Entre varias de las causas que atizan la irritación social contra la política y los políticos, son los sueldos tan altos de que gozan los funcionarios públicos y los representantes populares. Mucho más cuando la enorme cuantía de las percepciones en su conjunto contrastan no sólo con magros resultados del ejercicio de las funciones, sino con la realidad de miseria que se extiende en amplias capas de la sociedad. Y si nos atenemos a los estudios económicos de la distribución del ingreso en México, en el que la pobreza es casi el 80 % de la población nacional, los salarios de los servidores públicos hacen de la burocracia una verdadera casta.
Sí, hay que decirlo con toda claridad: en México la clase política goza de un sistema de prestaciones y retribuciones económicas privilegiado en relación con otros sistemas políticos y burocráticos en el mundo, con mejores índices de calidad de vida y desarrollo democrático por cierto. Palidece frente al nuestro, en varios cargos de responsabilidad gubernamental, el sistema de los Estados Unidos.
Además de los montos exagerados, existen un conjunto de prestaciones que por ejemplo, en el sistema federal, no se integran al salario. Se tienen sistemas de crédito o financiamiento absolutamente abusivos del erario – no se diga en el ámbito del Congreso de la Unión -; hay una manga ancha en gastos telefónicos y de viaje, así como enormes disparidades entre salarios a funciones iguales, además de eludir mediante mecanismos de simulación y falsificación contribuciones fiscales que al conjunto de la sociedad se le exigen mediante todo tipo de acciones coercitivas.
De esa contradicción esta emanando la ilegitimidad de los gobernantes y la decepción de los gobernados, de la inconsecuencia en afrontar la tarea de gobierno como oportunidad de servicio público, y no como mecanismo de enriquecimiento personal u oportunidad de hacer negocios. Sostengo que el abuso que se ha tenido en este tema en nuestro país no hace más que explicar el rechazo ciudadano a la participación político-electoral, y el descrédito que sufre el sistema de partidos en general. Muchos ciudadanos sienten además que muchos servidores públicos no los desquitan, y con los altos sueldos se premia el fracaso, la indolencia, o lo que es peor, el incumplimiento del deber.
Muy lejos de nuestros días, la visión que sobre el Estado de Derecho y la retribución suficiente expresara el Presidente Benito Juárez García, que delineó, ya desde 1858, la ruta de la verdadera austeridad republicana: “Bajo el sistema federativo los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala”.
A más de 150 años de aquella advertencia, debemos reconocer el sentido contrario en que caminaron la existencia de los empleos públicos y sus dotaciones. Se ha hecho tarde para poner bajo un sistema de control, transparencia y reducción considerable las percepciones de los empleados y funcionarios de la Federación, los Estados y los Municipios, por lo que no puede seguir posponiéndose las reformas constitucionales y legales que obliguen en esa dirección.
Fijar un tope a los salarios públicos es una de las primeras medidas, y en el dictamen y aprobación de la minuta que el Senado de la República envió a la Cámara de los Diputados está la posibilidad de concretar, por lo menos en el ámbito de la federación, este paso adelante en la autolimitación del poder público. Sin embargo, con todo y que el Senado de la República – a propuesta del Senador panista Ricardo García Cervantes -, hiciera un exhorto a la colegisladora para concretar la nueva ley, ha vuelto a detenerse en el seno de la Comisión de Puntos Constitucionales de la cámara baja en donde tiene exactamente dos años, pues les fue remitida desde el 13 de marzo de 2007.
Se trata de una reforma constitucional que propone diversas enmiendas y deberá dar origen a una nueva ley. La base esencial se encuentra en la propuesta de adición al artículo 127 constitucional, fracción II, al estipular que si el máximo cargo de responsabilidad es el de Presidente de la República, el máximo salario que debiera haber sea ese, y a partir de ahí todos los demás sujetarse a ese parámetro, por lo que en los artículos transitorios se señala que una vez que entre en vigor la reforma Constitucional, se deberá hacer un “ajuste” en los salarios de los Ministros, a partir del año fiscal siguiente.
En realidad la disposición toca también a los magistrados del Tribunal Electoral, los magistrados de Circuito, los jueces de Distrito, los consejeros de la Judicatura, los Consejeros del IFE y los magistrados y jueces de los poderes judiciales de los estados.
Se menciona que las remuneraciones adicionales a las nominales, tales como gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones, aportaciones a fondos de retiro, o ahorro y cualquier remuneración en dinero o especie, sólo se podrán mantener en la medida en que la remuneración total no exceda el máximo referido la remuneración del Presidente de la República.
El proyecto de dictamen que se conoció la semana pasada concede una nueva facultad a la Cámara de Diputados, dentro del 74 constitucional que contiene su ámbito de exclusiva competencia: definir en el Presupuesto de Egresos de la Federación los salarios máximos que recibirán no sólo los funcionarios del Gobierno federal, sino también de los Poderes Judicial y Legislativo y los entes autónomos como el IFE y la CNDH. “Establecer las bases de regulación salarial y de percepciones máximas de los servidores públicos previstos en el artículo 108 y 127 de la presente Constitución, con la finalidad de integrar debidamente el presupuesto conforme a los principios de equidad y proporcionalidad que hagan posible una más justa distribución del ingreso y la riqueza”, indica la reforma a la fracción III de dicho artículo.
Esto me parece fundamental, pues establece un límite al otorgamiento unilateral de aumentos salariales en los llamados órganos autónomos, a los que no les funciona a veces ni la sujeción a las leyes ni la sensibilidad social ante la crisis financiera, como es el caso de la mayoría de los Consejeros del IFE que pretendieron otorgarse un aumento salarial del 100%, de 172 mil a 333 mil pesos mensuales, equivalentes a 4 millones de pesos anuales para cada consejero.
Sin embargo esa conducta es muy común entre los Gobernadores, los Diputados locales, Presidentes Municipales, síndicos y regidores, por lo que también cobra relevancia la reforma al artículo 116 para que los congresos locales también fijen los salarios de los servidores públicos conforme a los criterios del artículo 127, lo que incluye a las autoridades locales, en el que diversos medios de comunicación han revelado disparidades absurdas y montos aberrantes.
El tema es de amplio consenso entre la población abierta, pero al interior de los partidos también es una de las preocupaciones más sentidas de los militantes. Lo acabo de corroborar en el recorrido estatal que hice entre los miembros activos de Acción Nacional, con motivo de mi precandidatura a Diputado Federal. Quieren ver a sus legisladores comprometidos con una mejor distribución del ingreso, sin caer en los populismos que vuelven incompetente el servicio público frente a los mecanismos u ofertas del mercado privado de trabajo, pero que se ponga fin a los abusos y excesos. Quisieran sí, ver a los servidores públicos militando en ese interés y viviendo en la honrosa medianía que proporciona la retribución justa.
Prestigiaría a los Diputados y Diputadas de Acción Nacional en la actual legislatura, no sólo frente a las demás fuerzas políticas sino ante sus propios compañeros de partido, concurrir a aprobar las reformas constitucionales y desatorar un pendiente que en estas horas de angustia y sozobra económica de la Nación, se traduciría como un mensaje muy positivo, en el que al igual que otros sectores sociales, el Estado también pone su parte.