El debate sobre los medios de comunicación, el papel que juegan en nuestra naciente democracia y la necesaria reforma del marco jurídico que los regula ya no cesa desde 1995, aunque su planteamiento más acabado se sitúa en 1975.
Con etapas de mayor o menor intensidad su discusión ha sido prácticamente ininterrumpida desde entonces, por más actos de censura, linchamientos y presiones para sofocarla. Su continuidad tiene que ver con el incremento del poder que han adquirido los medios, y los abusos y los excesos que cometen en ejercicio de una fuerza impune, sin contrapeso, sin posibilidad hasta hoy de sanción o resarcimiento; de manera particular, la televisión ha venido unificando criterios, el cinismo con el que atropella es un doble crimen; la estrechez con la que informa da la espalda a la pluralidad, el escándalo que la caracteriza es una traición a su función social, el mercantilismo que la conduce es un asalto en despoblado a la política y a la democracia. Se hacen ricos, burlándose de las instituciones y vaciando de contenidos a la política, sustituyendo a la democracia, a expensas de un permiso que les otorgó el Estado para transmitir contenidos y no sólo para vender aire.
Los medios masivos de comunicación que han impuesto su dinámica a la agenda política y compiten con el Estado en imponer su poder fáctico sobre los poderes constitucionales. En los últimos años los escándalos están a la orden del día y poco o nada se hace para conocer del análisis que requiere cada uno de los problemas que agobian a los mexicanos. La mayoría de los medios al privilegiar el escándalo imponen ritmo y tono al debate público. No valen las razones o los argumentos de los actores políticos sino el escándalo. Los personajes de la vida pública quieren jugar en la comedia de equivocaciones que vivimos. Estamos bajo el imperio de un nuevo poder informal: el de los medios.
La ruta del país no es el debate sino el escándalo. Vivimos una telenovela nacional surrealista, sin orden ni claridad, ni mental ni moral. Por faltas bien acreditadas de unos cuantos, y vulnerabilidad ética de otros, los medios se mofan de todos o de cualquiera y pueden descalificar a tal o cual político como en un patio escolar y la población se desencanta de la política. Este juego del desprestigio y la magnificación es lo que ha reforzado la idea de volver a discutir ampliamente el tema, porque esa dinámica terminará por disolver el orden social.
Por eso el debate ya no se apaga, y sí se reanima por estos días, se reenciende al mismo tiempo el esfuerzo legislativo por dar cauce a la inquietud social. De hecho, cada vez más, diversos actores, en mayor medida desde la política, le van perdiendo el miedo a los medios, está naciendo una libertad parlamentaria que parece atreverse a legislar en la materia, sin unanimidad por supuesto en el Congreso hay un numeroso grupo de legisladores muy comprometidos con importantes concesionarios, algunos como empleados y otros como socios, pero con clara mayoría, por lo menos en el Senado de la República.
Varios hechos detonaron que el tema haya saltado de nueva cuenta al primer plano del debate nacional. Sin duda, la publicación en abril de este año del Informe sobre la Democracia en América Latina del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, y su reciente difusión y promoción en México; y luego, la repercusión en diversos ámbitos de sus conclusiones, pasando por el foro sobre gobernabilidad democrática que organizó, a manera de audiencia pública, la Comisión para la Reforma del Estado que encabeza Manuel Camacho Solís en la Cámara de los Diputados; la constitución formal de la Asociación Nacional para la Reforma del Estado, a que convocó Porfirio Muñoz Ledo; el Foro Latinoamericano “Implicaciones y consecuencias de la tecnología digital para la radiodifusión en Latinoamérica”, celebrado en el Senado de la República entre la Comisión de Comunicaciones y Transportes y la UNESCO del 28 al 29 de septiembre de 2004, y la reinstalación de la Subcomisión senatorial de Análisis y Dictamen de la nueva Ley Federal de Radio y Televisión. Casi todo al mismo tiempo.
El Informe de la Democracia en América Latina
Como toda agencia de la ONU y desde la publicación del Informe de UNESCO sobre la Comunicación en 1969, denominado “Un solo mundo, voces múltiples”, pero conocido como el “Informe Mac Bride”, el PNUD tuvo “gran cuidado” de no meterse en su informe con el tema de los medios. Casi ni lo refiere directamente, salvo cuando en la ronda de consultas a líderes de opinión en el subcontinente, brota el poder inmenso que éstos le atribuyen al factor mediático como uno de los elementos de distorsión y tensión hacia la democracia. Plantea todos los problemas y retos de una de democracia plena “de ciudadanas y ciudadanos”, y entre otros temas a la interpretación, deja el de los medios.
El informe del PNUD relata el proceso de desafección y “desdemocratización” de la democracia en nuestro continente analizando los datos obtenidos a través de diversos instrumentos empíricos aplicados: indicadores e índices de las ciudadanías política, civil y social; una encuesta de opinión respondida por 18 mil 643 ciudadanos de los 18 países sujetos del informe, y una ronda de consultas a 231 líderes sobre los retos de la democracia en América Latina.
Vive la democracia un punto de inflexión y crisis, navegando en medio de uno de los más altos niveles de pobreza, y en la zona más desigual del mundo; la acecha el narcotráfico, y le ganan poder, casi sustituyéndola, los empresarios y financieros y los medios de comunicación; tenemos gobiernos que administran, pero no mandan. Una gran cantidad de ciudadanos, que apenas la acaban de estrenar en sus países, la podrían botar al cesto de la basura y regresar al autoritarismo, si un gobierno de esta facha les soluciona sus necesidades. Urge valorar el sentido de la política, es decir, “su capacidad de crear opciones para promover nuevos proyectos colectivos viables”.
