Las circunstancias en las que perdió la vida uno de los escoltas del Gobernador de Chihuahua, parecen configurar eso que se llama “un aviso”, en términos del modus operandi de las mafias del narcotráfico, pero hasta ahora esa similitud no toma cuerpo completo. Tampoco hay elementos para configurar la hipótesis de un atentado directo a la persona del Licenciado José Reyes Baeza, según su propio dicho y el parte que ha rendido la Procuradora Estatal. Incluso no se descarta que esos hechos se hayan producido por un error en la actuación del convoy de seguridad, que cerró el paso a sicarios sin darse cuenta que lo eran, y éstos reaccionaron violentamente sin tener conciencia de que balaceaban ni más ni menos que a miembros del grupo Satelite, custodios del mandatario.
Como haya sido, el hecho describe la magnitud de la violencia desatada en Chihuahua, el grado de vulnerabilidad y exposición a la que están sometidos los ciudadanos, el clima de terror que recorre las calles, a cualquier hora, por el rumbo que sea. Lo único cierto ahora es que en Chihuahua ya nadie se libra de una reacción virulenta como la sufrida por el Licenciado Baeza Terrazas.
Se suceden hechos traumáticos en el ambiente social: las ejecuciones no paran, este año van 403 muertos en 54 días, de hecho febrero de 2009 está a punto de volverse el mes más violento desde que se inició la guerra contra el narco, superando a noviembre del año pasado en el que murieron 200 personas en el Estado de Chihuahua relacionadas con este enfrentamiento. En el Estado se concentra el 42% de las ejecuciones de todo el país.
Esta nueva escalada de violencia se enderezó contra policías municipales y ha logrado la renuncia de por lo menos tres jefes policiacos en la última semana; la dimisión que cobró impacto y golpeó durísimo el ánimo ciudadano fue la del jefe de policía de Ciudad Juárez, Roberto Orduña; se separó de su cargo después de que aparecieron varios carteles escritos por las bandas de narcotraficantes que exigían su salida y en la que advertían que si no lo hacía asesinarían a un oficial de policía cada 48 horas. Este fin de semana sicarios de las bandas abatieron a dos policías. Sobre sus cadáveres dejaron notas en las que se adjudicaron la amenaza cumplida y anunciaban más muertes.
“No permitiré que hombres que trabajan por defender a la ciudadanía continúen perdiendo su vida”, dijo Orduña al renunciar, un militar retirado que había llegado al puesto hace once meses. La amenaza de muerte está ahora enderezada hacia el Alcalde fronterizo José Reyes Ferriz, a quien los narcos le mandaron el mensaje en una docena de cartulinas que distribuyeron por la ciudad anunciando que “le cortarán la cabeza”, “si sigues ayudando a la gente que tú ya sabes”.
Estos hechos ponen de manifiesto la gravedad del problema, y colocan de nueva cuenta en el análisis de los hechos la pregunta obligada ¿por qué en Chihuahua se ha concentrado de esta manera la disputa del crimen organizado?. No hay respuesta categórica, ni siquiera aquella que identifica al Estado norteño como la frontera más grande de México y por ende, la plataforma de exportación más importante de la droga hacia los Estados Unidos.
Lo que sí hay a la vista es una autoridad estatal que ha permanecido mucho más como espectadora del problema, que como partícipe en la solución. En Chihuahua el denominado operativo conjunto ha visto evadirse de su responsabilidad, no en pocas ocasiones, al Gobierno del Estado. Aún no se conoce una acción de depuración al interior de la Procuraduría del Estado, como la operación limpieza que se lleva acabo en el ámbito federal. En cuanto sucede un hecho de proporciones considerables, el Gobernador pide revisar la estrategia gubernamental anti-narco, y lanza toda la responsabilidad al nivel federal. Ha sido omiso en esta batalla, jugando un papel más de crítico que de colaborador, y cuando puede, saca raja político-partidista del tema.
La semana pasada dio nuevamente un paso en falso en esta materia: lanzó un exhorto publicado como desplegado en los periódicos de la Ciudad de México, dirigido a la Secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, para pedirle rectificara su aseveración de que la violencia en el país se concentraba en tres entidades federativas, entre éstas Chihuahua. Fue una acción que pintó de cuerpo entero la política del avestruz. Ello mereció la respuesta del Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.
Simplemente puntual, con muy pocas palabras, Gómez Mont puso las cosas en su lugar: “Debemos reconocer que la violencia en Chihuahua y su intensidad no resultan replicadas en la mayoría del territorio nacional, inferir lo contrario es una premisa falsa que no abona en la solución integral de este problema”.
Que el gobernador la haya visto pasar tan cerca debería provocar en él una seria reflexión sobre la postura que ha asumido y las tareas pendientes que su administración tiene con el combate a la corrupción y la procuración de justicia.