Los mecanismos del poder estatal para echar abajo la investigación sobre la Nómina Secreta de Duarte y la Operación Zafiro del PRI dibujan una realidad distópica de un estado dominado por el PRI y el PAN.
La persecución política violenta la democracia. La oposición, voz en cuello, defiende que sus instituciones “no se tocan”, pero recurre a vendettas cuando está en el gobierno, como en Chihuahua. Enarbola su defensa como línea Maginot contra el gobierno federal, mientras hostiga a sus detractores y presionan a la justicia, tal como critican de López Obrador. La situación más extrema de ese doble rasero es caer en perseguir a los que antes persiguieron la corrupción de un pasaje negro de abuso de poder en ese estado con el gobierno de César Duarte.
Los mecanismos del poder estatal para intentar echar abajo la investigación sobre la nómina secreta de Duarte y la Operación Zafiro del PRI dibujan un mundo distópico de un estado dominado por el PRI y el PAN. Además, es un pésimo mensaje de una oposición necesitada de exorcizar la imagen de corrupción que la derrotó en 2018. Pero, lejos de ello, el poder actúa con abusos que igualaron a panistas y priistas, y persisten en entidades bajo su égida como Chihuahua. En el fondo, ilustra el DNA de una clase política y su incapacidad para reconstruirse con nuevas formas de gobernar. La lucha contra la corrupción en ese estado no es el mundo al revés, aunque lo parezca, sino la información genética de un viejo orden indeseable que debilita la democracia y que, en buena medida, explican el ascenso de Morena. El PAN, en la más reciente elección, retuvo Chihuahua y el nuevo gobierno de Maru Campos recibió la investigación Justicia para Chihuahua de su antecesor, Javier Corral, que llevó a César Duarte a prisión en 2020 por desviación de recursos públicos tras extraditarlo de EU. Ella y otros miembros de su equipo fueron acusados de beneficiarse de esa nómina del exgobernador priista cuando era diputada del PAN en el Congreso local, entre 2014 y 2015.
Campos llegó al poder llevando a cuesta haber comparecido en campaña ante un juez por recibos de pagos de esa nómina secreta firmados por ella. Pero, a partir de ahí, su estrategia jurídica tomó otro rumbo, el de la venganza. En noviembre pasado fue encarcelado el exfiscal anticorrupción del estado, Francisco González Arredondo, acusado de haber torturado psicológicamente a los cómplices de Duarte como encargado de investigar su “caja chica”, de la que se pagaron 1,000 millones en sobornos a políticos, empresarios y periodistas.
Esta maniobra, destinada a neutralizar el caso, se extendió al control de las carpetas abiertas por su antecesor. Después nombró fiscal general del estado a César Jáuregui, otro político panista con el que trabajó la última década y que también fue acusado de recibir los sobornos, como obra en su declaración ministerial. En una metamorfosis que la oposición sólo sería capaz de ver en los gobiernos de Morena, González Arredondo pasó de perseguir la corrupción a ser perseguido por la justicia y Jáuregui trashumó de acusado a fiscal de la institución que lo investigaba, como pasar de los pastos del invierno a los del verano. La evolución de esta historia negra trasciende al estado. La FGR atrajo el caso por la relevancia social de las acusaciones de tortura, aunque la jueza de control, Hortensia García, se negó a aceptar su competencia y entregar el expediente aduciendo falta de justificación de la Federación, a pesar de su facultad exclusiva. Esta nueva operación corrobora el interés político de que la investigación no salga del estado y del acoso para lograr que el exfiscal admita la tortura a los cómplices de Duarte.
El hostigamiento también se ha extendido a políticos como Corral. Una librería suya fue clausurada por el municipio en una acción que debe poner los reflectores en los casos judiciales. Y para que López Obrador retomara una reciente advertencia contra la persecución política en su contra en Chihuahua, y otros ironizaran por el desprecio de los conservadores a la cultura. Pero, más allá, la revancha de Campos tiene una importante trascendencia política para la oposición en el país. La intención de descarrilar Justicia para Chihuahua y perseguir a sus autores muestra algo más que un extravío de una oposición señalada como perdida, obnubilada por sus derrotas y sin liderazgos, que el propio López Obrador saca a pasear para evidenciarla. Revela el problema profundo de desconocimiento para gobernar sin dobles discursos y formas indeseables que la acercan más a la vieja justicia distópica que a la utopía democrática.
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