Hecho como anillo al dedo, y puntual en el momento clave que vivimos, el informe del PNUD podría constituirse en una excelente plataforma de gobierno, o por lo menos como guía precisa para conducir un replanteamiento de la política y un reforzamiento del poder del Estado, los dos ámbitos para fortalecer la democracia. No habría que buscar más, sino en todo caso profundizar en su debate: es una agenda precisa para reconducir la reforma del Estado, y ahí están todas las advertencias y alertas posibles para nuestra clase política, sujeta de desconfianzas enormes y desprestigio creciente, tanto por su incapacidad e inoperancia como por faltas de probidad bien documentadas.
Y porque a pesar de todo lo que se despliegue contra el sistema de partidos, la política y los políticos, esa es precisamente la vía que se pondera como el mejor instrumento para el desarrollo del continente, y no sólo la economía, pero revalorada en su sentido original, reencontrada con la raíz que nutre a los hombres de Estado. El informe conoce las dolencias de ese difícil ejercicio: “La política tiende a perder contenido por la disminución de soberanía interior del Estado, atribuible al desequilibrio en la relación entre política y mercado; la presencia de un orden internacional que limita la capacidad de los Estados para actuar con razonable autonomía; la complejización de las sociedades que los sistemas de representación no pueden procesar”.
Qué lástima que no estemos discutiendo el papel del Estado, a qué modelo queremos ir, cómo lo pensamos, de qué manera entreveramos a éste, la economía y la globalización; que no admitamos que estamos débiles aunque nos tachen de estatistas. Es hora de discutir una nueva y más poderosa estatalidad, y darnos un sentido más de globalizadores y no sólo de globalizados.
Así lo urge la opinión de la gente. En mayo de 2002 se realizó la encuesta que fue la base de la percepción ciudadana sobre la democracia que recoge el informe del PNUD en colaboración con Latinobárometro. Las respuestas suscitan calofríos ignotos: de la muestra total 42.8% está de acuerdo con que el Presidente vaya más allá de las leyes; 56.3% cree que desarrollo económico es más importante que democracia; 54.7% apoyaría a un gobierno autoritario si resuelve sus problemas económicos; 43.9% no cree que la democracia solucione los problemas del país; 40% cree que puede haber democracia sin partidos; 38.2% cree que puede haber democracia sin un congreso nacional; 37.2% está de acuerdo con que el Presidente ponga orden por la fuerza; 37.2% está de acuerdo con que el Presidente controle los medios de comunicación; 36% está de acuerdo con que el Presidente deje de lado al Congreso y los partidos, y 25.1% de plano no cree que la democracia sea indispensable para lograr el desarrollo.
Los que ejercen el poder en América Latina: 79.7% de los líderes consultados opina que los poderes fácticos, los grupos económicos/empresarios/sector financiero, y 65.2% opina que lo ejercen los medios de comunicación. Sólo 36.4% opina que se ejerce a través de los poderes constitucionales, en esa proporción a través del Ejecutivo; 12.8% a través del Legislativo, y 8.5% a través del Judicial. Más claro ni el agua.
Gobernabilidad democrática, ¿qué reforma?
Luego vino el foro organizado por Manuel Camacho Solís. Sin agenda previa ni temas en específico, se invitó a participar a 121 ponentes de los más diversos ámbitos de la vida política, económica, social, cultural, académica y gubernamental. 43 de todos esos personajes refirieron en sus textos a los medios, y 14 de ellos hicieron propuestas para reformarlos, algunas acompañadas de severas críticas.
Sin desperdicio alguno, las ponencias trazan una convergencia inusitada entre académicos, políticos y periodistas: Alberto Aziz Nassif, Denisse Dresser, José Eduardo Beltrán, Federico Arreola, Manuel Bartlett Díaz, Pablo Gómez Ãlvarez, Socorro Díaz, Juan Francisco Ealy Ortiz, Miguel Ãngel Granados Chapa, Alejandro González y Porfirio Muñoz Ledo, entre otros.
Valor por delante, es Beatriz Pagés, directora de la revista Siempre!, la que pide “Crear un ombudsman constituido por ciudadanos para que se defiendan los intereses generales de la sociedad frente a los excesos cometidos por los medios de comunicación”; es Juan Francisco Ealy Ortiz, director de El Universal, quien propone “cambios de fondo en las leyes que administran las concesiones otorgadas a medios de comunicación electrónicos, a fin de disminuir la concentración monopólica actual, que amaga, incluso, con ampliarse en detrimento del espacio público. Es Federico Arreola, director de Milenio, el que reclama al Congreso no cumplir “con una de sus obligaciones fundamentales que es la de evitar la concentración monopólica de la propiedad de los medios, especialmente los electrónicos”.
No es sorpresa en Miguel Ãngel Granados Chapa, pues su compromiso con el tema ha sido su vida en el periodismo: “Es preciso instar a los legisladores a atender su responsabilidad histórica, a superar el cautiverio en que los mantiene su conveniencia inmediata, pues cunde la convicción de que nadie, personas o partidos que quieran trazar una trayectoria política procede sensatamente si ponen en cuestión a los medios electrónicos y aún más si buscan su reforma. Una reforma política como la que el país necesita no puede prescindir de una reforma electoral que comprenda correcciones sustantivas al papel de los medios en la democracia”.
