Agenda digna
– Javier Corral Jurado
En una entrevista con Alejandro Torres y Jorge Ramos, reporteros de El UNIVERSAL, el secretario de Gobernación, Carlos María Abascal Carranza, expresa su confianza en la posibilidad de lograr un acuerdo básico para dotar de mayor legitimidad al proceso electoral de 2006 y conseguir también una agenda legislativa mínima. Dos propósitos definidos como los retos más importantes para el último tramo del gobierno del presidente Vicente Fox.
En efecto, Abascal trabaja en ello desde su llegada a Bucareli, y para sorpresa de muchos ha identificado con gran sensibilidad y sentido de lo político los temas que requieren del cuidado y la atención del gobierno federal en torno de las elecciones generales del año próximo, sin invadir las funciones legales que expresamente han sido conferidas a los órganos electorales; también está llevando a cabo un proceso de diálogo e interlocución política con diversos grupos, organizaciones, partidos políticos y legisladores para definir los asuntos que pueden ser materia de un último esfuerzo legislativo por concretar reformas que valgan la pena.
Dentro de ese proceso recibió hace poco más de un mes a la directiva de la Asociación Nacional para la Reforma del Estado, la organización civil más plural y especializada a la vez en las asignaturas de una reforma política, económica y social de carácter integral. Ese encuentro fue realmente esperanzador porque el secretario Abascal trazó líneas de coincidencia con la preocupación mayor de nuestra asociación: cómo sentar desde ahora y para quien venga las bases no sólo de una mayor transparencia y legitimidad políticas en el curso de las campañas y sus resultados, sino dotar de mayores instrumentos para la gobernabilidad democrática al nuevo gobierno. Ahí dijo algo que ahora ha repetido en la entrevista con EL UNIVERSAL: “Hay una ventana de oportunidad que nos conviene a todos, y no hay que esperar a que se den las cosas, sino provocar un nuevo diálogo político, intensificarlo, para que se construyan agendas legislativas que puedan desahogarse”.
Me parece que el enfoque fundamental de ese diálogo político debiera ser el convencer no sólo a los legisladores de que aún es posible dignificar más su labor en el Congreso, sino a los mismos candidatos de todos los partidos de que quien de verdad quiera gobernar, y no sólo administrar los intereses creados, ha de requerir reformas básicas en lo político y en lo económico.
Tal proceso no es fácil en una época como la que vivimos. Tan alejada del interés nacional y tan estrechamente vinculada con propósitos de coyuntura, inmediatismo electoral, afanes de grupo y pragmatismo personalista. El derrumbe de lo político, lo ideológico y lo programático en la disputa electoral de los principales partidos, y su sustitución por el dinero y la supremacía de la efímera presencia televisiva, hacen pensar imposible una empresa como la abascalista.
Que el supuesto movimiento de renovación y democratización priísta concluya en la elección del gobernador Arturo Montiel como su candidato es la prueba más palmaria del fracaso de la política a manos del billetazo, la simulación y la mentira; es un fracaso para quienes buscaban y lo hubieran encontrado en el senador priísta Enrique Jackson, un espacio y oportunidad de mayor decencia y rectificación histórica, aunque fuera tardía.
Junto con ese pragmatismo que domina el ambiente político, el uso del lenguaje en el planteamiento para el acuerdo puede demeritar al final de cuentas el consenso que ello necesita, ciertamente no unánime, pero sí amplio y por lo menos integrador de los tres principales partidos políticos. Una vez más don Carlos Abascal llama a esa posibilidad “agenda mínima” y no básica, además de circunscribirla al ámbito de la competitividad económica, lo que podría volver insuficiente para el ánimo democrático apostar por ese intento.
No se puede volver a cometer el mismo error de insistir sólamente en las mal llamadas reformas estructurales, que se dirigen exclusivamente a asegurar mayor manejo de las finanzas públicas y un aumento de la capacidad recaudatoria del Estado, con mínimos en legislación laboral y fomento económico, sin acompañarlas de un auténtico paquete de reformas políticas para la gobernabilidad, o acreditar por lo menos el esfuerzo y apoyo a esa otra vertiente fundamental. Significaría darle la vuelta al verdadero problema del país: el político.
Especialistas y diversos sectores coinciden en que la actuación gubernamental en las finanzas públicas ha fortalecido la estabilidad económica y rinde frutos en el crecimiento. La mayor dolencia de la administración federal es política y de impulso a la transición.
Sin embargo, fuera del problema de conceptualización, quizás el mayor que enfrenta el secretario Abascal es que sus esfuerzos se realizan sin correspondencia alguna con el aparato federal, incluido el mismísimo Presidente de la República, que a cada aparición complica las posibilidades de un pacto por la democracia y la República. En diferentes áreas del gobierno federal se preparan medidas contrarias al ambiente que se quiere lograr en torno de la contienda en marcha.
En efecto, un pacto para la gobernabilidad democrática tiene según los expertos varios elementos: legitimidad de sus autoridades, eficiencia de los órganos estatales para responder a las más sentidas necesidades de la sociedad y acuerdos básicos entre los principales grupos sociales. Todas estas líneas tienen como eje soporte el cumplimiento de la palabra. Sería autodestructivo para el país y para el gobierno de la República que su secretario de Gobernación estuviera haciendo planteamientos que otros no sólo no respetarían, sino que pudieran socavar desde dentro. Hay que ponernos de acuerdo, sí, pero en serio y al más largo plazo que podamos. Agenda básica, digna, no mínima.