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La posición de Cerisola

La posición de Cerisola

– Javier Corral Jurado

En plena coincidencia con la postura de las dos empresas nacionales de televisión – a quienes de manera subrepticia les refrendó la mayoría de sus concesiones hasta el año 2021 -, el Arquitecto Pedro Cerisola y Weber, Secretario de Comunicaciones y Transportes, ignoró hasta el tiempo que le fue posible, la solicitud que la subcomisión senatorial dictaminadora de la nueva Ley Federal de Radio y Televisión formuló a la dependencia para que emitiera su opinión. Casi un mes después remitió, ante la inevitable reunión de las Comisiones Unidas – lo que apostaba imposible -, unos apresurados comentarios. Mas bien me los imagino urgidos, dada la pobreza argumental. Es que en realidad habían decidido desdeñar el proceso; tal y como había sido la estrategia del duopolio televisivo.

Fue rústica la maniobra, y aunque ineficaz al final de cuentas, es fundamental tener presente la forma y fondo de la posición de la SCT, orientadora del entramado de intereses que concurren en el tema de la reforma a la Radio y Televisión, y también esclarecedora del nivel de substitución que estrictos intereses particulares tienen hoy lugar en la visión de algunos servidores públicos – presumiblemente Secretarios de Estado -, sobre el interés nacional. Pero eh ahí también, uno de los mejores argumentos a favor del porqué es necesario pasar a un órgano colegiado, desconcentrado de esa Secretaría, la importante función del otorgamiento y refrendo de las concesiones de radio y televisión. Si una visión como esa puede albergarse en un gobierno con el talante democrático del que encabeza el Presidente Fox, ¿qué no podría pasar en uno presidido de nuevo por el PRI o por el Licenciado López Obrador?.

Fechada el 9 de diciembre del año que está por fenecer, agotado el plazo establecido por la subcomisión quince días antes, y entregado a los integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación, Comunicaciones y Transportes y, de Estudios Legislativos el mismo día de su sesión – 13 de diciembre -, sólo tres horas antes, llegó el oficio que opina sobre “el predictamen de anteproyecto”.

“Contiene aspectos inconstitucionales, especialmente por lo que se refiere a la creación del Örgano Regulador, que integra ciudadanos como consejeros del mismo”, es el punto de partida del Señor Secretario Cerisola; “los procesos concesionarios no contribuyen a disminuir la discrecionalidad en el otorgamiento de los mismos y no garantizan las mejores condiciones para el Estado”, es la segunda de las objeciones y estas dos las más significativas. Luego vienen una serie de confusiones, por ejemplo, la de equiparar la licitación pública con una subasta, y considerar que establecer la oferta programática de contenidos como uno de los criterios fundamentales para la selección definitiva de una solicitud de concesión, ¡resultaría contrario a la libertad de expresión!.

En la primera de las objeciones, eco de otras voces o de la propia, escribe el Secretario que, “la figura de nombrar ciudadanos, para que sean dichos consejeros los que otorguen o nieguen concesiones y permisos (que pueden ser objetados por el senado), contravendría los artículos 27 y 28 constitucionales, amén de que las objeciones del Senado sobre los posibles consejeros, debieran tener sustento constitucional, que al día de hoy, en términos del artículo 76 de dicho ordenamiento carecen”.

No sé que carácter otorgue el Señor Secretario Cerisola a las personas que hoy ocupan responsabilidades públicas en múltiples dependencias, órganos desconcentrados y descentralizados de la administración pública federal, pero la inmensa mayoría son ciudadanos. Lo cierto es que la estructura ciudadanizada del Consejo no violenta ningún precepto constitucional. La ciudadanización únicamente se refiere al origen y trayectoria de las personas susceptibles de ser nombrados consejeros, (condiciones de elegibilidad) tal y como se establece en el articulo 14 del proyecto de dictamen. Los consejeros, al ser nombrados como tales, forman parte de la Administración Pública Federal y en consecuencia son servidores públicos que asumen las atribuciones que la ley les confiere y se sujetan a las normas que regulan su actuación; así lo recoge el proyecto en su artículo 15.

Un órgano desconcentrado de una Secretaría del Poder Ejecutivo, no va en contra de la Constitución, que en efecto establece que corresponde a la Nación el dominio directo del espacio situado sobre el territorio nacional, y que la explotación y uso de ese recurso no podrá realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal. Ello tiene respaldo en el artículo noventa constitucional, que faculta a la administración pública federal a distribuir los negocios del orden administrativo a cargo de las Secretarías de Estado, y éstas a su vez a delegar el ejercicio de su operación. La concesión es un acto administrativo, y un órgano desconcentrado es una entidad delegada de una Secretaría. Tal y como sucede con la Comisión Nacional del Agua; la Comisión Federal de Competencia; la Comisión Reguladora de Energía; la Comisión Federal de Telecomunicaciones; la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, etc.

El Secretario Cerisola se opone a que el Consejo realice funciones sustantivas que actualmente ejercen la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Gobernación. Pues claro que de eso se trata, de pasar la administración del espectro a un órgano con mayor independencia y autonomía, que transparente y despolitice esta función, que vea por los intereses nacionales fuera del regateo electoral al que siempre se somete el tema, ayer y hoy.

En cuanto al otorgamiento de las concesiones, no hay nada más discrecional que el actual esquema de decisión unipersonal, “al libre juicio” del Secretario de Comunicaciones y transportes”. El proyecto de dictamen establece criterios objetivos para el otorgamiento de concesiones en el artículo 63, dándoles orden de jerarquía, y la decisión es colegiada, y el dictamen debe ser fundado y motivado. Hoy ni información dan. Desde hace tres meses, por acuerdo unánime, el Senado de la República convocó a comparecer al Secretario Cerisola para explicar el proceso de digitalización de la radiodifusión en nuestro país, y el proceso de concesiones y refrendos en torno de ese fenómeno tecnológico. Todavía lo estamos esperando.

Por supuesto que la licitación pública no implica subasta económica (almoneda de remate), sólo la transparencia del proceso. Por el contrario serán criterios cualitativos que deberán establecer su precisión en lineamientos que se emitan para tal efecto. Para garantizar la certeza jurídica, los refrendos serán automáticos estableciendo como único requisito, el cumplimiento de la ley y las condiciones establecidas en el título correspondiente. No son los criterios económicos – como erróneamente plantea el Secretario Cerisola -, los que determinaran la decisión, pues por esa vía, sólo los que tengan dinero podrían hacerse de frecuencias. Ello además conllevaría el riesgo de que dinero ilícito entrara a la financiación en este tipo de mecanismos.

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