La relatoría del foro organizado los últimos días de septiembre da cuenta de todas esas intervenciones: “Existe una primera gran coincidencia entre quienes abordaron el tema, y es en el sentido de reconocer la centralidad que los medios, electrónicos e impresos, tienen para el buen funcionamiento del sistema democrático. En ese sentido, si bien el tono común fue el de subrayar la importancia que los medios tienen como mecanismos de garantía de la libertad de expresión, también existe un consenso en sostener que la actuación de los mismos debe estar claramente regulada para establecer los límites, derechos y obligaciones a los que deben ceñirse en un contexto democrático.
La propuestas concretas que en este tema fueron presentadas durante las audiencias públicas que se relatan pueden resumirse en los siguientes puntos:
Los medios tienen que jugar un papel central en la ecuación política y en el civismo que son indispensables para lograr una gobernabilidad democrática.
Deben ser instrumentos de cohesión, de promoción de acuerdos, y no de discordia y crispación. Varios ponentes coincidieron en señalar que existe una tendencia de los medios a considerar que la noticia es conflicto.
Se propuso que los medios se democratizaran privilegiando contenidos éticos, culturales y de respeto a los derechos humanos. Hubo, en ese sentido, la propuesta de crear un ombudsman para moderar excesos y garantizar derechos.
Fue recurrente también la propuesta de procurar, a través de un marco legal renovado, inhibir la formación de monopolios (o de duopolios) en la propiedad de los medios electrónicos, particularmente la televisión, a través de una política racional de concesiones y de revisión del cumplimiento de las leyes en la materia (en ese sentido hubo quien manifestó la necesidad de revisar el funcionamiento de la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía).
La necesidad de crear un Consejo Nacional de Medios que tenga encomendada la tarea de definir las políticas generales en la materia.
Por último, se planteó la necesidad de modificar el marco legal, en particular por lo que hace a la Ley Federal de Radio y Televisión y a la Ley de Imprenta. En este último caso, se consideró necesario el cambio legal para eliminar la tipificación penal de los delitos de prensa y dar paso a una sanción administrativa o, en todo caso, civil de dichos ilícitos y para legislar en torno a la figura del secreto profesional de los periodistas.
Nueva asociación nacional
También se reanimó la discusión sobre la necesidad de la reforma del Estado, y para reencauzar su promoción ante los poderes públicos que la abandonaron, se promovió la constitución de una asociación civil que agrupa a los antiguos miembros de la comisión especial que durante el periodo de transición de la administración del presidente Zedillo a la del presidente Fox se conformó encabezada por Porfirio Muñoz Ledo.
El enfoque que la asociación procura de la reforma del Estado es de carácter integral, colocando como uno de sus ejes fundamentales la democratización y transparencia de los medios de comunicación, el Estado y la sociedad.
Dijo Muñoz Ledo, su también ahora promotor principal: ¿quiénes se oponen a una reforma de gran envergadura? Finalmente para mí es una oposición ideológica, distintas modalidades del espíritu conservador, ya sea por un gradualismo enfermizo, por un temor a lo desconocido fundado en la ignorancia, por el temor de que estas reformas puedan atentar contra el consenso de Washington o porque algunos crean que en tiempos de crisis puede reconcentrarse el poder público en nuestro país.
También hay una diferente concepción respecto de qué es lo estructural. El conjunto de reformas pendientes que ahondarían la economía transnacional de mercado o un conjunto de reformas estructurales que atenderían al interés nacional.
Se reconoce en este estudio que ha habido un salto histórico en 20 años, que hemos pasado de un estadio histórico a otro, que disfrutamos de elecciones razonablemente libres, de pluralismo político, de poderes compartidos y de un momento de libertades públicas. Pero también que nos falta casi todo lo demás, comenzando por una auténtica democracia.
El objetivo último que se persigue es la construcción de la ciudadanía y la reinvención del Estado. En las exposiciones que aquí se han hecho con diferentes matices, acentos, dudas y naturales omisiones, creo que se apunta la necesidad de una reforma de esta dimensión.
Trataré con brevedad de sintetizar cuáles creo que son las nueve columnas de la reforma, tal como se deducen de las agendas disponibles.
La primera tiene que ver con el sistema electoral y representativo, con todos aquellos proyectos sobre los cuales hay aparente consenso, pero en procedimientos de encajuelación parlamentaria están secuestrados en las comisiones del Congreso.
Evitar, éste es el penúltimo, que el der pueda ser comprado por el dinero. En la moda europea se dice: estamos de acuerdo. Que es inevitable en la economía de mercado, pero no en la sociedad de mercado, ni menos la política de mercado.
Control de los gastos, la reducción de los fondos públicos, la interdicción de la política como inversión, y una nueva regulación democrática y autónoma de los medios de comunicación, para que contribuyan a la incorporación de los excluidos a las agendas públicas y a la cultura democrática.
El segundo capítulo tiene que ver con los temas de la justicia, de la seguridad pública, y de un nuevo régimen de controversias constitucionales.
Una reforma que dé acceso a los ciudadanos a la reparación de los daños, que autonomice al Ministerio Público del Ejecutivo, que establezca un sistema participativo y nacional de seguridad pública, que garantice el ejercicio de todos los derechos humanos.
