La política legislativa, actividad indispensable y superior en el sistema democrático de la división de poderes, necesita de condiciones y circunstancias especiales para concretar sus propósitos: no sólo identificar el objetivo esencial de las reformas que procesa, para lo que el método que escoja es su principal definición, requiere también y por supuesto de identificar el momento preciso, esto es, la época conveniente para enfrentar las consecuencias de sus actos, sobre todo si se tiene la voluntad de hacer prevalecer los principios y los valores del interés público, sobre los intereses estrictamente particulares.
No siempre están a la vista los momentos propicios para las reformas, ni con frecuencia aparece una clase política reformadora, capaz de tomar el riesgo de agotarse en si misma con sus propias reformas. El intenso calendario electoral mexicano, que nos tiene metidos casi todos los años en la disputa del poder, ya sea federal como local, ha sido uno de los desincentivos para el acuerdo; por ello, hay que recalcarlo de paso, homologar los procesos electorales locales y federales a un mismo tiempo, es uno de los mayores respiros que se le puede dotar a la República. Las grandes reformas, necesitan tiempo intenso pero corto de competencia entre los partidos, y un amplio espacio para la reflexión de largo plazo, en el que unos y otros evalúan su condición de poder y de oposición.
Las reformas que Mexico necesita, están largamente inspiradas, dotadas de propuestas para diferentes escenarios, ampliamente consultadas, debatidas, pero les ha faltado momento y hombres y mujeres dispuestos a superar las diferencias de la pluralidad consubstancial a los parlamentos. Es que ello requiere de una visión profunda y una generosidad capaz de recoger la experiencia. Para acometer los cambios estructurales que el país demanda, no sirve la simulación ni la mezquindad. Reconocer la validez de las ideas más allá de quien las formula, es una característica de los demócratas.
México y su Congreso Federal tiene hoy condiciones insuperables para concretar la alternancia política y la transición democrática en una Reforma del Estado de hondo calado. No se debe perder el ritmo, no dar pausa a que los intereses económicos o los poderes fácticos reinstalen su dinámica de presión y se reacomoden la intimidación y el chantaje, en la ruta de rescatar soberanía al Estado y dignidad a la política.
En esa dinámica se coloca el inicio de los trabajos del grupo plural para la reforma de las leyes en materia de radiodifusión y telecomunicaciones que el pasado jueves se instaló formalmente en el Senado, bajo el liderazgo político que han decidido asumir en esta histórica empresa los coordinadores parlamentarios en el Senado, Santiago Creel Miranda (PAN), Manlio Fabio Beltrones (PRI) y Carlos Navarrete (PRD).
También, la instalación ayer del grupo de trabajo bicamaral que revisará el segundo tema de la reforma del Estado en lo referente al Régimen de Estado y de Gobierno, particularmente en la figura de jefe de Gabinete, con la que el Congreso pretende aumentar su participación en un nuevo modelo de gobernabilidad democrática.
Ante propósitos tan esperanzadores como éstos, y ante hechos tan concretos como la reforma constitucional en materia electoral, la Asociación Mexicana por el Derecho a la Información, por acuerdo de su Comité Directivo y de su Consejo Consultivo, envió una carta a todas las señoras y señores diputados locales del país, a sumarse a este momento reformador y hacer del Constituyente Permanente consignado en el artículo 135 de la Constitución, una de las mayores expresiones de voluntad política plena, coincidente entre su diversidad, frente a las amenazas, las presiones indebidas y la desinformación que despliegan los intereses que la resisten.
Dice el apoyo central de esa misiva: “Estamos convencidos de que esa normatividad tendrá un impacto positivo en nuestra vida política: campañas electorales más baratas, reforzamiento de la equidad en la competencia y una democracia más fuerte y menos dependiente del dinero. Eventualmente, además, esas disposiciones pueden incidir de manera colateral en una elevación del debate político que tanto requiere nuestro país. Por esas razones, los llamamos a refrendar y reforzar el importante paso que dio el Congreso de la Unión y aprobar las que, con el voto de ustedes, pueden convertirse en las nuevas normas constitucionales para la competencia política en este país”.
La carta de AMEDI, que contrasta significativamente con la enviada por la cúpula empresarial en contra de las reformas, ha tenido una gran respuesta de varios legisladores de diversas entidades, y tanto en Colima como en Jalisco ha sido referenciado su contenido a la hora en que las comisiones han aprobado dictaminarla.
Es necesario ese aval pues, la campaña distorsionadora de los contenidos ha tenido su efecto. Conforme a una Encuesta Nacional sobre la Reforma Constitucional en materia electoral, del Instituto de Mercadotecnia y Opinión de Guadalajara, que encabeza César Morones, la mayoría de las personas se mostró en desacuerdo, 48.9 %, mientras que el 43.9 % estaba de acuerdo, teniendo como fuente de información básicamente a la Televisión.
Sin embargo, cuando a la gente consultada se le daba información sobre los contenidos reales de la reforma, la opinión cambiaba de una manera radical: el 80.7% a favor de que no se pueda comprar spots, el 85% a favor de que no exista la posibilidad de campañas negativas, el 87.2% a favor de la reducción del tiempo de campañas, el 80.7 % a favor de la prohibición de propaganda gubernamental con fines de promoción personal.
Las reformas, su momento y sus reformadores, también necesitan del respaldo ciudadano, del impulso social organizado, capaz de reconocer y comprender que más allá de las diferencias, lo que vale es el horizonte que se traza en el ideal que nos es común: un Mexico mejor y mas justo para todos.
