Abierta de par en par la puerta para el desprestigio y la ridiculización de la vida íntima de las personas, conviene preguntar ¿quién cerrará la puerta?, ¿quién pondrá fin a la utilización indebida, lo mismo para el periodismo que para la política o la economía, de las conversaciones telefónicas privadas?, y sobre todo ¿hasta dónde llegará este asalto a la intimidad?, y ¿en nombre de qué?.
El despliegue mediático de la semana pasada por medio del cual se dieron a conocer las conversaciones telefónicas entre el Subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, Martí Batres Guadarrama y la Diputada Federal Alejandra Barrales, y varios actores perredistas más en torno a los hechos ocurridos en la Cámara de los Diputados la semana antepasada, lo único que realmente prueban es hasta donde ha llegado la disputa política en México, el perverso camino que ha tomado el golpeteo preelectoral y de paso, los endebles cauces éticos por los que transita el ejercicio comunicacional, dispuesto a reproducirlo todo con tal de ganar la primicia, trofeo efímero en la pelea por el rating. Periodismo y política se encuentran en la flaqueza pragmática que los define hoy.
¿Nos dieron a conocer algo nuevo que no supieramos por el análisis de los propios hechos?, ¿Están involucrados los filtrados perredistas en delitos graves?. Hasta ahora pareciera que sólo en uno, y en carácter de víctimas: el de la intercepción ilegal de comunicaciones telefónicas.
Y son acosados desde hace mucho y comparten con miles de personas la sospecha, no de que un mundo los vigila, sino de que alguien los escucha , los graba, los reporta. Tan es así que, hablando directamente y bajo el supuesto de hacerlo entre dos, se evaden, se esquivan, hablan el lenguaje cifrado de la fiesta y el pastel, de los invitados. ¿Cuántos hablamos así todos los días?. ¿Por qué nos volvemos parcos en la intimidad?. Porque muchos sabemos que cuando hablamos por teléfono, prácticamente estamos dando una conferencia. Porque en México vale un cacahuate el principio de seguridad jurídica para la privacidad de las personas. Y eso es un crimen.
Lo sospechamos desde hace mucho del propio Estado. Practicado por él, lo repiten varios, empírica y profesionalmente. Nos sentimos robados en nuestros sentimientos más puros, y en nuestros propósitos más nobles.
He sido un defensor de la vida privada de las personas. Cuando se violenta ese espacio personalísimo, esa agresión me lastima y me levanto solidario con las víctimas. No distingo calidades, ni partidos, porque estoy absolutamente convencido que esa conducta es contra todos. Hace años, esa vulnerabilidad de inocentes me lanzó con todo a luchar por un marco regulatorio para imprimir responsabilidad social al ejercicio de la Libertad de Expresión.
Tengo documentados cientos de esos atropellos. Cruzan a pillos e inocentes. En la mayoría de los casos son estratagemas distractoras de la atención pública sobre asuntos fundamentales, “cortinas magnetofónicas” con las que se desvía hacia la morbosidad a la volátil visión ciudadana. Quienes sean, la han vuelto a utilizar para sacarnos del fondo en el quehacer legislativo, y colocar nuestra mirada en la forma parlamentaria tan rupestre con la que el PRD llamó la atención sobre la reforma al artículo 122 constitucional.
Así se paró hace cuatro años, por estas mismas fechas, la promoción del libro”México: un paso difícil a la modernidad”, de Carlos Salinas de Gortari. La empresa Televisa presentó una conversación telefónica privada entre los hermanos del expresidente, Adriana y Raúl.
Escribí entonces: “La filtración de esa conversación telefónica que en sí mismo constituye un delito por intromisión en la vida privada de las personas, parece constituir la respuesta del todavía inquilino de Los Pinos, el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, a las delicadas acusaciones y juicios de valor que el expresidente hace en su voluminoso texto. Además, parece haberse escogido para contestar, el mismo medio por el que el sábado pasado, los mexicanos escuchamos en voz de Salinas que un grupo de funcionarios del actual gobierno le comunicaron a un grupo de empresarios, entre el 19 y 21 de diciembre de 1994, que en México se llevaría a cabo una devaluación del peso frente al dólar, lo que según el novel escritor hizo que estos últimos se fueran derechito a comprar dólares, y en unas cuántas horas se agotaran las reservas del país”.
Muchos de los que hoy fustigan la práctica deleznable de interceptar indebidamente conversaciones telefónicas, ayer festejaron la acción. No debemos enderezar nuestro rechazo según la víctima. Es hora de reflexionar, y detenernos un momento, contener las fobias indómitas; esa apuesta parece capaz de atentar contra si misma. Se está vulnerando un principio básico de la civilidad, el respeto a la persona. Si ese piso se cae, se derrumba el edificio de la relación social, todo será demolición y ruina, eso que se conoce como erosión social.
Lo verdaderamente grotesco es que hasta hoy, no hay un solo caso sancionado, o inducido ligeramente hacia una verdadera investigación. Que nadie tenga duda, que se trata de un delito. En México el derecho a la privacidad está regulado por el artículo 7º de la Constitución al prescribir como límite a la libertad de información el respeto a la vida privada. También es aplicable el artículo 16 constitucional, primer párrafo que dice: “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento”.
Aunque no como en otros países que han legislado todas las directrices del derecho a la intimidad, desde el honor hasta el derecho a la propia imagen; el de la privacidad tiene en nuestro país asidero jurídico para emprender una verdadera acción correctiva. Si en realidad se quiere parar esta escalada de asalto a las personas.
No hay posición política que valga, sofocando ese valor; no hay acción periodística importante que tenga su base en ese delito. Es momento de actuar.