La tercera columna sería el federalismo distributivo. La reforma del sistema de competencias de la Federación, que es el más centralista de los federalismos conocidos, y a la par un nuevo régimen fiscal, no sólo de participaciones, sino de fuentes contributivas.
Un programa que reasigne facultades y atribuciones a las entidades federativas, pero sólo en la medida en que se les asignen los recursos y las fuentes constructivas correspondientes. Y que se redefinan las facultades normativas de la Federación.
También la Constitución del Distrito Federal para evitar contradicción y suposiciones que han sido origen de innecesarias controversias. La descentralización económica hacia las entidades de la unión, la organización horizontal de los estados y municipios que debe figurar en la Constitución, y el problema de las autonomías étnicas y culturales que no está resuelto de ninguna manera.
La forma de gobierno ha sido un tema de particular atención. Quizá la más grande victoria intelectual y política de este evento haya sido el reconocimiento pleno de la obsolescencia del presidencialismo. Sistema diseñado para otros tiempos, y que no se ha vuelto a repetir en otros continentes después de la Segunda Guerra Mundial.
Las propuestas están ahí, un gobierno de gabinete, un gobierno semiparlamentario, un gobierno plenamente parlamentario. Del que se deduzca una mayoría electoral, que forme mayoría de Congreso, y una mayoría de Congreso que forme un gobierno capaz de tomar decisiones oportunas.
No me extenderé en los otros puntos, que son la reforma social, régimen de pensiones, seguridad social, reforma laboral y exigibilidad de derechos sociales, en la reconstrucción del sistema de finanzas públicas, del origen de las contribuciones, de la forma de cobro, de la simplificación de los impuestos, de la flexibilidad para la atribución de recursos, y finalmente la reforma profunda de la administración que ejerce el gasto público.
La reforma de la energía que no es sólo la concesión de fuentes actuales, sino el reconocimiento histórico del horizonte de los hidrocarburos, entre 15 y 20 años no tendrá más ni petróleo ni combustibles fósiles.
La reconversión energética industrial del país y las nuevas modalidades de gestión democrática de los recursos naturales.
El papel de México en el mundo
Una política exterior de Estado por consenso que redefina el interés nacional y que evite los vaivenes, las improvisaciones, las incongruencias y las inconsistencias que a menudo lesionan nuestras posibilidades de desarrollo y atentan contra el decoro nacional y contra la dignidad de los mexicanos.
Digitalización de la radiodifusión
Pertenecientes a los sectores académico, técnico, gubernamental, político, medios de comunicación y sociedad civil, los participantes en el Foro Latinoamericano “Implicaciones y consecuencias de la tecnología digital para la radiodifusión en Latinoamérica” (28 y 29 de septiembre) llamaron la atención de la opinión pública y de manera particular de los legisladores sobre la evolución de la radiodifusión analógica a digital en América Latina, lo que se conoce como el proceso de digitalización (en Europa le llaman numerización) y los retos y oportunidades que representa: “los que hoy debemos conocer más ampliamente para saber aprovechar mejor una nueva tecnología que tiene impacto en términos políticos, legales, técnicos, culturales, económicos, sociales, de libertad de expresión, y contenidos, además de tener el potencial de fortalecer el ejercicio de la ciudadanía y la democracia”.
La radiodifusión digital se basa en una utilización del espectro de radiofrecuencias mucho más eficiente que la radiodifusión analógica. Por ejemplo, en el caso de la televisión terrenal, es posible dar cabida a cuatro programas de televisión digital en el mismo volumen de espectro de frecuencia que actualmente se necesita para transmitir un solo programa de televisión analógica.
Philip Laven, director técnico de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), afirma que la eficacia de utilización del espectro aumenta a costa de una complejidad creciente del tratamiento de las señales en los transmisores y receptores digitales. Debido a recientes avances tecnológicos, minúsculos circuitos integrados (microprocesadores de silicio) tienen la potencia de cálculo de unos equipos que, hace apenas diez años, ocupaban una habitación completa. Los receptores digitales son onerosos al principio, pero su precio disminuye a medida que aumenta el volumen de producción.
Por otra parte, Laven advierte que “a menudo se pretende que la introducción de la radiodifusión digital marcará el final de la escasez de espectro pero, lamentablemente, es una ligera exageración. En un mundo totalmente digital, por supuesto, podrían ofrecerse más servicios” y añade el dirigente de la UER que “La radiodifusión digital no podrá aprovecharse plenamente hasta que se hayan suprimido todos los servicios de radio y TV analógicos existentes. Para no privar a los auditores y telespectadores de los servicios actuales, el cambio no puede producirse hasta que todos los aparatos de radio y TV analógicos (además de los magnetoscopios) hayan sido sustituidos por equipos digitales o hayan sido equipados con un convertidor digital (tales como los dispositivos multimedios digitales para TV)”.
En otras palabras, la adopción de esta tecnología permitirá un uso más eficiente del espectro radioeléctrico, pues la compresión digital reduce los requerimientos de ancho de banda, y de esta forma permite se brinden otro tipo de servicios asociados a la radiodifusión y las telecomunicaciones así como abre la posibilidad a una mayor pluralidad de oferta ya que se podrán otorgar nuevas concesiones en los lugares donde ya se encontraba saturado el espectro radioeléctrico.
