El Presidente de la República anunció en Rusia que durante las elecciones de 2006 su participación en el proceso será promoviendo a Acción Nacional, y aquí se desató una desproporcionada discusión, tendenciosa en lo mediático e hipócrita en lo político.
Se acusó ya la violación de preceptos legales que nada tienen que ver con lo declarado por el presidente Fox y se llamó al IFE para intervenir sobre hechos que aún no acontecen. El tema ocupó largos espacios en la radio y la televisión, sin equilibrio ni pluralidad de voces que ampliaran la perspectiva del asunto, y en la Comisión Permanente el tema ocupó el debate central.
En un ambiente de normalidad democrática, regulada la publicidad oficial y los tiempos de Estado en los medios electrónicos, así como delimitados perfectamente los recursos públicos de los partidarios, y definida claramente la especie “promoción”, esa participación sería absolutamente normal y necesaria. Propia y genuina de un régimen democrático.
Digo necesaria frente a un conjunto mediático que, en retraso de varias décadas de sumisión y subordinación al gobierno, ha querido demostrar ahora su talante libertario y su “independencia política”, haciendo del Presidente centro de todo tipo de ridiculizaciones y blanco de todas las calamidades políticas que padecemos. Con Fox todos se ceban, en él prueban su valor tardío y su arrojo, frente al poder, varios de los comunicadores que antes agotaban el diccionario de la adulación. Necesaria participación frente a una oposición que convirtió al Congreso en obstrucción institucional y llevó la crítica a los más bajos niveles del insulto y la injuria. Sólo a eso se dedican al menos una decena de legisladores de manera cotidiana, sistemática.
En un régimen democrático, el Presidente contesta y debate. Así funciona en muchos países del mundo, en donde los mandatarios, desde los mismos jefes de Estado, de gabinete y de gobierno, legisladores, secretarios de Estado y ministros, pueden concurrir abiertamente a la formación de la opinión pública en materia electoral defendiendo sus obras, acciones de gobierno, las tesis de sus partidos y los programas ideológicos que representan. Actos fundamentales de las campañas electorales de varios de esos países tienen como actores principalísimos a los jefes de gobierno, más aún en los países que permiten la reelección, como EU, Inglaterra, Francia y Alemania.
El problema es que en nuestro país aún no existen todas esas condiciones que permiten distinguir lo institucional de lo partidario; dentro del mismo Poder Legislativo está borrada esa separación. Pero la falta de esas reglas la ausencia de esa legislación que haría más transparente ese eventual manejo presidencial se la debemos a algunos de los hoy enardecidos críticos, no sólo porque varios de sus ejes esenciales tocan intereses multimillonarios bien resguardados por algunos legisladores, sino porque una reforma en ese sentido los tendría que abarcar.
Y si en algún ámbito están colocadas las dudas más razonables sobre la indebida utilización de los recursos públicos hacia las precampañas electorales locales y nacional, es en el Congreso de manera particular en el Senado de la República y en los gobiernos de los estados. Pero somos muy dados a ver la paja en el ojo ajeno y no en el propio. Las denuncias no son posiciones ideológicas, o propuestas programáticas, ni siquiera iniciativas de ley, son posturas mediáticas que en realidad no buscan la solución de fondo sino el escándalo, el medro electoral.
El manejo priísta de estos temas es, además de desmemoriado y falto de todo rubor, singularmente hipócrita. La crítica del PRD es de una grotesca doble vara y por ello se presenta incongruente. El caso más patético de abuso y utilización indebida de recursos públicos, ya no digamos de promoción a su partido sino de sí mismo, es Arturo Montiel, gobernador del estado de México. López Obrador compite con desenfado por ese primer lugar y hasta una parte de su tempranera conferencia de prensa diaria la ha destinado para “asuntos del proceso interno del PRD, su propuesta de gobierno y la campaña de 2006”. Pero ahí no hay mirada profunda, ni revuelo en los medios.
El “Tucom”, que enarbola la bandera de la democracia y la decencia frente a Roberto Madrazo, es el grupo que más ha caído en la nefasta utilización de recursos públicos para la promoción de sus integrantes y la organización de actos relacionados estrictamente con su proceso partidario interno de selección de candidato. En varios de ellos hay por lo menos opacidad.
En México, más que llamados a misa, puntos de acuerdo y permanentes exhortos a todo tipo de autoridades relacionadas con los procesos electorales, se necesitan leyes que distingan los ámbitos de actuación personal, partidaria e institucional, y esa es tarea de los legisladores. La promoción de un jefe de Gobierno a su partido tiene una importancia indiscutible por la relevancia de su investidura y la cobertura que ello suscita sobre todo en la televisión; de ahí que tenga también relación directa con la legislación de medios de comunicación electrónica.
En el derecho comparado de la información se encuentran figuras relevantes para el equilibrio de las apariciones televisivas del Presidente, y se concede un derecho de respuesta a la oposición cuando la alude o se refiere a ella. Los tiempos de la promoción que el gobierno puede hacer de sus propios logros y avances está claramente determinado. Sin embargo, en nuestro país, los partidos no son capaces ni de legislar para eliminar los sobreprecios en la compra de publicidad electoral y de las tarifas diferenciadas que les afectan a todos; ¿cuándo veremos esta materia que también los incluye?