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Otro Asalto

Otro Asalto

– Javier Corral Jurado

El engaño se consumó en toda su magnitud de perversión y mentira. Nunca hubo disposición alguna para castigar a los responsables del Fobaproa, como no existió jamás en quienes prometieron deslindar las operaciones ilegales, voluntad para llevar hasta sus últimas consecuencias las disposiciones del artículo quinto y séptimo transitorios de la Ley de Protección al Ahorro Bancario aprobada en 1998 por el Congreso de la Unión, y publicada en enero de 1999.

En esos artículos estaba la condición por la que muchos legisladores del PAN concurrimos con nuestro voto a favorecer la salida legal a la crisis económica y financiera que puso en riesgo al mismo sistema de pagos, y dimos nuestro aval al rescate bancario que, entre otras medidas, creó la Ley y el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

Aquí mismo, en estas páginas de El Universal, denuncié que fuimos sometidos a una de las presiones más drásticas que como diputados federales del PAN hayamos tenido en la LVII legislatura: “Fue esa etapa, una mala experiencia. Muchos hilos se movieron para que, todavía con muchas dudas y serios cuestionamientos, los entonces diputados diéramos finalmente nuestro voto a favor de la ley. El partido llamó a sus bancadas a un ejercicio de responsabilidad y compromiso nacional que, sin caer en la complicidad, contribuyera a la solución de tan grueso problema. En correspondencia a nuestras objeciones se aceptó introducir, en las disposiciones transitorias, mecanismos de supervisión y auditoria que detectaran las operaciones irregulares, dentro del mecanismo diseñado para hacer frente a la situación, que se conoció como FOBAPROA”. Para eso nacieron los artículos quinto y séptimo transitorios de esa ley.

Desde entonces se advertían francas violaciones a la legalidad, ineficacia en la implementación, así como discrecionalidad en la aplicación de los rescates. Amen de la inconstitucional emisión de los pagarés, que como deuda pública sólo podía ser autorizada por el Congreso. Fue por ello que la Cámara de Diputados contrató al canadiense Michael Mackey para coordinar la realización de auditorías, lo que arrojó operaciones reportables por 72 mil 700 millones de pesos, que debían devolverse a los bancos, designar otros activos, o reducirles el monto respectivo de las garantías. Nada de esto sucedió.

Finalmente, tras siete años de argucias legales y una bien extendida red de complicidad, se le ha dado la vuelta a las auditorías y se le ha cargado de manera indebida e injusta a la Nación otros 72 mil 700 millones de pesos que nunca debieron pasar a ser deuda pública del país, y que por decisión de la junta de gobierno del IPAB, tendremos que pagar todos los mexicanos a través del presupuesto público. Con ello, dicen los responsables, se pone fin a la investigación del quebranto bancario, le han dado un cerrojazo brutal y descarado. Han contado con la complacencia de los líderes del Congreso, que una y otra vez simularon estar en contra de la impunidad y hoy guardan silencio, no obstante que la Comisión Permanente del 13 de agosto de 2003, mediante punto de acuerdo suscrito por todas las fuerzas políticas se pronunció por un cumplimiento exacto del artículo quinto transitorio, y la transparente ejecución de las revisiones y auditorías que ahí se describen. Pero a pesar de esa complicidad, hay muchos que pensamos que no debemos permitirlo, que no puede quedarse sin sanción administrativa y penal este nuevo asalto en despoblado a la Nación.

Por ello, y como una consecuencia inevitable de esa decisión, un grupo de senadores del PAN y del PRD presentamos como primer paso, en el ámbito administrativo, el 9 de junio pasado una denuncia en la Secretaría de la Función Pública en contra de la Junta de Gobierno del IPAB y de su Secretario Ejecutivo por haber convertido en esos pagarés irregulares en deuda pública de la Nación. Se ha causado con ello un grave quebranto al país que no debe quedar impune.

No sólo así lo ordena la ética política, también lo obliga la Ley Federal de Responsabilidad Administrativa en sus artículos 2º, 8º y 10º, al establecerle a los servidores públicos el imperativo de denunciar actos u omisiones en cualquier servidor público que pueda constituir responsabilidad administrativa.

Están debidamente acreditados los elementos que conducen a esa responsabilidad. El Secretario Ejecutivo del IPAB en su comparecencia ante la Comisión senatorial que supuestamente investigaba el funcionamiento de esa institución, expresó que al Instituto no le fue posible cumplir con la auditoría de Mackey por contener inconsistencias y adolecer de carencias. Esta misma aseveración se expresó por escrito en oficio de respuesta a un cuestionario formulado por los legisladores sobre el procedimiento de las auditorías.

Además, consta en el expediente y resolución que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió sobre la controversia constitucional 26/99 que, la auditoría a que se refiere el artículo quinto transitorio de la Ley de PAB es precisamente la de Mackey, y por lo tanto el IPAB como cualquier otro órgano o persona no puede arguír nada para no aplicar la ley.

En realidad no la quisieron ejecutar, y en esas omisiones y acciones no podemos olvidar que esos procesos de auditoría se vieron detenidos tanto por acciones legales iniciadas por aquellos bancos que todavía están en posesión de pagarés FOBAPRA, del programa de capitalización y compra de cartera, como del mismísimo Presidente de la República Vicente Fox quien objetó las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para la revisión de las acciones relacionadas con el rescate bancario.

He señalado que nuestra denuncia es inevitable. Transcribo hoy lo que publiqué también sobre el tema en este mismo espacio el 4 de agosto de 2003: “lo tendremos que hacer si en efecto, quienes entonces votamos por la solución legal, somos congruentes en el seguimiento de nuestras propias acciones”.

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