Organizado por la UNESCO, la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de la República y la Cátedra UNESCO Telecomunicaciones y Sociedad con sede la Universidad Iberoamericana de México, con la cooperación de Radio Netherlands Internacional, las conclusiones de esa reunión, manejada como de consulta de alto nivel, originaron que el Senado mexicano tomara de inmediato cartas en el asunto y votara mediante procedimiento de obvia y urgente resolución, un punto de acuerdo que, a su vez, contribuía a incrementar el debate sobre la necesaria legislación de los medios electrónicos e introdujo una alerta sobre la forma en que se está llevando a cabo ese proceso en nuestro país.
Dice el resolutivo aprobado por unanimidad:
Primero.- Se le solicita al C. Secretario de Comunicaciones y Transportes, Arq. Pedro Cerisola y Weber, informe por escrito a esta soberanía, sobre las consideraciones, criterios y valoraciones que han guiado los trabajos del Comité Consultivo de Tecnologías Digitales para la Radiodifusión; así como las definiciones que se han adoptado y aquellas que aún falta por definir en esta materia, entre otras, el destino que hará el Estado de la recuperación de espectro radioeléctrico, por virtud de la compresión digital.
Segundo.- Se le solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que al Comité Consultivo de Tecnologías Digitales para la Radiodifusión se integren tres representantes de los medios de comunicación permisionados, así como una representación efectiva de la sociedad civil, haciendo más incluyente la toma de decisiones en esta materia.
Tercero.- Se solicita una comparecencia al C. Secretario de Comunicaciones y Transportes, Arq. Pedro Cerisola y Weber, ante los integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores, a fin de establecer un diálogo sustentado que permita avanzar en la definición de las políticas públicas que se requieren instrumentar en este fundamental aspecto del sector.
Se reinstala la subcomisión senatorial
En la cámara alta avanza el proceso de dictaminación de la nueva Ley Federal de Radio y Televisión. A la par de la discusión general sobre el tema de los medios, el 20 de septiembre se reinstaló la Subcomisión de Análisis y Dictamen de la iniciativa de Nueva Ley Federal de Radio y Televisión. Coordinada por el senador panista de Jalisco Felipe de Jesús Vicencio Ãlvarez, la subcomisión retoma el anteproyecto de dictamen concluido en noviembre de 2003, y revisa sus últimos detalles.
El proyecto de nueva ley tiene como antecedente un largo anhelo de la sociedad mexicana por diseñar un nuevo modelo de comunicación y una nueva relación más transparente, más justa y más equitativa, entre los medios de comunicación electrónica, la sociedad y el Estado, y es fruto, en la mayor parte de su diseño, de la propuesta que los grupos ciudadanos que participaron en la Mesa de Diálogo para la Reforma de los Medios en la Secretaría de Gobernación, elaboraron y presentaron a la Comisión de Reforma del Estado en el Senado de la República el 4 de diciembre de 2002, tras truncarse aquellos trabajos por la emisión de los decretos del 10 de octubre de ese año.
A un mes de su reinstalación, la subcomisión se reúne el 18 de octubre y emite un comunicado: “Después de un largo proceso de consultas y audiencias públicas, y de un minucioso trabajo de revisión en el que participaron diversos especialistas y expertos del derecho, el grupo redactor presentó un anteproyecto de dictamen para el análisis de los integrantes de esta subcomisión”.
Aprobado con pleno consenso en la totalidad de su contenido, los miembros de la subcomisión concluyen la etapa de revisión para entrar al proceso de discusión y votación en comisiones unidas, y conscientes de la necesidad de avanzar en el proceso legislativo han hecho entrega a los diferentes grupos parlamentarios del anteproyecto de dictamen definitivo, a efecto de recibir observaciones y comentarios sobre su contenido.
En este sentido, una vez expuesto ante los grupos parlamentarios y recibiendo sus consideraciones, la subcomisión someterá el predictamen ante las Comisiones Unidas de Gobernación, Comunicaciones y Transportes, y de Estudios Legislativos, con el fin de proceder a su redacción final; tiempo y espacio en el que los miembros de la subcomisión consideran conveniente para poner al conocimiento y recibir observaciones sobre el texto de las organizaciones promoventes de la iniciativa, la industria y los funcionarios del Poder Ejecutivo relacionados con la materia.
Los senadores integrantes de la subcomisión coinciden al expresar que en este proceso siempre ha existido y seguirá siendo una prioridad, la búsqueda de diálogo constructivo y plural para lograr una ley moderna, democrática y acorde con la realidad normada. La democratización y pluralidad además de la garantía de fortalecer y dar certeza jurídica a los prestadores del servicio de radio y televisión, así como a la sociedad en su conjunto fueron los principios fundamentales del trabajo de redacción, siempre con el consenso de los senadores participantes en los trabajos.
Aunque en su comisión redactora ha contado con el apoyo firme del senador priista Manuel Bartlett, por ahora sólo tiene el aval formal de los grupos parlamentarios del PRD y PAN acordado el 21 de octubre en reuniones por separado, y busca el apoyo de un número suficiente de legisladores del PRI que posibilite su aprobación en el pleno para este periodo ordinario de sesiones que concluye el 15 de diciembre. Su eventual aprobación se daría a dos años exactos de que la iniciativa fue presentada por 64 senadores de los grupos parlamentarios del PAN, PRD, Convergencia por la Democracia y una senadora del PVEM. La primera iniciativa que en 44 años plantea una reforma integral, y propone de manera clara modificar la estructura de la radio y la televisión.
