No hay espacio para el reparo. Imposible de enderezar un proceso que nació torcido, continúa el desaseo en las formas, porque sólo el cinismo puede arropar el fondo podrido del pantano de intereses del que surgió la aprobación de la Ley Televisa. La forma en que se procesó en Los Pinos la selección de cinco comisionados para integrar la nueva Cofetel, y la manera en que hasta hoy se oculta oficialmente esos nombres, dan cuenta del extremo al que se ha llegado para someter al escarnio de la negociación y la mercadería política cada paso de esas reformas indignas.
El Presidente Vicente Fox, vuelve a delegar su responsabilidad en personas sin competencia constitucional para ello, avezados en el secretismo saben conducir con reserva cada una de las cinco decisiones; cumplido el plazo legal para designar, comunica haberlo hecho, y calla nombrar a los designados, oscurece así el final de su mandato caracterizado por la promoción verbal de la transparencia y la apertura. En similitud asombrosa de un engaño que alguna vez fue sueño de rebeldía y cambio, El Subcomandante Marcos y el Presidente Fox se descubren quiénes son – sin despojarse de capucha e investidura – en este tramo final de sexenio.
Al silencio del Ejecutivo en torno de los nombres de los designados, se añade la conducta ilegal del Presidente del Senado, Enrique Jackson. Esconde el oficio y niega la información a los propios integrantes del órgano congresional que revisará las designaciones, abriendo en su natural complicidad abyecta al ocultamiento un campo de maniobra para lo que se necesite.
Privilegiada en las decisiones del poder y por ende en la información, Televisa a través de su vocero oficial, Joaquín López Doriga, anticipa los nombres posibles: Julio Di Bella, Fernando Lerdo de Tejada, Rafael del Villar, José Luis Peralta, Gonzalo Martínez. La especulación que ha circundado en torno de ello, no confirma que esos sean exactamente los señalados, pero si coloca la cereza al pastel: en efecto, una repartición de rebanadas a quienes pudieron influir para tener representantes de intereses y no biografías puestas al servicio de una auténtica regulación en el estratégico sector de las Telecomunicaciones y la radiodifusión.
¿Pudo ser de otra manera? Pienso que no, pues muy pocos de los que, gozando de gran prestigio habrían aceptado participar de ese remedo de ese órgano que se plantea como simple ventanilla de trámite en su materia histórica que son las telecomunicaciones.
Sean o no los nombres anticipados, mas allá de las biografías personales que dan perfil y forma a cada uno de los designados en relación con sus vínculos políticos, o a los intereses empresariales que han servido, el hecho mismo de participar en un proceso así, cuestiona seriamente la actitud desde la que se decide ser integrante, subrepticiamente, de la reforma legal más cuestionada del sexenio, de un órgano regulador espurio, impugnado en su diseño por inconstitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ilegal e ilegitimo.
Ese carácter no lo tiene el IFAI, porque la ley que lo creó fue un proceso que hizo honor a su objeto fundamental: la transparencia. Además el proceso para seleccionar a los comisionados fue mucho más abierto y, aunque al final también la oficina de Ramón Muñoz incorporó dos de las propuestas finales, el mecanismo impidió los excesos de ahora.
Entonces se dio una convocatoria pública por las Secretarías de la Función Pública y la de Gobernación, con la participación de la CoFeMeR que revisó los requisitos legales de más de 50 candidatos y estableció una evaluación a partir de criterios puntuales acordados por las tres instancias.
El contraste hoy es abismal: hasta los propios designados se han escondido, o niegan a sus más cercanos que “estén dentro” o se muestran aún indecisos de aceptar el cargo que supuestamente ya les confirió el Presidente en el oficio secreto que Jackson guarda en la caja fuerte. Un caso relevante, por su documentado vínculo político con Enrique Jackson, es el del Lic. Lerdo de Tejada, que el viernes 12 de mayo, 48 horas después de que la Presidencia de la República hiciera formal entrega de los nombramientos a la Comisión Permanente, declaró así: “Tengo que meditarlo, es un cambio importante, tengo compromisos profesionales en relación con mis colaboradores, a mis clientes, a mis socios”.
Es de esperarse que su nombre no aparezca en el oficio que hasta este miércoles se desvelará. ¿Podría alguien formar parte de un órgano así, sin haberlo aceptado todavía? ¿O Enrique Jackson ha trastocado todas las reglas para esperar a que su amigo decida?
Un supuesto contrario acusaría una hipocresía desmedida, mal augurio en términos de la honradez y la honestidad que se debe exigir a quienes integren el nuevo órgano regulador que confeccionó legalmente Televisa, y en el que tuvo el buen cuidado de no incorporar los mínimos requisitos de incompatibilidad de funciones y conflicto de intereses entre los reguladores y los entes regulados.
Al presenciar la sinuosidad de este proceso, sólo me queda la esperanza de que se trate de un órgano efímero en el tiempo por venir; es en la Suprema Corte donde miles depositamos la esperanza de resarcir al país de estas vergüenzas, de donde puede provenir la nulidad de la ley y la disolución inmediata de estos nombramientos sin cara.