Las investigaciones de Francisco González Arredondo condujeron a prisión al exgobernador de Chihuahua por actos de corrupción. El fiscal, convertido en perseguido, ha sido apresado en la misma cárcel
En sueños se tejen desgracias. Francisco González Arredondo dormía la madrugada del 21 de noviembre sin saber que por la mañana su vida daría un vuelco abrupto a la tragedia. Durante la noche, la Fiscalía de Chihuahua y el Poder Judicial planeaban su detención por supuestos actos de tortura psicológica contra exfuncionarios del Gobierno de César Duarte. En una semana, el exfiscal pasó de perseguidor a perseguido y fue metido en la misma cárcel donde estaban decenas de hombres que habían sido sentenciados por corrupción, homicidio y secuestro gracias, en parte, al trabajo de González Arredondo. La pesadilla literaria del justiciero que cae a las catacumbas de los ajusticiados —encima de todo, desarmado— se volvía realidad.
—Yo lo veo más flaco. No está comiendo. Dice que tiene miedo de que le hagan algo malo con la comida —dice una familiar de González Arredondo, que ha cumplido un mes preso en el Centro de Readaptación Social de Aquiles Serdán.
La detención del exfiscal anticorrupción ya ha encendido las alertas en Palacio Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador considera que se trata de un acto de persecución y venganza del Gobierno de María Eugenia Campos Galván contra los funcionarios que se atrevieron a investigar la corrupción del pasado. El mandatario federal instruyó a la Fiscalía General de la República (FGR) atraer el expediente, aprovechando una disposición legal que indica que la investigación de los asuntos de tortura es de competencia federal. Pero la Fiscalía de Chihuahua no ha querido entregar el caso a la FGR. Los abogados de González Arredondo, sus familiares y activistas aprecian una especial saña en la manera como las autoridades estatales han tratado al exfiscal.
El rencor
La Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó a la jueza Hortensia García Rodríguez librar la orden de aprehensión contra González Arredondo, que desde 2016 encabezó dentro de la misma institución a un grupo especial encargado de indagar en los actos de corrupción cometidos durante el Gobierno de Duarte. La Fiscalía, ya en la Administración de Maru Campos, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), ha acusado a González Arredondo y a otra investigadora, Elisa Peña Yáñez, de haber arrancado a punta de tortura psicológica declaraciones a varios exfuncionarios duartistas para armar los expedientes que condujeron al encarcelamiento del exgobernador y otros políticos y empresarios. La propia Campos Galván fue implicada en los actos de corrupción de Duarte antes de convertirse en mandataria y tuvo que comparecer ante un juzgado. Ella, como el resto de los acusados, ha dicho que su caso también fue fabricado.
La jueza García Rodríguez recibió la solicitud de orden de captura a las 00:06 de la madrugada del lunes 21 de noviembre. A las 7:00 horas la concedió. A las 9:00 horas, policías ministeriales detuvieron a González Arredondo cerca de su casa, en Delicias, un municipio ubicado a media hora de la capital de Chihuahua. En el operativo, los agentes utilizaron camionetas tácticas y armas largas para cerrar el paso al exfiscal, que conducía un vehículo acompañado de su padre de 67 años, Francisco González Vázquez, camino de comprar pan para desayunar con su esposa y sus tres hijas de 12, 10 y 2 años.
A juzgar por las horas inscritas en los oficios del expediente, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, la jueza García Rodríguez se pasó la noche entera en valorar los testimonios de tortura psicológica de una víctima y cinco testigos; la ratificación de las denuncias; las entrevistas realizadas por la Fiscalía a los denunciantes, así como los resultados de una prueba del protocolo de Estambul aplicado por una asociación civil para acreditar la tortura.
Entre las 00.06 y las 7.00, la jueza, además, integró una orden de captura de 71 hojas en la que estableció que González Arredondo debía ser inminentemente detenido y puesto a disposición del Poder Judicial sin que mediaran citatorios previos para que él se presentara voluntariamente a declarar.
González Arredondo, de 39 años, dejó de trabajar para la Fiscalía en septiembre de 2021, a los pocos días del inicio de la Administración de Maru Campos. Durante el último año, el exfiscal ejerció de profesor y se dedicó a dar asesorías, de acuerdo con sus familiares y miembros de su defensa legal. El exfiscal se retiró a su domicilio habitual en Delicias, cerca de donde los policías ministeriales —varios lo conocían porque trabajaron con él— lo fueron a encontrar. No opuso resistencia cuando lo detuvieron a la vista de su padre, a quien ya no volvería a ver en vida.