Viejas leyes, nuevas verdades
La promulgación de la actual Ley Federal de Radio y Televisión, vigente desde el 8 de enero de 1960, estableció las normas a una industria radiofónica que contaba en ese momento con 40 años de desarrollo y consolidación, y a una televisión con un poco más de diez años de exitosa carrera. Sin embargo, la realidad que pretende normar en pleno siglo XXI es absolutamente distinta a la del momento en que fue promulgada. Modificar las bases establecidas por esa ley, promulgada en 1960, cuando operaban en el país 357 estaciones de radio, cuando había 20 canales de televisión atendiendo a una población de 16 millones de habitantes, no puede seguir marcando las normas de un modelo de comunicación en el nuevo milenio.
Ahora, con 636 canales de televisión y mil 432 emisoras de radio según los datos oficiales de la SCTatendiendo las necesidades de información, educación, cultura y entretenimiento de una población cercana a los 100 millones de habitantes; con modificaciones cualitativas en contenidos y tecnología, que ha logrado consolidar un modelo altamente concentrador, mismo que permite que unos cuantos expresen a la mayoría sus puntos de vista y su visión del mundo. La ambigüedad de las reglas, que con esta iniciativa se pretenden resolver, tiene como motivación fundamental acotar el amplio margen de discrecionalidad de la autoridad en el uso de sus facultades, invalidando así toda eficacia normativa. No podemos seguir ignorando que el propio desarrollo tecnológico de los medios y el cambio operado en la sociedad mexicana exigen hoy su necesaria integración a las nuevas reglas, por lo que resulta inaplazable atender la necesaria reforma del marco jurídico de los medios electrónicos de comunicación.
La reforma de los medios electrónicos depende ahora de decisiones fundamentales que debe asumir el Poder Legislativo, como compromiso fundamental para con la sociedad. Resulta indispensable reconocer el diálogo y la búsqueda de líneas de convergencia y consensos en torno a los principios básicos y marco general del que deberá desprenderse esta reforma democrática.
Los valores del anteproyecto
El anteproyecto de reforma que ahora mismo deberá estar en discusión por las comisiones unidas, busca entre otras cosas:
· Garantizar el ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho de réplica como derechos ciudadanos básicos.
· Posibilitar la constitución de una autoridad autónoma, que otorgue seguridad y certeza jurídica a los concesionarios, posibilite la independencia efectiva del Ejecutivo y brinde a los ciudadanos confianza y transparencia en el cumplimiento adecuado de la ley.
· Garantizar la transparencia y la seguridad jurídica en el otorgamiento, supervisión y refrendo de las concesiones.
· Flexibilizar el otorgamiento de permisos y el funcionamiento de las emisoras con carácter no lucrativo.
· Precisar la finalidad social y definir una figura jurídica para los medios bajo explotación directa del Estado.
· Permitir un acceso y un tiempo de difusión más amplio y equitativo a los distintos poderes y organismos autónomos del Estado.
· Estimular la producción nacional independiente, a través de la creación de un fondo público con este objetivo.
· Proteger al público televidente, en especial a los niños y adolescentes, y reducir la transmisión de programas con alto contenido de violencia.
· Lograr una regulación adecuada de la propaganda comercial.
Tiene que ver con un asunto toral: la posibilidad de consolidar, en todos los ámbitos de la vida política, económica, social y cultural de México, el proceso de democracia que los mexicanos anhelan.
Estamos muy esperanzados en que todos los grupos parlamentarios, una vez que el predictamen se someta a su estudio a las comisiones correspondientes, puedan acompañar, de manera franca, honesta y abierta el dictamen de la misma.
Los contenidos de la reforma
1. Servicio de Radio y Televisión. El proyecto de ley propuesto consta de 299 artículos, agrupados en siete títulos, cuyo objeto es regular el servicio de radio y televisión como una actividad de interés público, que el Estado deberá proteger y vigilar para el debido cumplimiento de su función social, independientemente del medio tecnológico a través del que se preste, por lo que sus preceptos incluyen el servicio de radio y televisión que se brinde de manera radiodifundida o restringida.
Se amplía así el espíritu de la ley vigente que se restringe a la radiodifusión abierta, porque su competencia se deriva únicamente del aprovechamiento, uso y explotación que se hace de un bien de dominio de la Federación (el espectro radioeléctrico).
El interés público como el conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de los miembros de una comunidad y protegidas mediante la intervención directa y permanente del Estado, debe abarcar todos los ámbitos donde se considera que existe el interés público. En este sentido la regulación y vigilancia del Estado no tiene como origen, solamente, la propiedad del Estado sobre el espectro radioeléctrico, sino el carácter prioritario para la sociedad que se considera tienen la radio y televisión como medios masivos necesarios para la comunicación, la información, la expresión y la formación de la sociedad mexicana en el marco de la pluralidad, la democracia, el respeto a los derechos fundamentales del hombre y el desarrollo educativo y cultural de la sociedad.
Por ello se establece que el objeto de la ley es regular el servicio de radio y televisión independientemente del medio tecnológico por el que se preste, con lo que se fortalece la noción del interés público que tiene esta actividad. En tal sentido, el Estado debe regular y buscar la prestación eficiente y democrática del servicio, más allá de la forma en que se transmitan las señales.
