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Es dictado, no dictamen

Es dictado, no dictamen

– Javier Corral Jurado

Lo saben perfectamente en la misma Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión: la propuesta que se presentó la semana pasada – como proyecto alterno de discusión para una nueva Ley Federal de Radio y Televisión -, responde esencialmente a los intereses de Televisa; como bien lo dijera el senador panista Felipe de Jesús Vicencio “más que proyecto de dictamen, parece dictado”. Es que su proceso de elaboración, ha sido uno de los más personalizados y secretos de que haya referencia. Ni siquiera a los dirigentes formales de la industria se les convidó de la negociación. Por ello lo ocultaron hasta que pudieron; la demora en la entrega – a sólo una semana antes del plazo fijado para la votación en el pleno -, es la mejor prueba de que no traían cosa buena.

Y a ese proceso, es al que – sin rubor en el uso del lenguaje -, se le llama “documento de consenso en el que no se llevó acabo ninguna simulación, preferencia o imposición, y realmente se escuchó a todos los interesados”. Los grupos ciudadanos que promovieron la iniciativa, hubieran querido por lo menos una de las tantas audiencias que se le concedieron en privado a los asesor jurídicos de las televisoras. Ya las hubiera deseado algún día, el Sr. Alejandro García Gamboa, quien se ostenta como el Presidente de la CIRT. Es una pena, literalmente, ajena.

Varios de los que hemos promovido la reforma a la Ley Federal de Radio y TV, hemos calificado de inadmisible ese documento. Se nos había ofrecido un proyecto que equilibrara las propuestas de los diversos actores involucrados en la discusión y el debate, “una alternativa intermedia”. Se decidió ignorar las propuestas de la sociedad, y dejarlo a la medida de las empresas dominantes de la Televisión.

Por ello mutila, en nombre de la Constitución, prácticamente todas las figuras relevantes de la iniciativa presentada por sesenta y cuatro senadores y el predictamen elaborado por la subcomisión plural de legisladores. Se trata de la pérdida del carácter social y nacional de la propuesta legislativa que tanta esperanza ha suscitado en diversos sectores del país.

De aprobarse representaría un grave retroceso para México, y por el contrario se beneficiaría a unos cuantos al reforzarse la discrecionalidad política, el modelo monopólico de los medios privados, y la marginación de los medios permisionarios y públicos.

La propuesta, además de adolecer de varios errores jurídicos, mantiene intacta la discrecionalidad política para otorgar las frecuencias de Radio y Televisión: nos ofrecieron a la Cofetel como un órgano regulador autónomo e independiente para que fuera la instancia que otorgara las concesiones y los permisos, y lo que terminan proponiendo es que sea el Secretario de Comunicaciones y Transportes el que detente la facultad de otorgarlas y revocarlas, sin reforzar los criterios y procedimientos a los que en transparencia, justicia y equidad debiera sujetarse cualquier funcionario que tenga a su cargo tan delicada facultad. La Cofetel, como ahora, sólo dará su opinión. Nos quieren dar gato por liebre.

No sólo se eliminan los principales ejes del anteproyecto de la Subcomisión, sino que en las nuevas incorporaciones llega al absurdo de establecer como criterio de selección para obtener una concesión de radio y televisión la subasta ascendente, esto es, el espectro radioeléctrico al mejor postor. Estaciones de radio y televisión sólo para los que tengan dinero.

Un extremo de la falta de visión nacional del dictamen: En la recuperación de espectro radioeléctrico – por innovaciones tecnológicas -, los concesionarios y no el Estado son los beneficiarios. Más, para los mismos. La negativa absoluta a los derechos de retransmisión de las empresas de televisión por cable y satelital de las señales abiertas, y el nuevo artículo 21, en materia de recuperación de espectro, desnuda con toda claridad a sus verdaderos autores.

Mete a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, un órgano regulador eminentemente técnico, a establecer, clasificar y vigilar contenidos, administrar tiempos de Estado, al mismo tiempo que cae en una contradicción al conceder a la Secretaría de Gobernación esa misma facultad. Es de señalar que esta versión no contiene propuesta de reforma alguna a la Ley Orgánica de la administración pública federal que le permita a la SCT, tomar atribuciones en materia de contenidos.

Restringe la competencia de la ley al ámbito de la radiodifusión abierta, es decir excluye el servicio prestado por la televisión y audio restringidos.

No establece las normas a las que deberán sujetarse los prestadores del servicio de radio y televisión cuando, a través de sus frecuencias presten servicios agregados de telecomunicaciones. Y muy delicado resulta el que desaparezcan del Capitulo de principios fundamentales las obligaciones a las que deberán comprometerse los prestadores del servicio y que en el anteproyecto de dictamen se establecían como parámetros fundamentales para garantizar la eficacia y pertinencia del servicio.

Elimina la propuesta de comercialización del 7% a los permisionarios y medios públicos. Elimina el porcentaje del 35% como límite a la concentración de frecuencias en una misma plaza o servicio. Elimina la prohibición de la tarifa política y de la tarifa diferenciada para partidos y candidatos. Elimina la contratación exclusiva del IFE en materia de publicidad electoral. Elimina la obligación para las cadenas nacionales de Televisión de contratar el 20% de producción independiente. Reduce el Tiempo de Estado de 60 a 30 minutos. Reduce la obligación de programación nacional de 50% a sólo 30% del total de la transmisión. Aumenta la duración de las concesiones de diez a veinte años. Mantiene el Tiempo Fiscal conforme al decreto presidencial del 10 de octubre de 2002, en el que se hace sujeto único al titular del Poder Ejecutivo Federal de su distribución y uso. Restringe de una manera absurda el Derecho de Réplica, señalando que no será sobre hechos o información irrelevante, no procederá sobre hechos o información que pueda ser constitutiva de una acción civil y/o penal.

Y además, en un planteamiento engañoso, la propuesta se elabora en dos proyectos por separado, y no en un mismo articulado que resuelva la reforma de la Ley Federal de Radio y Televisión y la de Telecomunicaciones en un mismo decreto. Esto es, podría quedar al garete cualquiera de las dos.

Este próximo miércoles 6 de abril, se citó a las seis de la tarde a los integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación, Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos para proseguir con los trabajos de dictaminación de los proyectos presentados. Ojalá que, en un ambiente de tristeza social por el fallecimiento de Juan Pablo II y ocupados de ello los medios de comunicación, por lo menos los legisladores dediquen el suficiente tiempo de reflexión y análisis que requieren los dos desafueros que se quieren cometer esta semana: el de López Obrador y el de la reforma democrática de la Radio y la Televisión.

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