Hemos asistido al final de un viejo ritual: el que hizo concurrir a los distintos Presidentes de la República ante los legisladores federales en la apertura de sesiones del Congreso y hacer de ese episodio marcha alegórica, fiesta y confetí, honores al primer mandatario en la casa del Congreso, “día del Presidente”. La costumbre no surgió del capricho de un hombre que fue tentado por la vanidad sino de una disposición de la Constitución de 1857. La cultura presidencialista y su mejor método de propaganda, que fue la adulación, hicieron del informe un motivo de culto al gobernante en turno.
Sí, liquidada por esa distorsión histórica que lo mismo sirvió para el anuncio espectacular, el recuento complaciente y la estulticia de la mirada presidencialista, la ceremonia del Informe de Gobierno pasó a mejor vida. Es ya infuncional para el país que somos, y para la conformación de fuerzas en el Congreso de la Unión. La transformación no debe ser sólo el cambio de lugar y mucho menos, substituirla por una ceremonia de complacencias, aplausos y elogios, sino un diálogo franco entre poderes que discuten, debaten y evalúan el estado de la Nación, y son capaces de admitir avances y reconocer retrasos.
En estricto sentido, aunque las circunstancias hayan conducido a otra cosa, ese debate y diálogo lo quiso tener Calderón con el Congreso. Fue su propósito cambiar la dinámica de la rendición de cuentas, pero la oposición legislativa en las cámaras federales no supo responder al llamado y entre la ofuscación y la mezquindad declinaron la exigencia que había sido propia durante más de una década: que se generara un intercambio de ideas entre el Presidente de la República y los representantes populares.
La argumentación que ofrecieron algunos diputados fue patética: no había condiciones para debatir, los parlamentarios no estaban listos para parlamentar con el Presidente, en una abdicación grotesca de una de las funciones que le es consubstancial al poder legislativo, la deliberación pública permanente.
Por ello el Presidente Calderón, en efecto, “no podía ni debía eludir” referirse a ese hecho. En la naturaleza misma de la función legislativa está la actividad parlamentaria, y como condición indiscutible de la política gubernamental está el diálogo. Hoy no se entiende la democracia sin el debate de las ideas.
Al Presidente no se le ocurrió hace un mes debatir con los legisladores. Tal y como lo reconoció en su mensaje político del domingo pasado en Palacio Nacional, ha estado a favor desde tiempo atrás de cambiar ese modelo que ya no responde a la realidad. Durante las audiencias públicas a que convocó la Cámara de Diputados en octubre de 2004, Calderón apuntó una serie de cambios al régimen político y propuso soluciones que mejoren nuestra vida política, identificando qué reformas serían necesarias para una Gobernabilidad Democrática. Entonces no sólo propuso modificar la fecha de presentación para el mes de febrero de cada año, sino hacer un ejercicio de diálogo que suscitara un recuento de los resultados, “evitando así el “corte de caja” que no tiene una lógica anual y que complica a ambos poderes el funcionamiento del análisis del ejercicio del gobierno”. Es interesante recuperar ese documento, pues ahí hizo suya la propuesta del Dr. Diego Valadez, para la conformación de un gobierno de gabinete.
La insistencia en la invitación al diálogo que Calderón formuló a lo largo de su texto, sobre asuntos de interés general, sería el mejor instrumento para un debate de altura, incluyente y productivo.
El diálogo y la exposición de razones por parte de los interlocutores acercaría las distintas posiciones políticas, propias de una sociedad plural. El mayor riesgo para el país es la parálisis por la falta de consensos. Viviríamos en un griterío de confusión frente a problemas crecientes y amenazadores de la estabilidad y el desarrollo del país.
Sin esa posibilidad de intercambio, que en esta hora hubiera significado una oportunidad de definiciones, el Presidente de la República decidió hacer un discurso más para los suyos que para el país. Arenga que cumplió motivacionalmente, un mensaje que se envió con fuerza para conmover a los afines, que sin duda tocó temas relevantes de la situación real del país, pero al que le faltó mayor vigor y definición en asuntos que desde esa voz, la del Presidente de México, requieren aliento, empuje, definición. Muchos temas esperan, porque así es la política mexicana, que el Presidente resuelva una postura. En la relación partido-gobierno, esas definiciones son fundamentales para la coordinación, apoyo y cooperación adecuadas.
En lo general considero que hizo bien en reconocer el esfuerzo que se realiza en el Congreso en torno de la Reforma del Estado, y que haya reconocido de alguna manera que el modelo electoral, diseñado para asegurar la limpieza de la jornada electoral, necesita cambios en la legislación para regular aspectos que son torales en el desarrollo de las campañas y las precampañas, reducción de la duración y costos, una mayor fiscalización de los recursos asignados, y establecer reglas que definan claramente el ámbito de acción de las autoridades de todos los niveles de gobierno, con claros límites a su intervención y/o participación en los procesos.
En cuanto al comportamiento de la oposición perredista en el Congreso el 1 de septiembre, me parece que avanzamos pues tuvimos una ceremonia respetuosa y sobria, se vislumbra una esperanza de que tanto las protestas como las propuestas se puedan reconducir en el plano institucional. Me pareció bien la Diputada Zavaleta, quien de acuerdo a sus principios y convicciones expuso las razones que le hicieron abandonar la Presidencia de la mesa directiva y no recibir el informe. Las líneas que leyó, demarcan por cierto los planos del debate que sacude al PRD en torno de un proceso “legalmente concluído”, pero “cuestionado en su legitimidad”. Es de esperarse que en el futuro, el diálogo sea posible.