Lo llevaron al Complejo Estatal de Seguridad Pública, conocido como C4, donde le permitieron enviar algunos mensajes y hacer llamadas a personas cercanas. Luego lo trasladaron al Cereso de Aquiles Serdán para ponerlo a disposición de la jueza que ordenó su detención inminente. En el trayecto le quitaron su teléfono celular, que a la fecha está perdido, motivo por el que su defensa presentó una denuncia.
La tarde del lunes el exfiscal aún no sabía cuál iba a ser su suerte. Durmió en la prisión sin saber, tampoco, que a una hora de distancia su padre recibía auxilio tras sufrir un infarto a raíz de la captura de su hijo. Francisco González Vázquez murió a la mañana siguiente, el martes 22 de noviembre. La jueza García Rodríguez programó hasta ese día la audiencia inicial, donde los agentes de la Fiscalía darían lectura a las acusaciones contra González Arredondo.
Los abogados del exfiscal resolvieron no darle a conocer que su padre había muerto, intentando mantenerlo sereno en un momento crucial del proceso, según confiaron integrantes de la defensa a este diario. La esposa de González Arredondo contrarió la estrategia y al día siguiente, el miércoles, le comunicó la noticia fatal. El exfiscal tuvo que lidiar esa noche no solo con la muerte de su padre, sino con el hecho de que la jueza García Rodríguez instruía dejarlo en prisión preventiva hasta que concluyera la investigación de la Fiscalía y a la espera de sentencia, un trámite que puede demorar meses y aun años.
El exfiscal solicitó al Poder Judicial un permiso humanitario para acudir al funeral del cuerpo de su padre, que se realizaría el jueves 24 de noviembre en una capilla de Delicias. Un juez rechazó la petición.
Tras velar el cuerpo de Francisco González Vázquez en ausencia del hijo, sus familiares metieron el féretro en una camioneta y lo llevaron a las afueras del penal de Aquiles Serdán. Una autoridad dentro de la cárcel —las fuentes consultadas prefieren no revelar su nombre— permitió a González Arredondo asomarse desde dentro y ver el féretro a la distancia. Así, secándose las lágrimas, puestas ya las ropas de los reclusos, el exfiscal anticorrupción de Chihuahua pudo despedirse de su padre muerto.
Descenso a los sótanos
—Yo fui fiscal de delitos de alto impacto, su señoría lo sabe, usted estuvo en juicios donde yo fui fiscal y obtuve sentencias condenatorias contra personas de delitos de alto impacto. En el centro penitenciario hay personas que fueron procesadas por mí —le dijo González Arredondo a la jueza García Rodríguez la noche del 23 de enero, durante la audiencia en la que se resolvió dictarle prisión preventiva en el Cereso de Aquiles Serdán, a cuyas grabaciones se ha tenido acceso.
El exfiscal y la jueza habían coincidido en mayo de 2019 en el juicio de Alejandro Gutiérrez Gutiérez, La Coneja, operador financiero de uno de los casos icónicos de la corrupción del Gobierno de Duarte, la Operación Safiro. Las investigaciones de la Fiscalía, encabezadas por González Arredondo, probaban que La Coneja —mano derecha de Manlio Fabio Beltrones, entonces dirigente del PRI— se había puesto de acuerdo con funcionarios duartistas para desviar 250 millones de pesos que luego serían invertidos en campañas electorales en varios Estados. La acusación de la Fiscalía se basaba en las facturas de los desvíos, los contratos simulados y las declaraciones de exfuncionarios de Duarte que testificaron contra La Coneja. La jueza García Rodríguez dio entonces su voto a favor de sentenciar al operador priista, al considerar que las pruebas aportadas por la Fiscalía eran sólidas.
Ahora, cuatro de los duartistas que testificaron en ese juicio acusaban al exfiscal anticorrupción de haberlos torturado psicológicamente para confirmar los actos de corrupción en los que ellos y sus superiores estaban implicados. García Rodríguez, ahora, acreditaba sus declaraciones y enviaba al exfiscal a la cárcel “justificadamente”.
