Un grupo de intelectuales, reducido en su número pero no en el prestigio que a la mayoría de ellos les acompaña en el uso de su inteligencia y en el compromiso social de sus tareas, ha puesto al servicio de la causa por descalificar y nulificar las recientes reformas electorales, una nueva demanda de amparo de la justicia federal contra ellas. Lo hacen en nombre del artículo sexto de la Constitución, y casi en el mismo tenor de argumentos con los que aún enfrentan las televisoras y la cúpula del sector empresarial esos cambios legislativos, dicen que la libertad está amenazada.
Debo confesar que de todas las resistencias que supuse en el imaginario de los intereses afectados por la reforma, escapó de mi proyección esta última reacción y me causó asombro, un tanto por el celo tardío con que se despliega la acción opositora – después de tres meses de promulgada la reforma constitucional-, y otro tanto por la calidad de los promoventes. De hecho, la fígura más visible de este empeño es Federico Reyes Heroles, un personaje referencial en el compromiso con la transparencia. De ahí que me parece válido que nos detengamos con seriedad ante esa postura, para mí, la primera en torno de preocupaciones genuinas en orden al interés general, más que de intereses estrictos. Tampoco digo que tengan razón.
Sin que me lo hayan pedido, ofrezco mi punto de vista sobre su postura, primero porque considero importante señalar que no los debemos meter al mismo saco de los mercaderes de la información, pero quiero advertir que su posición estimula ese mercado. Y opino con los riesgos que en este país entraña, opinar sobre las opiniones de los opinadores.
De lo escrito en varios artículos de opinión y lo enunciado por este grupo de intelectuales en el documento explicativo de sus motivos, se descarta una impugnación general a toda la reforma constitucional en materia electoral, pero fundamentalmente por tres de sus nuevas disposiciones tal reforma ha merecido el calificativo de “mordaza”, “regresión autoritaria”, “retroceso en nuestras libertades básicas”, “perversión”, etc. La magnificación y la exageración son recursos eficaces para la atención social, pero injustos sobre una de las reformas mas importantes que modifica la lógica y el funcionamiento de los medios de comunicación en su relación con el Estado y la sociedad, la predominancia del dinero. Podría decir que en esa relación cada día más poderosa entre medios de comunicación y democracia, estamos ante una de las reformas más importantes de la última década en América Latina.
La mayor oposición está en la tercera base constitucional del artículo 41: “Ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos ni a favor ni en contra de partidos políticos o de candidatos”.
“En razón de las actividades lícitas que desarrollamos, quedamos automáticamente excluidos del derecho a la libre expresión de las ideas a través de la contratación de tiempo de transmisión en los medios masivos de comunicación, así como a deliberar y crear espacios para la discusión pública de temas que interesan a la comunidad”. Federico Reyes Heroles, pone un ejemplo sobre lo anterior: “Supongamos que un candidato o un partido sale con un planteamiento homofóbico o xenófobo, ni usted ni yo ni ninguna organización ciudadana podrá acudir a los medios a defender su punto de vista. Hacia allá vamos. ¿Patidocracia?, por supuesto, peor aún, autoritarismo de partidos con posibilidad de devenir en “partidura”.
Por ningún motivo estoy de acuerdo con la anterior interpretación. Pues a nadie se cancela su derecho de expresarse en los medios de comunicación, atacar, defender, criticar o favorecer con su opinión a algún partido o candidato. Lo único que se restringe es que eso lo hagan mediante pago. ¿O que están diciendo, aceptando y promoviendo estos intelectuales en el fondo de su postura?. ¿Qué nos tenemos que acostumbrar a que en México la libertad de expresión sólo se pueda ejercer mediante una transacción comercial?. Claro que no, pero esta deducción es tan radical como aquella.
Coincidí plenamente con los argumentos que en la exposición de motivos, los legisladores ofrecieron para esta prohibición: “la política y la competencia electoral van quedando sujetas no solamente a modelos de propaganda que les son ajenos, sino también al riesgo de sufrir la influencia de los dueños o concesionarios de estaciones de radio y canales de televisión, o de otros grupos con el poder económico necesario para reflejarlo en esos medios de comunicación, que de tal situación derivan un poder fáctico contrario al orden democrático constitucional”.
La inequidad para el acceso de los ciudadanos, y por supuesto de los grupos sociales, a la radio y la televisión en México a partir de la compra de propaganda, es proporcional a la desigualdad económica que concentra el 40% del ingreso en manos de un diez por ciento de la población. También la libertad de expresión actúa en un marco de derecho, en el que el Estado debe asegurar las reglas de equidad e igualdad de quienes participan en el proceso electoral.
Pero lo que en el fondo nos están planteando, es un modelo de libertad de expresión basado en la propaganda. Me permito recordar a varios de ellos, pero sobre todo a Federico Reyes Heroles, la inspiración mayor que en este país tuvo el derecho a la información en su sentido más completo, la de su padre, el Reyes Heroles universal que concibió el derecho a la información como una respuesta a la sociedad de consumo, que fue haciendo de la comunicación, y propiamente de la información una mercancía y no un bien público.
En eso se centra el diseño del modelo de control de los más media en el mundo sobre los procesos electorales, o te suscribes mediante pago o cada vez veras menos televisión, o compras espacio o no existes como voz en el contexto de la influencia política.
Esa posición se resigna al modelo mercantil de comunicación que ha envilecido el verdadero debate que debiera nutrir a la democracia, y en el que fundamentalmente tienen acceso los grupos económicamente poderosos.
¿Sabrán los promotores del nuevo amparo lo que cuesta un spot de televisión de veinte segundos en cualquiera de los dos cadenas nacionales?. ¿Qué hay hay grupos ecologistas, defensores de los derechos humanos, organizaciones campesinas y sindicales, que se agotarían sus recursos de un año, en la compra de un solo spot?. El modelo mercantil de la comunicación está amenazado, no la libertad de expresión. Con todo afecto.