¿Cuáles son las posibilidades de un cambio de régimen político en nuestro país, que a partir de una Reforma del Estado, redistribuya funciones, facultades y recursos entre los poderes de la Unión, y entre los niveles de gobierno, asegurando la democracia como sistema de vida?. ¿Qué lo haría factible como método y espacio de procesamiento?, y ¿Qué programa básico se tendría que impulsar para lograr el consenso?.
Estas son preguntas que una y otra vez nos hacemos cuando vemos que se mantienen intocadas varias de las estructuras corporativas, clientelares y autoritarias del viejo régimen, que subsisten muchos vicios y prácticas contrarias a lo que se da en llamar un Estado de Derecho moderno. Y para atajar el desaliento que produce entre la sociedad esas zonas de excepción jurídica y democrática, en esta cada campaña electoral se han relanzado ideas y propuestas que ofrecen aterrizar esta larguísima transición a la democracia plena. Están plasmadas en las plataformas electorales que los partidos políticos han registrado ante el IFE, y es una lástima que no giren las campañas en torno de esos compromisos, sino de la política espotera que la tiranía de la televisión ha logrado imponer sobre los procesos electorales.
Si nos atenemos a los documentos registrados – que pueden ser consultados en la página www.ife.org.mx -, son muchas las posibilidades de que ese cambio de régimen se produzca en los próximos tres años en el Congreso de la Unión y vengan reformas de fondo, como se desprende del ejercicio comparativo entre un conjunto de casi cien propuestas legislativas que, bajo diversos enfoques, señalando causas diversas, obviamente con diagnósticos distintos, las tres principales fuerzas políticas plantean la necesidad nuevos equilibrios entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Sin embargo sabemos que, aunque se expresen propósitos y proyectos comunes, y aún cuando en varios asuntos los principales partidos puedan converger plenamente, esas coincidencias no se traducen en acuerdos y menos en mayorías parlamentarias. Son muchas las causas de ese atorón sistemático, desde la colusión de intereses de los mismos legisladores con los grupos económicos, sindicales y mediáticos, hasta las limitaciones propias en el perfil de los representantes populares. Pero sin duda, algo que prohija ese reduccionismo de la tarea legislativa, son las actuales bases sobre las que opera el Poder Legislativo, y la lógica también corporativa y clientelar cómo se determinan las responsabilidades.
Por ello, siempre he considerado que para dar viabilidad a reformas estructurales de hondo calado, es primero y muy importante la reforma del propio Congreso. Su funcionamiento está determinado por reglas desfasadas, dispersas y contradictorias entre su base constitucional, la legal y su orden reglamentario. Centralizado en un puñado de legisladores, con amplias áreas de opacidad en el informe de gastos, sin otorgarle un real peso a las comisiones legislativas, y sin un régimen serio, profundo, de responsabilidades a los legisladores, que sancione la negligencia, la corrupción y el tráfico de influencias, así como limitar y transparentar los conflictos de interés.
Es difícil que un poder se acote asimismo, que se autolimite. Pero para fortuna nuestra los tres principales partidos plantean en sus plataformas un objetivo en esa dirección. En varias de las asignaturas pendientes de nuestra proceso de transición – para otros de simple alternancia -, son interesantes las coincidencias que, en cuanto a las plataformas legislativas de PRI, PAN y PRD, se localizan en temas de la así llamada Reforma del Estado, y dentro de ésta, del Poder Legislativo.
El PAN es quien abunda con más detalle y con reformas de mayor fondo en la reestructuración del andamiaje jurídico del Congreso. Propone reducir el número de los integrantes de las Cámaras, a 400 la de Diputados y a 96 el Senado de la República, dejando sólo la figura de la primera minoría por cada estado. Insiste en reformas que posibiliten la reelección consecutiva de legisladores federales y locales, y busca, entre otras cosas, introducir la reformas para que el Ejecutivo pueda, en razón de la urgencia o de la importancia del tema, presentar dos iniciativas con carácter preferente. “El carácter de preferente consistirá en que las reformas se tendrán por aprobadas ante el incumplimiento de la obligación del Congreso de discutir, dictaminar y votar tales iniciativas”.
El PRI ofrece “revisar el régimen interno del Congreso de la Unión y de cada una de las Cámaras para hacer más eficaz el proceso legislativo. Promover el fortalecimiento del Poder Legislativo mediante la revisión de las competencias y atribuciones para que realice eficientemente las tareas que le son propias y participe más activamente en el diseño y vigilancia de las políticas públicas”.
El PRD, propone “una nueva Ley Orgánica del Congreso de la Unión que permita y favorezca las coaliciones legislativas; aumente las facultades de las comisiones en materia de investigación, control y dictamen; establezca mecanismos para que las iniciativas no se congelen en las comisiones; estreche la vinculación de éstas con las distintas ramas del gobierno, dándoles facultades de planeación y evaluación del desempeño gubernamental, vinculatorias en la asignación del presupuesto”. Y más nos vale confiar en que lo ofertado por los partidos tiene asidero en una voluntad genuina de cumplir, pues un supuesto contrario significaría una estafa monumental a la sociedad, ya de por sí desanimada con la política en general y con el sistema de partidos en lo partícular.
Sin embargo propongo que esa confianza tenga un seguimiento ciudadano que vigile, exija y de cuenta de los ofrecimientos legislativos y luego de la conducta desplegada en las cámaras por cada uno de los miembros del Congreso. Un observatorio ciudadano del Poder Legislativo que recuerde para qué se pidió el voto. Y en esta acción cívica organizada, empezaría sin duda otra dinámica reformadora en México.