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Reforma Educativa: ¿podrá Lujambio?

Reforma Educativa: ¿podrá Lujambio?

– Javier Corral Jurado

Alonso Lujambio, reconocido académico e investigador es el nuevo miembro del gabinete del Presidente de la República Felipe Calderón. Transitó del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, en el que se desempeñaba como Presidente, a ser el titular de la Secretaría de Educación Pública. Relevo sui generis, por el momento en el que acontece, y por la forma horizontal en que está concebido al interior de la administración federal el órgano de la transparencia gubernamental.

El nuevo Secretario cuenta con la capacidad y el perfil que se necesita para llevar a cabo las tareas que la ley orgánica confiere a la Secretaría de Educación Pública; prestigio tampoco le falta, tiene acreditada una conducta honesta, y hasta ahora no parece haber supeditado su existencia a su cercanía y amistad con el Presidente de la República.

No está en las credenciales pues, de donde debiéramos atisbar los retos que se le imponen por el nuevo cargo, sino mas bien, en las motivaciones bajo las cuáles aceptó; la pregunta es simple: ¿Para qué llega Lujambio? ¿Para administrar de mejor manera las relaciones del gobierno con Elba Esther Gordillo?, o ¿Para entrarle definitivamente a una reforma educativa?

Para lo primero, basta con la cercanía y confianza que existe entre Lujambio y el Presidente Calderón; para lo segundo, se necesita además el coraje propio y la voluntad política.

Si hay una reforma que, con sentido democrático y con objetivos de productividad, calidad, desarrollo personal y social, necesita el país, es la educativa. Está en el fondo de muchos de nuestros males, incluida la inseguridad y la falta de competitividad internacional. México está rezagado en la economía del conocimiento y precisa de un nuevo modelo educativo. Es cierto que hemos avanzado y la cobertura en alfabetización alcanza casi el cien por ciento. Pero se requieren cambios en la estructura, funcionamiento, evaluación y descentralización de la educación, para lograr una verdadera calidad educativa.

Los resultados de nuestro sistema educativo son similares a los de Ghana o Kenia. El promedio en matemáticas es escalofriante: 97% de los niños, tiene menos del 6.6 de calificación. El 99% de los niños tiene menos de 8 en escritura y lectura.

La primaria no motiva pensadores, ni está creando lectores, ¿cómo queremos que haya electores?. ¿Cómo queremos que haya ciudadanía participativa?. El modelo está destinado a crear empleados, no a generar innovadores, empresarios. Se desperdicia un cúmulo formidable para el país: el 34% de la población son estudiantes.

Hay que reformar el sistema educativo. Y pasa por la acción decidida del poder público, tanto del Ejecutivo como del Congreso, esa decisión fundamental: Debemos obligar auténticos sistemas de evaluación de la educación, y que la carrera magisterial sea fruto de una rigurosa revisión del resultado del docente, en donde por supuesto participe el sindicato como par, pero no como ahora sucede, en el que actúa como definidor de las plazas y sus permanencias.

Tan importante como lo anterior se hace necesario una reforma pedagógica. Ya no se puede mantener un modelo desde el escritorio del profesor hacia los alumnos, que después se traduce en una concepción autoritaria en la organización social. No podemos continuar con método memorístico, con el que los niños y jóvenes no aprenden hacer abstracciones.

Es necesario hacer una redefinición de facultades entre estados y federación. La reforma de 1992 trasladó infraestructuras a los Estados pero no se les entregó la gestión de servicios educativos. La federación puede y debe mantener la evaluación de estándares, indicadores, pero a las entidades federativas debe otorgárselas mayores responsabilidades, y a los municipios; buena parte de la calidad educativa en los Estados Unidos, es el esquema en el que intervienen los municipios.

Obviamente, todo la anterior, pasa por desmantelar el corporativismo sindical, no el sindicalismo magisterial, sino promover su democratización, su transparencia, la necesaria rendición de cuentas que deben a la sociedad. Y he aquí el asunto que requiere del coraje y la voluntad política.

Basamento conceptual hay, y de sobra. Desde 1946 en su primera plataforma Presidencial, el PAN afirmó la libertad sindical. Exigió verdadera democracia en la creación y funcionamiento de los sindicatos y de las demás organizaciones del trabajo: “la proscripción radical de la utilización fraudulenta de los sindicatos como instrumento o como pretexto de medro personal o político”. Ahí está el reto para Lujambio.

 

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