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Al público lo que pida

Al público lo que pida

– Javier Corral Jurado

De haber tenido un sentido casi de convivencia familiar y social, además de “la oportunidad para reafirmar la lealtad de la industria de la radiodifusión al Ciudadano Presidente de la República”, la semana nacional de la Radio y la Televisión que organiza la CIRT desde hace 47 años, se convierte en un encuentro cada vez con mayor relevancia en la vida del país, y en un acto eminentemente político del que se desprenden varias lecturas. Por lo menos ésa es la dinámica de la última década, precisamente a la par de que en nuestro país se reiniciaron con vigor y de forma ininterrumpida los esfuerzos por renovar la vetusta ley de radio y televisión de 1960.

La CIRT está presidida por Alejandro García Gamboa, un yucateco de enorme tradición periodística en su familia, a quien sus compañeros han confiado un segundo periodo más al frente de esa cámara industrial. Dentro de los límites y el son que desde hace cuatro años imponen las televisoras en esa cámara, García Gamboa ha hecho serios esfuerzos por aumentar el grado de interlocución de los radiodifusores y distinguir la dinámica distinta de la radio con la tele. Y fue uno de los que empujó la idea de que los concesionarios debían participar formalmente en las audiencias públicas del Senado sobre la nueva ley de medios electrónicos.

Además de elegir a sus directivos, la reunión de la CIRT,

–  presumiblemente es una asamblea anual-, permite apreciar también el modus operandi de los concesonarios, sus debilidades y fortalezas, el atraso político de algunos y la modernidad tecnológica de otros, por supuesto la historia de todos, y algo que retrata bien a los hombres que manejan los medios electrónicos de comunicación, el concepto que tienen de la información. Con excepción de dos eventos de su largo programa de cuatro días, la mayoría de sus actividades transcurren a puerta cerrada, incluidas las reuniones con funcionarios de gobierno. Para fortuna del derecho a la información, lo privado de esas reuniones de interés público no se consumen en el secreto, conciencias mayores las ponen al descubierto, y como dijera Julio Scherer: “manos hábiles se encargan de desnudarlas”, la manos de los periodistas, por supuesto.

Así se encontraron los concesionarios la semana pasada con los precandidatos presidenciales del PAN, PRI y PRD, en una pasarela especial de carácter privado para conocer las propuestas de quienes aspiran a gobernar el país, “sin la presión de los medios, para que realmente se suelten”. Y uno de ellos se soltó. Candidato único del PRD – o sea de izquierda supuestamente -, amigo de los pobres y los desamparados, benefactor de los viejitos, y “honestidad valiente” frente a los desafíos del país, les propuso un acuerdo a los concesionarios en respuesta a una pregunta acordada con anticipación: “las concesiones de radio y televisión se otorgarán de acuerdo a los criterios que los mismos concesionarios determinen”. ¡Bravo!, viva Andrés Manuel, abajo Fox; López Obrador Presidente, así se habla carajo. Veinticuatro horas después, nadie le cree.

Saben que fue a decirles lo que querían escuchar, como lo hizo hace un año, porque él, como en el espectáculo, le da al respetable público lo que pida. Como en el mercado, póngale precio patroncito, usted manda, aquí está su marchante. ¡Que horror!.

Y no tanto por darles de su lado momentáneamente, sino por la pequeñez de la visión, la chatez de la propuesta, la vendimia en toda su expresión: mantener el modelo, porque así ha sido hasta ahora, ellos definen si se otorgan o no nuevas concesiones de radio, y si se abre o no la competencia en la Televisión, en qué plazas y condiciones, y primero combos, porque si no, no le dan permiso ni al Presidente ni mucho menos al secretario de comunicaciones.

Con un dilecto amigo mutuo le envié un mensaje a AMLO. No le reprocho que se meta a la dinámica pragmática de rentabilidad mediática que tiene a los candidatos rendidos ante los varones de la televisión, sino el oportunismo ramplón, el método pervertido, la prostitución de la palabra, que después lo prostituye todo. Le digo a mi amigo que ese es el lenguaje que me confirma mis temores y mis preocupaciones por AMLO, ese tufo autoritario, ese talante conservador, envuelto en oratoria demagógica de deslealtad con una de las causas más importantes de la izquierda mexicana, que es la democratización del modelo comunicacional. Porque o es traición, o es doble lenguaje, que también es traición a si mismo.

Pero como dijera nuestra politólogo más destacada y valiente del momento actual, la doctora Denise Dresser, algunos políticos “no entienden, que no entienden”. No se necesitan pelear los candidatos con los concesionarios, ni aventarles en su cara las quejas sobre sus excesos y abusos, sólo plantearles el mejor pacto: reglas escritas, la ley como espacio de certidumbre para todos los actores, por supuesto con su opinión, en consulta de su posición para un consenso amplio, pero no exclusivo; un acuerdo que armonice lo más posible libertad de expresión con responsabilidad, libertad de empresa con función social, pluralidad con reglas de competencia económica. Pero no mantener el viejo sistema de acuerdos cupulares y discrecionalidad política, como modelo de colusión de intereses que ha mantenido este asunto sólo entre dueños y gobierno, con la sociedad ausente. Ese es el modelo del PRI; del que López Obrador se salió en cuerpo, pero no en alma. Y de esas propuestas hay que cuidarse, porque el que ofrece acuerdos con base en reglas no escritas, en cualquier momento puede dar un manotazo, cuando ya no le guste el fuste o la pistola no le cuadre.

Pero nuestros políticos son incapaces de plantearles la verdad a los concesionarios. Nada puede beneficiarlos más que una nueva legislación, moderna, que transparente la relación, que les otorgue mayor seguridad jurídica a cambio de responsabilidades sociales concretadas en una legislación.

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