Regular al servicio en su conjunto, independientemente de la forma en que se transmita la señal de radio y televisión, tiene además el objetivo de permitir que la ley responda a los cambios tecnológicos que ya se están dando y que continuarán en los próximos años, en los que se prevé la convergencia de la radiodifusión y de las telecomunicaciones, lo que implica que la radio y televisión se podrán escuchar y ver en espacios y aparatos receptores muy diversos, los cuales, en muchos casos, no recurrirán al uso de las frecuencias del espectro. De este modo, se busca evitar que la ley sea rebasada por la convergencia tecnológica, como sucedería en muy pocos años en caso de mantener su competencia restringida al uso de las frecuencias.
El rápido desarrollo del servicio restringido de radio y televisión lo ha llevado a jugar un papel creciente como medio de comunicación masiva en los hogares mexicanos, lo que exige que los contenidos de su programación no queden exentos de regulación y que, con la debidas especificaciones que merecen las características particulares de esta modalidad, ésta no sea diferente en lo fundamental de las condiciones que se obliga a cumplir a los contenidos de la radiodifusión. De hecho, este principio ya está contenido en el Reglamento de Televisión y Audio Restringidos vigente desde 2000, que establece en sus artículos 23, 36, 39, 43 y 45 que en la programación que se difunda a través de redes serán aplicados los principios de la Ley Federal de Radio y Televisión. Por lo que esta iniciativa sólo incorpora lo establecido ya en el reglamento dándole así validez de ley.
2. Órgano Regulador Plural. El consejo propuesto representa un avance importante para garantizar la debida observancia de la ley, lo más lejos posible de las decisiones discrecionales de la autoridad, pues considera un ejercicio transparente y claramente establecido en diversos artículos de la iniciativa. Saca del regateo político y de las tradicionales componendas entre gobierno y medios, la administración del espectro radioeléctrico y la supervisión general de la ley mediante participación de consejeros ciudadanos propuestos, mediante convocatoria pública transparente.
La figura jurídica encontrada para poder ejercer las atribuciones que se le plantean es el de un órgano desconcentrado de la SCT.
La estructura que se propone para el consejo garantiza su autonomía, independencia e imparcialidad al dotarlo de las siguientes características: órgano de gobierno colegiado; consejeros independientes, designados por el Presidente de la República con la colaboración del Senado; con permanencia e inamovilidad en el cargo durante periodos transexenales y renovados de forma escalonada. La designación establece un formato utilizado con anterioridad por el Congreso para otros entes dotados de similar grado de autonomía, como en el caso de los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. En este sentido, el Senado podrá objetar la designación que haga el Ejecutivo, sin menoscabo de las facultades constitucionales que le otorga la fracción II del artículo 89 de la Carta Magna y de la interpretación del principio de la división de poderes realizado por el máximo tribunal del país.
El consejo está diseñado como un órgano fuerte, que realiza las principales funciones gubernamentales respecto del sector de manera autónoma: define su Plan Anual para el Desarrollo del servicio de la radio y televisión; administra el espectro radioeléctrico para la prestación del servicio (otorga, renueva, modifica y revoca concesiones, permisos y asignaciones directas); vigila el cumplimiento de la ley en materia de los contenidos de la programación; impone sanciones a los prestadores del servicio; administra y distribuye los tiempos de Estado.
Con este diseño el consejo realiza funciones sustantivas que actualmente ejercen la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Gobernación. Por un lado, es conveniente pasar la administración del espectro a un órgano con independencia y autonomía, que transparente y despolitice esta función; por otro, consideramos que la vigilancia de los contenidos debe separarse de las funciones de la Secretaría de Gobernación cuya responsabilidad esencial es la conducción de la política interna del país. Con ello se busca despolitizar la regulación sobre la programación, lo que constituye un paso fundamental para garantizar la libertad de expresión y avanzar hacia la democratización de los medios.
3. Nuevas figuras jurídicas y régimen de otorgamiento de concesiones y permisos. Para la administración del espectro se considera conveniente adoptar la propuesta de las organizaciones sociales para establecer tres categorías distintas bajo las cuales se pueda prestar el servicio de radiodifusión (concesión, permiso y asignación directa). Considerando que cada una de estas figuras, aun cuando utilicen el mismo bien, cumplen con objetivos diferentes y el uso que realizan del espectro tiene distintas características; los mecanismos para el otorgamiento de cada una de las categorías, los sujetos susceptibles de su otorgamiento, así como las obligaciones y derechos que adquiere cada uno de su titulares son diferentes, por lo que se considera necesario otorgarles una naturaleza jurídica distinta.
3.1. La creación de la figura de explotación directa para las frecuencias para ser operadas por los órganos de Estado, diferenciándolas de los permisos que, en esta iniciativa, quedan claramente clasificados para ser operados por instancias civiles, con reglas y criterios específicos.
3.2. Para el régimen de concesiones además de reglas claras, criterios de valoración y procedimientos para acotar la discrecionalidad de la autoridad, generando mayor seguridad jurídica para los operadores, se plantea también que los beneficios de mejoras tecnológicas no podrán beneficiar totalmente a sus titulares (recuperación de espectro para el Estado).
3.3. En este régimen se incorpora la participación de la Comisión Federal de Competencia como medida precautoria para evitar la concentración que derive en prácticas monopólicas. (Este es sólo uno de los aspectos incorporados que pretenden establecer reglas claras para promover la competencia económica del sector y promover la pluralidad de los operadores.)
3.4. El periodo de vigencia se cambia a 12 años (tiempo promedio en el derecho comparado) y se establecen criterios claros para la renovación donde se considera como aspecto fundamental el análisis del expediente de cada operador en cuanto al acatamiento de la ley, lo que permite asegurar una mayor eficacia jurídica que promueva el mejor seguimiento de los preceptos establecidos.
