hombre.
Hora para que México revise el atraso vergonzoso en el que se encuentra la adecuación de nuestras leyes a los Tratados Internacionales que protegen y defienden a las mujeres de diversas practicas discriminatorias, y que con frecuencia sólo sirven de propaganda para el exterior y poca acción en casa.
Por eso la construcción de un nuevo régimen político en nuestro país tiene que ver con el respeto al sufragio, con la eliminación de cualquier forma de corporativismo, con la vigencia de la libertad de expresión, con el derecho a la información. Sí, con todo eso, pero también, y de manera obligada, con la igualdad para el acceso al poder entre los hombres y las mujeres.
Como también lo ha sugerido el Senador Jesús Ortega, en un discurso sin desperdicio: “La política y el ejercicio del gobierno no pueden ser ya consideradas actividades reservadas para una elite social. No pueden ser admitidas sólo para un sector o una clase, como tampoco pueden ser consideradas monopolio masculino; pero igualmente nadie debe de confundirse, pues la democratización de la vida política en el poder no debe identificarse como una lucha entre sexos, eso significaría un reduccionismo inapropiado y una nueva forma de maniqueísmo”.