La Ley Televisa ha sido uno de los sucesos legislativos más ominosos de los últimos años. Calificado ya como un episodio de vergüenza en nuestra historia política. No sólo puso de manifiesto la preponderancia y prepotencia con que actuó la empresa televisora, y la forma en que impuso su poder, sino en contrapartida, la debilidad de la clase política, y la indignidad con la que actuaron sus aliados en el Congreso, y luego en el Ejecutivo que pese a toda advertencia publicó las reformas con inusitada rapidez.
El proceso en general confirmó – al desnudo complicidades y chantajes -, la cada vez más creciente percepción ciudadana: los partidos políticos anteponen sus intereses a los de la población en general, y los legisladores, los suyos de carácter personal. No por otra cosa los partidos políticos, como parte del entramado de nuestras instituciones públicas, han merecido el último lugar en la confianza ciudadana, 5.3 dentro de la escala del 1 al 10, y por debajo de la imagen de la policía. Así lo refiere la tercera encuesta nacional sobre Cultura Política y prácticas ciudadanas de la Secretaría de Gobernación, que recoge esa percepción y en la que paradójicamente se ratifica: la fuente a la que acuden los ciudadanos para enterarse de la política y evaluar lo que saben de la materia es la Televisión, así lo expresa el 62% de los encuestados.
El descrédito general de la política es un dato que resalta en varios de los instrumentos de medición de la opinión pública, y hechos como el de la Ley Televisa se convierte en intrincada paradoja del toma y daca entre el poder y los medios electrónicos de comunicación, además de acicatear el desprecio ciudadano. Por ello, no debe asombrarnos que este asunto permanezca en amplios sectores sociales como referencia de colusión de intereses, y siga siendo objeto de los más variados análisis a manera de crítica. En muchos artículos editoriales, discursos y declaraciones periodísticas que se han publicado en torno a evaluar el proceso electoral y sus resultados, la mención al hecho ha sido constante. Varios de quienes en sus columnas han confesado por quién votaron el pasado dos de julio, enlistan este asunto como uno de los elementos que definieron a que candidato otorgarlo.
En el grupo de senadores que presentamos la acción de inconstitucionalidad en contra de esas reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y a la de Radio y Televisión (15 del PAN, 16 del PRI, 15 del PRD y 1 CD), el tema sigue concitando la unidad de nuestra demanda para que se declaren nulas sus principales disposiciones. En medio de la crispación política y la exacerbación de discrepancias en el escenario postelectoral, la impugnación logra un importante nivel de acuerdo. De hecho consideramos que se trata de uno de los desafíos más importantes para la democracia, la competencia económica, la pluralidad política y la diversidad cultural, y que su corrección en el próximo gobierno federal, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo, sería una prueba de voluntad de cambio y de compromiso con una reforma política, social y cultural que permita distender el encono social que por estas fechas se atiza con diversos fuegos.
Antes, esperamos la justicia de la Suprema Corte, en una resolución que la reafirme no sólo como Poder Soberano frente a los poderes fácticos del dinero y la televisión, sino que resarza a la Nación de ese atropello legislativo. La semana pasada nos reunimos de nueva cuenta el grupo promovente para reafirmar la importancia de ese fallo, no sólo para el orden jurídico nacional sino para la sociedad en general, pues de él depende la oferta comunicacional que el país tenga en el futuro.
Hemos señalado entre otras cosas, que no estamos de acuerdo en que se despoje al Estado de la rectoría que le corresponde sobre el espectro radioeléctrico; tampoco estamos de acuerdo con una reforma que ofrece ventajas indebidas y trato preferente a algunos empresarios en detrimento de la equidad que exige un régimen de libre competencia; porque si la ley no tiene disposiciones para evitar fenómenos de concentración, se abre el paso a prácticas monopólicas que atentan contra el interés general y el régimen democrático.
Además, consideramos inaceptable que el Estado pueda renunciar a su potestad de decidir si otorga o no concesiones para telecomunicaciones y que éstas se puedan obtener mediante una simple solicitud, y como hemos dicho en innumerables ocasiones, estas reformas violentan los principios de seguridad e igualdad jurídica al establecer requisitos distintos y carentes de equidad para la obtención de concesiones y permisos de radiodifusión en perjuicio de la radiodifusión no comercial e ignoran la obligación constitucional de favorecer las condiciones para que los pueblos y comunidades indígenas puedan operar sus propios medios de comunicación y, por el contrario, establecen condiciones que les cierran esa posibilidad.
México requiere un marco jurídico acorde con las aspiraciones de libertad e igualdad de todos los mexicanos. Esperamos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la resolución que permita a nuestro país conjurar los graves riesgos que las reformas aludidas representan, de manera que podamos rectificar el rumbo y dar paso a una legislación que tome en cuenta los derechos de todos.