Un juez federal ordena que el exfiscal Francisco González siga en libertad el proceso en el que se le acusa de haber torturado psicológicamente a cómplices de actos de corrupción de Duarte
Un juez federal ha ordenado que el exfiscal anticorrupción de Chihuahua Francisco González Arredondo salga de prisión preventiva y siga en libertad el proceso que fue abierto en su contra por supuestamente haber torturado psicológicamente a cómplices de actos de corrupción del exgobernador priista César Duarte. González Arredondo fue ingresado el 21 de noviembre de 2022 a la prisión estatal de Aquiles Serdán, la misma donde está recluido el exmandatario, para que esperara ahí a que la Fiscalía estatal concluyera la investigación en su contra y se le dictara una sentencia. Desde entonces, la defensa del exfiscal impugnó la medida de la prisión preventiva impuesta por una jueza de Chihuahua por considerarla excesiva y violatoria de los derechos humanos de González. El juez federal Vladimir Véjar Gómez, titular del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, ha invalidado este miércoles ese castigo y ha dictado nuevas medidas cautelares para el exfiscal, como presentarse quincenalmente a firmar a un juzgado, pagar una garantía de 100.000 pesos, entregar su pasaporte y visa estadounidense y no salir del país.
No obstante, miembros de la defensa de González han confirmado a EL PAÍS que el poder Judicial de Chihuahua ha librado otra orden de aprehensión contra el exfiscal, ahora por una supuesta extorsión, misma que podría ser ejecutada por el Estado para evitar que González abandone la prisión, pues lo resuelto por el juez federal en una causa penal —la de la supuesta tortura— no es aplicable para la otra. Esa nueva orden de captura, que está vigente desde hace semanas, según las fuentes, puede ser cumplida en cualquier momento.
Los abogados de González han acusado desde el primer día que el proceso en su contra es una vendetta de la actual gobernadora de Chihuahua, la panista María Eugenia Maru Campos Galván. Las investigaciones encabezadas por el exfiscal no solo documentaron el monumental saqueo de recursos públicos —de 6.000 millones de pesos— durante la gestión de Duarte (2010-2016), sino que también puso al descubierto los nombres de los funcionarios que colaboraron en los actos de corrupción y los de los políticos que resultaron beneficiados. En uno de los expedientes elaborado por la fiscalía de González, conocido popularmente como la Nómina secreta, Maru Campos fue señalada de haber cobrado sobornos de Duarte por 10 millones de pesos entre 2014 y 2016, cuando era diputada local y vicecoordinadora de los legisladores del PAN.
El expediente abierto contra el exfiscal anticorrupción por tortura psicológica abrió un frente entre el Gobierno de Maru Campos y el presidente Andrés Manuel López Obrador, que en diciembre pasado dijo que en Chihuahua se había desatado una persecución contra los funcionarios que se atrevieron a investigar los desvíos de fondos en el duartismo. El presidente pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) atraer el expediente, con base en una disposición legal que indica que la investigación de los asuntos de tortura es de competencia federal.
La Fiscalía de Chihuahua y el poder Judicial del Estado se negaron en un primer momento a ceder la carpeta de investigación, lo que dio origen a un “conflicto competencial”. Un tribunal colegiado resolvió el pasado 3 de marzo, de manera definitiva, que correspondía a un juez federal llevar el proceso contra González. Fue a consecuencia de esa resolución que el juez Véjar Gómez encabezó este miércoles la audiencia en la que dejó sin efectos la medida de prisión preventiva dictada contra el exfiscal. González salió del edificio de juzgados federales y ya no fue trasladado a la cárcel de Aquiles Serdán. Fue a reunirse con su familia.
