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Crímenes contra periodistas

Crímenes contra periodistas

– Javier Corral Jurado

Es impactante ver llegar a Jesús Blancornelas a su oficina de la calle Las Américas, en la ciudad de Tijuana, Baja California, escoltado por policías y militares. En medio de un fuerte operativo de seguridad que le protege la vida y se la va quitando al mismo tiempo, el director del periódico Zeta continúa su batalla por la verdad, su denuncia del mundo de las drogas, en contra de la corrupción y la complicidad en las agresiones contra comunicadores; restringida su capacidad de movimiento, perdido en gran parte su derecho de libre tránsito, Blancornelas se arroja y se arriesga todos los días, no se doblega y cada semana iza su bandera “libre como el viento”. “Periodista de a de veras”, le llama mi amigo, el bajacaliforniano Carlos Torres.

Evoco esa imagen porque ninguna impunidad es tan corrosiva como la que deja irresueltos los crímenes y las agresiones contra los periodistas; nada lacera e intimida tanto a la sociedad como el silenciar la voz de un comunicador y luego dejar sin castigo a los responsables. Y si algún comunicador ha enfrentado en carne propia el atentado contra su trabajo y ha padecido la muerte de cercanos colaboradores por la misma causa, ese es Jesús Blancornelas.

Pero también nadie como él sabe que la falta de esclarecimiento de múltiples atentados contra comunicadores es más un asunto de complicidad que de incompetencia, que alrededor de las investigaciones hay mucho más negligencia y ocultamiento por complicidad que incapacidad o impericia. Las investigaciones que con su reducido equipo realiza por cuenta propia el semanario Zeta son la prueba. Ellos sí han podido dar con algunos de los responsables, han publicado sus nombres y sus fotos, pero la autoridad aún no los detiene.

En México y en América Latina ha aumentado el número de agresiones y muertes contra periodistas. Narcotráfico, terrorismo y corrupción oficial son ahora las fuentes primordiales de esta batida contra el libre ejercicio de publicar y denunciar. Los números son diversos. La UNESCO informó que durante la década de los 90 más de 500 periodistas habían sido asesinados en el mundo y advertía que “América Latina y las zonas de conflictos armados son las regiones más peligrosas” para el ejercicio periodístico. El Instituto Internacional de Prensa (IPI, por sus siglas en inglés) señaló que de los 19 periodistas que perdieron la vida en Irak, 14 fueron durante la guerra y cinco inmediatamente después de terminado ese terrible conflicto.

En un extenso y bien documentado informe, Ricardo Trotti, director de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (la organización de dueños de periódicos más grande del mundo), ha indicado que el número de trabajadores de la comunicación asesinados entre 1988 y junio de 2004 en América Latina alcanza la cifra de 273, de los cuales ocho lo fueron en los seis primeros meses de ese año. De hecho ese informe cierra con el asesinato, el 22 de junio, de Francisco Javier Ortiz Franco, coeditor del semanario Zeta; en el crimen se implicó al cártel de los Arellano Félix. Su ejecutor le disparó cuando se disponía a poner en marcha su vehículo en cuyo interior se encontraban sus dos hijos, de ocho y 10 años. Ese caso tiene una mayor relevancia, pues es importante recordar que Ortiz Franco formaba parte de una comisión creada por el gobierno y la propia SIP para investigar el crimen de Héctor Félix Miranda, también ex colaborador de Zeta, ocurrida en 1988. El crimen fue el tercer atentado contra el periódico de Blancornelas.

En el caso mexicano han sobrevenido a esa fecha otros crímenes: el 8 de septiembre de 2004, Leodegario Aguilera Lucas, editor de la revista Mundo Político. El 28 de noviembre de 2004, Gregorio Rodríguez Hernández, reportero gráfico de El Debate, de Sinaloa. El 6 de abril de 2005, Raúl Gibb Guerrero, director del periódico La Opinión, de Poza Rica, Veracruz. El 16 de abril de 2005, Guadalupe García Escamilla, reportera de la estación XHNOE Stereo 91, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Las cifras y la impunidad latente en la mayoría de estos casos propició que varias instituciones del continente, encabezadas por la Consejería de Comunicación e Información de la UNESCO para América Latina, organizaran la semana pasada una reunión en Santo Domingo, República Dominicana, para darle seguimiento a estos hechos a la luz de la Resolución 29 aprobada por la Conferencia General de la UNESCO para condenar la violencia contra periodistas, en noviembre de 1997, en París.

Esta reunión se suma a la reciente celebrada en Hermosillo, Sonora, entre editores del norte de México, en la que una resolución digna de ser comentada es la de darle seguimiento a las informaciones e investigaciones periodísticas de que se ocupaban los comunicadores abatidos.

En Dominicana se ha recordado el llamamiento a los gobiernos para que no permitan la prescripción de los crímenes contra las personas “cuando son perpetrados para impedir el ejercicio de la libertad de información y de expresión o cuando tienen como objeto la obstrucción de la justicia”.

En concordancia con Blancornelas también hemos propuesto que la persecución de estos crímenes sea materia federal. Hay que sacar de las redes de complicidad local las investigaciones y crear un cuerpo nacional especializado en las indagatorias y captura de los responsables. La no prescripción de esos delitos y su federalización son dos temas que tocan directamente el ámbito congresional, y mucho aportaría el Legislativo al combate a la impunidad si hiciera norma legal estas propuestas de los comunicadores. Más allá de los casos en los que unos cuantos pervierten y desfiguran la enorme labor del comunicador, es fundamental recordar, y ahí está el caso de Jesús Blancornelas, que la información es un bien público, y el periodista un bien de la sociedad.

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