Para Javier Corral, antecesor de Campos en la gubernatura, castigar a González Arrendo no es, en realidad, el objetivo principal del Gobierno de Chihuahua, sino allanarle a César Duarte el camino a la libertad. “Al desacreditar los testimonios que se dieron, buscan desmontar las investigaciones. Decir: ‘Como fueron logrados a partir de tortura psicológica, no valen esos procesos y, por lo tanto, el juicio contra Duarte tampoco es válido’. Es lo que se pretende. La defensa ya lo ha dicho. Ya lo ven con un pie fuera. Ese es el gran objetivo, y de paso que la gobernadora se lave la cara por la corrupción que la enloda al ser parte de la Nómina secreta”, dice en entrevista.
La jueza García Rodríguez sostuvo que González Arredondo debía pasar el resto del proceso en prisión preventiva debido a que, como él trabajó 16 años en la Fiscalía, había el riesgo de que interfiriera en las investigaciones en su contra, además de que pudiera entrar en contacto con los denunciantes, aun cuando estos declararon que no lo habían vuelto a ver desde la última vez que fueron interrogados, noviembre de 2018. La jueza también asentó que, como el delito del que se le acusa amerita una pena de hasta 20 años de cárcel, ello podría ser un incentivo para que huyera de la justicia, no obstante que el exfiscal demostró tener arraigo en el Estado, donde ejercía de académico y profesor.
“En Chihuahua no hay condiciones para que haya un proceso justo, imparcial y transparente. Fue designada una juez de consigna a la que le han ofrecido hacerla magistrada en el Estado y que ha incumplido toda norma del debido proceso”, acusa Corral. “Se trata de una venganza política en contra de quienes perseguimos y combatimos la corrupción y ahora somos objeto de revanchismo político”.
La defensa pidió en un primer momento que González Arredondo fuera recluido en un domicilio particular. Se les negó la petición. Luego solicitó que, cuando menos, fuera trasladado a una prisión menos peligrosa para él. También se les negó. Los abogados solicitaron entonces que el exfiscal estuviera escoltado en todo momento por agentes penitenciarios. Esto se les concedió, pero, en los hechos, dicen, los agentes han sido más un medio de hostigamiento que de protección. La defensa también ha denunciado obstáculos para que se le permita ingresar al Cereso a ver a su representado. Y sus familiares acusan un extremo de restricciones que les han impedido llevarle siquiera comida durante las visitas. El hostigamiento ha llegado a tanto que un hermano de González Arredondo acaba de ser expulsado de la Fiscalía, donde era investigador, y su esposa, que trabaja para el Poder Judicial, teme ser la siguiente en perder su trabajo.
Auxilio exterior
“Es un atentado contra la independencia e imparcialidad de los fiscales, que deberían ser sujetos de especial protección. Es un amedrentamiento. O sea, si este precedente sigue, ningún fiscal se va a meter a las investigaciones de corrupción”, sostiene Juan Pablo Hinestrosa, exfiscal de Colombia que encabezó las labores de justicia transicional de la guerrilla. El especialista acusa que el encarcelamiento de González Arredondo supone una violación de estándares internacionales. “No es que diga que los fiscales somos inmaculados, que no nos pueden perseguir, pero, si te detienen, que te lleven a un sitio especial de reclusión. Y aquí eso no lo están respetando y lo están desconociendo. Es inaudito, es surrealista, que te metan en la misma cárcel donde están las personas a las que tú mandaste ahí”.
Los abogados han solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la emisión de medidas cautelares de protección a favor del exfiscal anticorrupción. También han hecho gestiones ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU y el Relator Especial para la Independencia de Jueces y Abogados.
Mientras algunos activistas miran hacia el exterior en espera de justicia, recelosos de lo que pueda hacer el Estado mexicano, otros llaman a no alzar tanto la mirada y poner los pies en la tierra, que la justicia llegará, pero no del deus ex machina, dice el padre Javier Pato Ávila Aguirre, un líder jesuita y defensor de los derechos humanos con gran reconocimiento en Chihuahua.
—La venganza afecta más al que la busca —sentencia—. Hay cosas que no nos podemos esperar a que sucedan en la otra vida. En esta se paga lo que se hace.
