Written by • Rotafolio

Reformas Electorales

Reformas Electorales

– Javier Corral Jurado

En México, las acciones de defraudación electoral en el momento de la jornada, hace varios años que dejaron de existir como practica consuetudinaria del sistema político que encarnó el modelo de partido único. El avance de las normas que ciudadanizaron el llamado día “D” es innegable. Otro está siendo el problema de nuestra democracia electoral, y es la equidad en la contienda, violentada por variadas formas que van desde la falta de fiscalización del dinero, la participación de las autoridades en los procesos, la falta de transparencia y control de la contratación de la publicidad electoral en medios, los métodos de falsificación política a la hora de integrar los órganos electorales, tanto los administrativos como los jurisdiccionales.

Esta inequidad está siendo tratada bajo una grave simulación política. Según sea el caso, los actores obstaculizan o favorecen modificaciones legales si se encuentran en el ejercicio del poder o en la oposición, y la doble vara ha generado una esquizofrenia discursiva – e incongruencia programática -, en torno de lo que se requiere reformar, motivos y alcances. Así por ejemplo, podemos encontrar diversas posturas entre gobiernos príistas, perredistas y panistas del país, reflejado en sus legislaciones locales, donde unos avanzan y otros se desfasan dramáticamente, en ocasiones hasta con propuestas regresivas.

Entidades como Chihuahua, referente de la lucha democrática y de cambios legislativos de hondo calado, ha pasado a un penoso letargo en el impulso, no sólo por la pequeñez de la mirada con que ven los que hoy dirigen los destinos de mi querido Estado, sino por la falta de contrapesos, que pasan por una desinflada organización social así como por la ausencia de una actitud crítica e independiente de la mayoría de los medios de comunicación. Y eso acontece en no pocas entidades.

La disparidad de criterios con que actúan los gobiernos locales emanados de Partidos Políticos Nacionales, por supuesto dibuja el pragmatismo preponderante que invade a la política, y el sacrificio de principios y valores democráticos. Pero ello no puede ni debe continuar, porque la tensión social aumenta.

Será difícil superar la permanente confrontación política postelectoral, tanto a nivel federal como local, si no se genera un verdadero acuerdo para reformar las reglas en las que se están llevando acabo las elecciones locales y las del país. La Nación no tendrá sosiego, ni se encontrará espacio entre las autoridades de los distintos niveles, y los diferentes poderes, para llegar a acuerdos; será muy compleja la idea de la cooperación oposición-gobierno, congreso-ejecutivos, y el trabajo en unidad que reclaman muchos problemas sociales se verá largamente aplazada.

El inmovilismo legislativo de la clase política mexicana hacia una reforma de la legislación electoral cobrará enormes consecuencias en la estabilidad social, y la llamada “institucionalidad democrática” se verá substituída por otras formas de expresión y participación no pacíficas.

Además, seguir atizando como explicación postelectoral el argumento de que “estas son las reglas y con ellas aceptó competir” no sólo significa una terrible aceptación de mecanismos injustos, sino que es además prueba del cinismo con que se acepta un modelo que tiene como propósito expulsar de la vía electoral al que no acepta los términos. Luego las autoridades jurisdiccionales aceptan los elementos de inequidad, sin poderlos castigar, por falta de criterios legales y normas específicas que regulen esos fenómenos. Una provocación brutal desde la autoridad.

Es la hora de un diagnóstico profundo sobre el estado que guarda la democracia en nuestro país, y un balance comparativo de la situación en las entidades. El momento es propicio para una segunda generación de reformas electorales que centren el esfuerzo en regular las precampañas, reduzcan significativamente el gasto electoral, se acorten los tiempos de las campañas, y se saque a la política de una vez por todas de la dependencia existencial del capital privado y de la televisión. Reglamentar la publicidad gubermanental y la actuación de los gobernantes durante las campañas es otro de los imperativos. Quintana Roo dio pasos en la regulación de la publicidad oficial y prohibió su uso con propósitos de promoción de la imagen personal. Zacatecas acaba de incorporar a su legislación “el derecho exclusivo de los partidos políticos y, en su caso, de las coaliciones contratar por conducto del Consejo General del Instituto Estatal Electoral tiempos y espacios en los medios de comunicación social para difundir mensajes orientados a la obtención del voto durante las campañas electorales”.

Las formas de financiamiento de las campañas y el gasto ordinario de los partidos es de los asuntos que presenta mayor contraste en el interior de las propias organizaciones políticas. Hacer que prevalezca el financiamiento público sobre el privado, no sólo se orienta en el sentido de garantizar la mayor independencia y autonomía de los actores políticos en el gobierno, sino asegurar un control real sobre los gastos en campaña.

Metido en la promesa de una reforma electoral, el PAN en Chihuahua está proponiendo a sus contrapartes “considerar y colocarse a la vanguardia del país, en el tema de la homologación del calendario electoral local con el federal. Con intervalos muy reducidos, estamos constantemente en elecciones, y debemos darnos plazos suficientes para el acuerdo y la tarea conjunta”. Vamos a ver qué pasa y luego lo comentaremos.

↑