3.5 En este apartado encontramos, como aspecto a destacar, el establecimiento del pago de derechos por el otorgamiento de una concesión (de acuerdo con las características de la licitación) y un derecho especial por el uso y explotación de frecuencias (equivalente al impuesto que actualmente se paga en especie a través del tiempo fiscal, lo cual permitirá, en su momento, la reconsideración del decreto del llamado 12.5%). Además de recomendar que este derecho sea orientado a la promoción de la producción audiovisual nacional.
3.6. Para el régimen de permisos consideramos importante resaltar que, además de acotar la discrecionalidad de su otorgamiento y establecer plazos para su resolución, se atiende a una demanda largamente expuesta por los permisionados en cuanto a sus fuentes de financiamiento, lo que además de permitir inversión en tecnología y producción, les otorgará formas legítimas de autofinanciamiento que les posibilite atender los fines sociales, educativos y de orientación social a que están comprometidos. En la iniciativa se establece que las permisionadas pueden obtener recursos mediante patrocinios, donativos, venta de productos y servicios y venta de espacios publicitarios (local o regional, y acotada al 7% del tiempo total de transmisión) sin que esto constituya competencia desleal a los concesionarios privados, toda vez que esta actividad es acotada.
4. Tiempos de Estado. Se planea el incremento de 30 a 60 minutos del llamado tiempo de Estado (pues se perdieron 162 minutos en TV y 145 minutos en radio, gracias al decreto del 10 de octubre) y se definen con precisión los criterios para su distribución, los cuales proporcionarán una ventana de acceso a los tres poderes de la unión, a los órganos autónomos, a los partidos políticos y particularmente a los estados y municipios de la República, lo cual será, sin duda, un cambio significativo en el uso exclusivo de ese tiempo por parte del Ejecutivo federal y se materializa, así, la verdadera concepción que involucra al tiempo de Estado de manera plural y descentralizada.
La función de la radio y televisión en las democracias modernas como espacio importantísimo de las campañas políticas y la posibilidad de los medios para orientar las preferencias electorales, hacen indispensable establecer medidas específicas que regulen la propaganda electoral que se transmite en la radio y televisión. En este contexto, es obligación del legislador establecer preceptos legales que garanticen la equidad en el desarrollo de la contienda política en la radio y televisión y preserven el derecho de los electores a conocer las distintas ofertas partidistas.
Lo cierto es que no puede haber equidad cuando la propaganda electoral transmitida a través de los medios masivos se encuentra reservada, en los hechos, para aquellos actores políticos con capacidad de hacer uso de importantes recursos financieros, o cuando las emisoras dan un trato discrecional en sus tiempos publicitarios a partidos y/o candidatos en menoscabo de otros contendientes y de los propios derechos políticos de los ciudadanos.
Si bien es materia de las leyes electorales establecer el grueso de las disposiciones para garantizar la equidad en el proceso electoral, el legislador puede contribuir desde la Ley Federal de Radio y Televisión, para que los prestadores del servicio de radio y televisión respeten el principio constitucional de equidad en sus espacios publicitarios y para mantener a la radio y televisión al margen de la disputa electoral. En este sentido, no debemos olvidar que en el ámbito internacional las legislaciones en materia de medios de España, Portugal, Reino Unido, Francia y Canadá contienen disposiciones que prohíben o limitan la compra de tiempos de publicidad política en los medios, como una medida esencial para el funcionamiento de su sistema democrático.
Por todo lo anterior se propone que tratándose de propaganda electoral la radio y televisión sólo podrán transmitir la que sea contratada por los órganos electorales, con el fin de garantizar que los prestadores del servicio no participarán de la disputa política favoreciendo con tiempos o tarifas a partidos políticos o candidatos específicos. Esta disposición está orientada específicamente a los prestadores de la radio y televisión, se refiere sólo al modelo de medios de comunicación que queremos, por lo que no invade el sistema electoral y de partidos.
5. Reglas de competencia. Una necesidad urgente para redefinir las condiciones de operación de la radio y la televisión es el establecimiento de reglas para promover el crecimiento equilibrado y plural de esta industria, en esta iniciativa además de la participación de la Comisión Federal de Competencia en el proceso de otorgamiento de concesiones, se determina el límite para que un operador pueda obtener más concesiones si rebasa 35% de la cobertura o de los ingresos del sector en una plaza. Asimismo, se prevé que para la transmisión de acciones de las personas morales, titulares de una concesión, se deberá requerir opinión favorable de la Cofeco, si el adquiriente es titular de otras concesiones. Sabemos que es práctica regular, que promueve la alta concentración de medios, el traspaso o “renta” de concesiones por lo que cualquier transferencia de los titulares debe ser vigilada y regulada.
6. Registro público. Se propone la creación y administración del Registro Público de Radio y Televisión, cuyo objeto es hacer pública y accesible la información referente a la radio y televisión y su operación en México.
7. Programación. La regulación de la programación se distribuye en cinco capítulos: Disposiciones generales, Tiempos de Estado, Publicidad (incorporando todas las modalidades presentes en el mercado), el Fondo Nacional para el Apoyo a la Producción de Televisión y Radio Independiente y el Derecho de Réplica para el cual se establece un procedimiento claro para garantizarlo y la garantía de arbitraje ante el órgano regulador.