Javier Corral Jurado
En medio de su empeño por sacar adelante la reforma legal al sector energético, el gobierno del Presidente Felipe Calderón deberá enfrentar el asunto más relevante del informe que la Auditoría Superior de la Federación reportó de la revisión de la cuenta pública 2006: el caso Unefón. La actuación que tengan en este asunto tanto la Secretaría de la Función Pública, como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, marcarán ineluctablemente un derrotero para el conjunto de la administración pública federal en el combate a la corrupción, porque se pone a prueba uno de los compromisos presidenciales más señalados en su promesa de gestión.
Aunque el caso de Unefon se ha venido ventilando en los últimos días, preponderantemente en Televisa, no está demás advertir que el asunto atraviesa el tránsito de tres administraciones federales – Zedillo, Fox y Calderón -, y cruza de alguna manera – por los actores gubernamentales que han estado involucrados en el problema -, los intereses de las televisoras. De ahí que cada versión de los hechos, según el medio o columnista de que se trate, ponga mayor énfasis en el origen o en el final de la historia, o incluso quiera separarla en dos momentos distintos según sus fobias o filias. Para mí es una sola historia, de la que conocí por cierto algunos elementos desde cuando presidí la comisión de RTC de la Cámara de los Diputados, porque el asunto data de 1998 y lo que hoy vivimos no es fruto de lo casual, sino de un acumulado de faltas en el rigor ético y jurídico, en la probidad y el cuidado, en la visión de Estado con que la gestión de los asuntos públicos debiera realizarse. Y ese es el acierto y el valor con el que la ASF ha denunciado el caso.
Unefón obtuvo en 1998, mediante licitación por subasta, concesiones de frecuencias del espectro radioeléctrico para operar telefonía móvil; presentó una oferta alta y se llevó excelentes posiciones de mercado en las telecomunicaciones. Era el momento del tránsito digital de la telefonía celular a través de los personal communications systems, PCS′s. Del total de las nueve zonas en que se dividió el país para esa licitación, el gobierno federal pretendió obtener en ese momento mil millones de dólares. No lo logró porque uno de los ganadores, Unefon, no cumplió con el pago de la contraprestación ofrecida. Pidió entonces una prórroga a la autoridad para hacer el pago respectivo, y ésta en lugar de hacer respetar las bases de la licitación – la primera de espectro que se daba en el país – y revocarle de inmediato la concesión, le autorizó no sólo una, sino dos prórrogas en distintos momentos.
Con ignorancia supina o conocimiento deliberado, el pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y también el entonces Secretario de Comunicaciones y Transportes en el gobierno de Ernesto Zedillo, “condicionaron” las prórrogas al pago de intereses por parte de Unefon, lo que ésta aceptó hábilmente. Meses después iniciaba ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa un juicio de nulidad sobre el pago indebido de esos intereses, por ser una contraprestación que ni la Cofetel ni la SCT, podían fundamentar como una de sus atribuciones en ley alguna. Y en efecto, seis años después, el 6 de abril de 2004, ese tribunal declaró ilegales los intereses, pero dejó constancia que lo procedente era el cobro de recargos “para los casos de prórroga”. Luego volvió a confirmar en sentencia interlocutoria del 20 de abril de 2006, la ilegalidad de ese cobro de intereses.
Desde que se emitió la primera sentencia del TJFA, abril de 2004, hasta la segunda sentencia interlocutoria, las autoridades de la SCT recibieron diversas opiniones de los distintos responsables de la unidad de asuntos jurídicos en el sentido que tales sentencias “no ordena que se devuelva cantidad alguna”, o “no se desprende que el TJFA… haya condenado a la autoridad a la restitución de un derecho subjetivo violado o a la devolución de una cantidad, es decir, únicamente, declaró la nulidad de la negativa ficta, cuyo alcance sería para el efecto de que esta Secretaría entrara al estudio de revisión interpuesto por la actora”.
Sin embargo, de manera súbita, procesado en un día y medio, mediante seis oficios que fueron y vinieron en cuestión de horas entre distintas dependencias de la SCT y la empresa, y en el último día de la administración del Presidente Vicente Fox, Unefón recibió en su cuenta No. 012180004501650850 de BBVA Bancomer, 550 millones de pesos por concepto de devolución del pago indebido de intereses. No se le requirió recibo alguno, y mucho menos se exigió un finiquito legal. Por el contrario se le dejó abierta una contingencia al Estado por 3,057 millones de pesos, cantidad adicional que ahora reclama Unefon, pues cuando recibió la notificación del pago de los 550 millones de pesos, asentó con su puño y letra el representante legal: “recibí original y quedo notificado de su contenido, bajo reserva expresa del derecho a reclamar los accesorios de la cantidad histórica que se devuelve”. Y aún así se le pagaron.
Tanto en 1998 como en el 2006, los dos momentos estelares de esta historia de abuso y ambición desmedida de Unefon, los funcionarios directamente responsables argumentan que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó en un caso el cobro de los intereses y fijó su tasa, y que en la devolución de éstos estuvo su instrucción mediante oficio del 7 de septiembre de 2006. Peor aún, pues de la lectura de éste se desprende que una de las funcionarias que firmó esa instrucción, Ana Bertha Thierry Aguilera – quien actuaba como administradora General de Grandes Contribuyentes de la Subsecretaría de Ingresos -, fue acreditada por Operadora Unefon el 24 de marzo pasado como una de las personas autorizadas para oír y recibir notificaciones en su nombre en el juicio que se sigue en la sexta sala regional metropolitana del TJFA para el cobro de los “accesorios”.
Esta es la historia de otro abuso más del poder mediático sobre el erario de la Nación que le ha permitido a esa compañía telefónica incrementar ilegítimamente su patrimonio, nadie puede beneficiarse de un acto ilegal. Y es la historia que señalo pone a prueba de una manera singular a la actual administración federal, primero para recuperar ese pago indebido y luego para sentar un antecedente ejemplar en materia de responsabilidades públicas. De lo contrario el mensaje de impunidad sería suicida y autodestructivo para el proyecto de gobierno.