El exfiscal Francisco González Arredondo cumple tres meses detenido. Su defensa argumenta que el caso debe pasar a instancias federales y que el arresto del exfuncionario, que investigó casos de corrupción en la administración local pasada, no tiene sustento legal.
La defensa de Francisco González Arredondo, quien fue fiscal anticorrupción de Chihuahua y en la administración estatal pasada encabezó investigaciones que involucraban a diversos políticos locales, denuncia que hay inconsistencias en el proceso penal que se le abrió en noviembre pasado y busca que instancias federales atraigan el caso.
González Arredondo fue detenido el 21 de noviembre en la ciudad de Delicias, acusado de presunta tortura psicológica contra exfuncionarios del gobierno del priista César Duarte (2010-2016), quien a su vez está bajo arresto y, luego de ser extraditado desde Estados Unidos, enfrenta acusaciones por presuntos actos de corrupción.
El exfiscal desde entonces quedó vinculado a proceso y en prisión preventiva. Además, se fijaron tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo que está por cumplirse.
Iker Ibarreche, abogado del exfuncionario, señaló que dentro de este contexto la defensa impulsa una petición para que instancias federales atraigan el caso. En entrevista, explicó que el motivo es que la Fiscalía General de la República (FGR) ya había solicitado la atracción, además de que él y su representado consideran que las autoridades locales han tenido una actuación irregular.
“Se encuentra pendiente y en trámite un conflicto competencial, para que el caso sea asumido por un juez federal y no por la juez local que actualmente lo tramita”, dijo Ibarreche.
“Nosotros lo que vemos es que existen demasiadas inconsistencias, demasiadas fallas o cuestiones indebidas dentro del caso, desde la forma en que fue detenido, la forma en que se condujo la jueza de control, la forma en que se aplicó la prisión preventiva sin ningún sustento. A partir de esas cuestiones y de los antecedentes de trabajo del maestro González Arredondo, uno puede ir sacando conclusiones”, añadió.
Durante su gestión como fiscal anticorrupción en el mandato del panista Javier Corral (2016-2021), González Arredondo encabezó investigaciones por casos como ‘Operación Safiro’, como se conoce la trama de desvíos de recursos públicos hacia campañas políticas del PRI, y también la llamada “nómina secreta” de César Duarte, que se refiere a los sobornos que el entonces gobernador presuntamente daba a políticos locales a cambio de que tomaran decisiones en su favor.
Algunas de las personas señaladas dentro de las indagatorias son la actual gobernadora, María Eugenia Campos, y el hoy fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, ambos militantes del PAN. Desde que el caso se hizo público, Campos niega haber cometido algún delito y acusa a Corral de querer afectarla.
Ibarreche insistió en que el trabajo de González Arredondo y las circunstancias de su detención indican que la acusación de presunta tortura psicológica carece de sustento.
“Todas estas cuestiones hacen pensar que existe una motivación más allá de una cuestión estrictamente legal”, dijo el abogado.
Desde la detención de González Arredondo, Corral ha defendido públicamente al exfiscal. El 15 de febrero, acudió al Senado para pedir a legisladoras y legisladores de diferentes bancadas —PAN, Morena, MC y Grupo Plural— que presentaran una propuesta de punto de acuerdo para que la Cámara alta declare al exfuncionario como preso político.
En una conferencia de prensa realizada ese día, el exgobernador dijo que Campos busca vengarse de las indagatorias que dirigió González Arredondo.
“No solamente está concretando una venganza política de carácter personal, sino también está edificando un plan de impunidad para lograr la libertad de César Duarte al tratar de descalificar las investigaciones que lo han llevado a prisión”, señaló Corral.
Aún no hay una fecha para la próxima audiencia sobre el caso de González Arredondo. Su abogado dijo que están en trámite varios amparos —contra la orden de arresto, contra la vinculación a proceso y contra la medida cautelar— y que la defensa alista las pruebas que presentaría en un eventual juicio.
