En foro convocado por El Universal – como espacio de diálogo entre sus editorialistas y actores fundamentales de la vida política del país -, Manuel Camacho Solís, coordinador de las redes ciudadanas de la Coalición por el Bien de Todos, plantea escenarios duros para el porvenir en materia de estabilidad y gobernablidad, si no somos capaces los distintos actores de concertar una solución a la actual crisis política que, “con todo y sus enormes retos, puede abrir la oportunidad a una salida grande”.
Siendo esperanzador que uno de los actores con más inteligencia política con el que cuenta López Obrador, señale la ruta de una posible negociación, también nos demuestra la complejidad del actual momento mexicano cuando señala a la vez que todo depende de si se resuelve el conflicto electoral, lo que a su vez supone el recuento voto por voto o la nulidad de la elección, lo que deja pocos campos para imaginar cómo podríamos convertir la tensión social, la inconformidad perredista, en oportunidad a una salida grande.
La complejidad se vuelve dique y no oportunidad debido a que el diagnóstico del cual se parte pretende convertir dos momentos distintos con realidades diferentes en una misma historia de falsificación electoral. He diferido de ese enfoque porque, en efecto, aunque en la primera fase, la campaña, se hayan cometido actos inadmisibles para los demócratas y se hayan sentado inescrupulosamente bases para la desconfianza y la sospecha sobre la segunda, identificada ésta como la jornada electoral, es también incuestionable que mientras en la primera etapa los candidatos y los partidos fueron actores prácticamente exclusivos, en la segunda, los ciudadanos fueron actores y testigos.
Esta distinción marca una profunda diferencia entre el deterioro ético de la clase política y el nivel de participación de la sociedad en general, lo que evidentemente pone de relieve el agotamiento de las reglas de la competencia electoral. Y es ahí donde debiera conducirse los esfuerzos de la coalición izquierdista, además y por supuesto, de impulsar el necesario ajuste del modelo económico y la reorientación del gasto público en atención a la insatisfacción mayor, que es la de carácter social ante la exclusión y la insultante desigualdad económica que se ha acrecentado en nuestro país.
La resolución del TRIFE pone fin a la disputa sobre la legalidad y legitimidad de las elecciones, y confirma básicamente los resultados de las urnas, pero en efecto sigue ahora el tema de la gobernabilidad. Para el propio Felipe Calderón el triunfo no le será suficiente – sobre todo con estrecho margen -, tendrá que tomar también el poder y gobernar para todos y con todos. Hay problemas en el país, de los que resulta inconcebible pensar en su solución sin contar con la necesaria unidad de la Nación; el de la seguridad pública como ejemplo evidente. La gobernabilidad requiere del consenso social. Esto es lo que permitiría incluso una afirmación de poder y de soberanía del Estado sobre los poderes fácticos, incluídos los informales – entre ellos los medios de comunicación electrónica -, y los ilegales como el narcotráfico, grotescamente los más favorecidos en tiempos de desunión y confrontación política. Mientras el país se parte por la mitad en norte y sur, en buenos y malos, en ricos y pobres, los señores de la televisión cuentan sus ganancias millonarias, y los narcos realizan ejecuciones sin ton ni son.
Otros aprovechan la complejidad de la solución a la crisis, para amarrar sus alianzas indebidas: los oportunistas y los pragmáticos que están en todos los partidos y ven el momento para reforzar los proyectos de sus negocios y en pro de intereses estrictamente particulares. Es dejar en manos de los negociantes de la política el reforzamiento del “capitalismo de compadres” en lo económico, y de la acción electoral como instrumento de cualquier cosa, del poder por el poder mismo en lo político. Ahí están los casos de Chiapas y Oaxaca, doliéndonos a los panistas no sólo a manos de nuestros adversarios, sino de nuestros propios dirigentes nacionales.
Por todo ello, el diálogo se hace necesario hoy más que nunca. La palabra como instrumento fundamental de la política para intercambiar en un plan objetivo, la diversidad de los puntos de vista sobre los desafíos que enfrenta México; un intercambio sincero de ideas y propuestas para que la democracia sea una posibilidad con sentido de justicia, y no sólo un momento o un instrumento del dinero y del poder mediático.
La agenda de la gobernabilidad está diseñada desde hace tiempo, está fincada en la abandonada Reforma del Estado que se concibió dentro de uno de los ejercicios más plurales y representativos que se hayan llevado acabo en la historia reciente del país, en el marco de una expectativa de cambio político y transformación social. Los actores de los tres principales partidos renunciaron a los propósitos reformadores porque pensaron para sí, los amplios instrumentos de maniobra del antiguo régimen, y sus supuestas comodidades. Hoy está a la vista que no será tan cómodo, ni tan fácil, gobernar con esas mismas reglas. Ganadores y perderos, calidades que comparten en diferentes trazos del nuevo mapa político los tres partidos, debieran entenderlo así.