La Federación Mexicana de Colegios de Abogados A.C. , en su 33 congreso y asamblea nacional, que tiene lugar en estos días, en Morelia, Michoacán, discute sobre la iniciativa de la nueva Ley Federal de Radio y Televisión, lo cual confirma el creciente vínculo del campo del derecho con la comunicación social y las preocupaciones de los abogados por un marco normativo obsoleto. Este es un muy buen dato que por un lado muestra la permanencia de un debate necesario sobre el papel de los medios de comunicación en nuestra democracia, y por el otro coloca a esta asignatura pendiente en la mira de los estudiosos del derecho que hasta ahora más parece asunto exclusivo de los profesionales de la información e investigadores de la comunicación.
El problema de la obsolescencia legal en materia de medios alienta otras descomposiciones sociales que aquejan a la procuración de justicia en cada uno de nuestros estados. En una democracia la legitimidad del derecho se sustenta en las condiciones del proceso para la creación de los instrumentos jurídicos que sustentan el estado de derecho, la creación de nuevos procedimientos regulatorios que faciliten la atención de las necesidades sociales, y que los legisladores sean capaces de escuchar a sus representados para ser capaces de fijar normas y principios acordes con la realidad.
Miguel Carbonell nos propone reflexiones puntuales para que podamos ubicar el valor de lo jurídico como soporte fundamental para conducir el rescate de un estado de derecho, que en materia de garantías de la información está lejos de ser realidad, hasta ahora, en México.
“Sólo entendiendo que la ley es el mejor mecanismo para articular y hacer valer los distintos intereses sociales y políticos, en tanto que es la norma la que reúne el mayor grado de `democraticidad`, después de la Constitución, es posible llevar a cabo una orientación de la convivencia social para poder formar, entre otras cosas, un consenso democrático que reduzca a sus justos y necesarios términos la actual preeminencia del poder presidencial; también de esta forma podrán encauzarse las crecientes demandas de apertura democrática del sistema político, reflejo del surgimiento imparable de un enorme pluralismo social”.
Es el Poder Legislativo en donde debe manifestarse el ejercicio de la política; en su renovado esfuerzo debemos encontrar los ciudadanos una fuerza que requiere valoración y respeto pero también nuestra más rigurosa y responsable exigencia; es en este aspecto donde debemos ubicar la importancia que adquiere la vigencia de la división de poderes y las reflexiones y conclusiones que realizan los profesionales del derecho.
En el marco de los medios de comunicación y de su innegable vínculo con el aparato gubernamental, se ha establecido una relación de complacencia mutua y concertada, para capitalizar, para sus intereses particulares privados o de consolidación del poder público muy por encima de la voluntad soberana expresada en la Constitución, reduciendo así la capacidad y obligación estatal de establecer políticas públicas en materia de comunicación social. No podemos seguir pretendiendo construir un ejercicio democrático si en el campo de las comunicaciones y en el manejo de la información éstas están siendo construidas por el ejercicio ilimitado de unos medios que no quieren para sí lo que exigen para los demás: leyes, rendición de cuentas, transparencia, pluralidad y respeto.
En este sentido, queda en evidencia la importancia de la reflexión académica y política que permita no sólo dar cuenta de las características y consecuencias de la relación entre comunicación, derecho y sociedad como un paso para construir una propuesta que nos permita avanzar en el necesario ejercicio de la política, que requiere la definición de acciones sobre la base del conocimiento claro de lo que se pone en juego cada vez que se intenta ajustar o cambiar las reglas sobre las que se ha asentado el modelo comunicativo en este país.
Así, en Morelia, Michoacán, licenciados y doctores en derecho desarrollan por estos días su 33 congreso y asamblea nacional. El anfitrión central es el gobierno del estado, pero han animado el encuentro de manera fundamental la licenciada Martha Camarena Reyes, presidenta del Colegio de Abogados de Michoacán, y el licenciado Rodolfo González Islas, hidalguense que encabeza la federación. Los reúne un impulso vital por el estudio y la capacitación, la actualización permanente, único camino para el ejercicio riguroso de una actividad indispensable para concretar en el campo del conflicto la verdad y la justicia de la ley.
En esa tarea de profundización y con la meta de colocar la mirada de los abogados sobre los problemas centrales de justicia y legalidad en nuestro país han contribuido, como ahora mismo lo hacen, dos distinguidos abogados chihuahuenses que ya han presidido este organismo de colegiación: el licenciado José Martínez Frausto y el licenciado Enrique Aguilar Pérez.
Preocupados por la judicialización de la política, o por la politización de la justicia, discuten desde las consecuencias jurídicas y políticas del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el Presupuesto 2005, pasando por los procesos de desafuero, la jurisdicción internacional de los derechos humanos y los proyectos legislativos en materia de medios de comunicación. Los hechos que en este campo han sucedido en México nos obligan a un alto en el camino para la reflexión que nos permita aportar elementos para el debate político y jurídico y para las necesarias acciones en el campo de las políticas públicas. Tratar de esquivar o eludir nos costará caro, en medio de enormes arrepentimientos por el tiempo perdido.