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El necesario ejemplo

El necesario ejemplo

– Javier Corral Jurado

Los diputados coordinadores de los ocho grupos parlamentarios que tienen presencia en la Cámara de Diputados, han formalizado en iniciativa de reforma constitucional la propuesta que suscribieron otros cinco gobernadores de distinto signo partidario, para adicionar al artículo sexto de la Constitución un conjunto de principios generales en materia de acceso a la información pública. Se le ha dado en llamar la “iniciativa Chihuahua”, pues se identifica al Licenciado José Reyes Baeza, gobernador de este Estado, como uno de sus principales promotores.

Pretendidamente se busca homologar los criterios sobre los cuales se desarrolle la legislación en las entidades federativas, a fin de evitar las distintas modalidades que ha presentado este derecho, según sea el gobernador o partido que ejerza el poder en los Estados, lo que repercute en diferentes niveles de garantía para el ejercicio de este esencial instrumento de la transparencia y el combate a la corrupción. Hay entidades con gran avance y otras con rezagos incomprensibles para nuestro momento político.

La idea es buena y por sus méritos, la iniciativa contiene elementos que merecen ser aprobados por el Congreso de la Unión.

Sin embargo, ni la unanimidad de los jefes de las bancadas, ni el acuerdo político que supone el grupo plural de gobernadores, ni la pertinencia y valor de la mayoría de sus proposiciones, debe evitar un análisis riguroso de la redacción de algunos párrafos – que pueden dar para todo, hasta para hacer regresivos algunos de los objetivos expuestos en la exposición de motivos -, ni se debe malgastar la oportunidad de este consenso para hacer una correcta ubicación constitucional del derecho a la información.

Vale esperar de los dictaminadores y en especial del Diputado Raymundo Cárdenas – Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales a cuyo juicio se turnó la iniciativa -, un análisis de las posturas que han expresado riesgos y también de las que sugerimos fortalecer el texto, agregando como uno de los principios de mayor importancia el criterio de máxima publicidad, sobre todo en el origen, uso y destino de los recursos públicos, así como establecer los elementos necesarios para que los órganos de procuración de la información (los llamados institutos de acceso) tengan plena autonomía de los gobiernos federal y local, y sean necesarias por lo menos las dos terceras partes de una legislatura estatal para su integración.

Varias de las anunciadas autonomías estatales en el acceso a la información publica gubernamentsal, no son más que organos diseñados por afinidad política con el gobernador en turno, e incluso las leyes son atropelladas cínicamente por la vía reglamentaria que, para “proveer” lo necesario en el ámbito administrativo, tiene tanto el Presidente de la República en el artículo 89 de la Constitución, como los Ejecutivos estatales en sus constituciones locales.

En este último caso, está ni más ni menos, que uno de los promotores de la reforma constitucional al sexto de la constitución. En efecto, el Licenciado José Reyes Baeza, Gobernador de Chihuahua, y de quien podemos afirmar en primer lugar un mejor estilo político que su antecesor, ha caído en una enorme contradicción en términos de su discurso nacional sobre la transparencia, con su conducta local en el campo de los hechos. Por vía del presupuesto y del reglamento, echó abajo varias disposiciones de transparencia de la Ley y la Constitución de Chihuahua.

Escribió el Diputado Jaime García Chávez, coordinador de los diputados del PRD en el Congreso Estatal: “Pues sépalo de una vez: el gobierno publicó el reglamento que mejor le acomoda, prácticamente dejando al Instituto como un aparato de estado vulnerable y avasallado”.

Entre los hechos que suscitan esa acusación están que, el Consejo definió lo que es una información clara, veráz, oportuna, suficiente, y el gobernador quiere que esto sea así “cuando la naturaleza lo permita”. El Consejo propuso que se transparentaran todas las percepciones, prestaciones y viáticos de los funcionarios públicos, el gobierno lo hará “atendiendo a la naturaleza de la función que desempeñan”.

“En materia de programas públicos – sigue García Chavez -, a traves de los cuales se fortalece el ancestral corporativismo con sesgo electoral y clientelar, el gobierno no quiere que se transparenten los criterios para otorgar servicios, los plazos y los montos y padrón de beneficiarios. Todo eso queda en el baúl del gobierno y sólo él tiene la llave. Igual suerte para las auditoría concluídas, el manejo de los programas de subsidio y, no podía faltar los contratos con los medios de difusión que se guardaran celosamente en el ropero de nuestros gobernantes. A la caja fuerte las relaciones del gobierno con los medios”.

La reforma exige congruencia también para el Congreso de la Unión, que sea parámetro no sólo frente a esa desigual conducta legislativa que hace leyes a la medida de la voluntad democrática o del capricho autoritario de los gobernadores y “sus” Congresos, sino frente a la propia normatividad que el Poder Legislativo Federal se ha impuesto en la materia, tan insuficiente y dispersa que cada Cámara tiene su propia reglamentación, se carece en ambas de un órgano ajeno a los propios legisladores que procure la información y resuelva recursos ante negativas.

El ejemplo que pretenden dar al país a través de la Constitución – los coordinadores y los gobernadores -, debe actuar como acicate para actualizar y ajustar esas desfasadas disposiciones, y para predicar con el necesario ejemplo.

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